Mentiras sobre el Yasuní V. "No hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el ITT"

5) No hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el ITT, por lo que no hay obstáculo para explotarlo

Ya quedó establecido que con la explotación del ITT, es imposible que se afecte solo el 1‰ del parque Yasuní. Si se acepta esta idea, queda claro, entonces, que la explotación afectará el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario que la iniciativa Yasuní-ITT buscaba proteger. Durante seis años, el gobierno insistió en que el principal beneficio de la iniciativa era garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que viven en la zona.

Sin embargo, desde que el presidente anunció la explotación del ITT el 15 de agosto pasado, varios funcionarios o exfuncionarios del gobierno han negado la presencia de los pueblos no contactados en el ITT, como Marcela Aguiñaga, exministra del Ambiente y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Wilson Pástor, exministro de Recursos no Renovables, o Lenin Lara, ministro de Justicia, el titular de la cartera justamente encargada de proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y ejecutar el plan de medidas cautelares dictadas a su favor por la CIDH.

¿Por qué negar de pronto la presencia de los pueblos no contactados en el ITT, contradiciendo lo que el gobierno ha venido afirmando por seis años? En realidad, para el gobierno es de vital importancia negar que el ITT forme parte del territorio de los Tagaeri y los Taromenane para volver constitucional la explotación de la zona. Según la Constitución, la explotación de recursos naturales está prohibida en las zonas protegidas, a menos que, de manera excepcional, el presidente siga el procedimiento del artículo 407, lo que significa que, si el ITT solo perteneciera a una zona protegida (el parque Yasuní), la explotación procedería constitucionalmente. Pero el ITT no solo pertenece a una zona protegida, sino que además es parte del territorio de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario del país. Sobre estos pueblos, la Constitución del Ecuador dice:

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley (art. 57).

No se establece en este artículo excepción alguna para la extracción de recursos naturales, lo que implica que, si hay pueblos no contactados en el ITT, la explotación de los tres campos es irremediablemente anticonstitucional. Por lo tanto, para el gobierno, la mejor manera de sortear este obstáculo es negar la presencia de pueblos en aislamiento voluntario en el ITT.

El año pasado, el ministerio de Justicia, en ese entonces a cargo de Johanna Pesántez, incluyó en un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso de rendición de cuentas sobre la ejecución del plan de medidas cautelares, un mapa que indicaba la presencia de cuatro grupos aislados en la Amazonía ecuatoriana. En él, se mostraba que el territorio de los cuatro grupos se encontraba en mayor o menor medida en contacto con bloques petroleros: el grupo Nashiño con el bloque 31 y el ITT; el grupo Cunchiyacu con el extremo sur del bloque 17; el grupo Vía Maxus con el 14, 16 y 17; el grupo Armadillo, con el bloque Armadillo, el 14, 16 y 17, entre otros. La versión del ministerio del Ambiente era la misma:

Tras la decisión del gobierno del explotar el ITT, el ministerio de Justicia elaboró de inmediato un nuevo mapa, muy diferente al anterior. En el nuevo mapa, ya no hay cuatro grupos, sino solo tres, y todos se encuentran básicamente en la zona intangible. Dos no tienen contacto alguno con ningún bloque petrolero, y el tercero apenas. El ministerio fue incluso más lejos que el exministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, quien recientemente afirmó que no había pueblos aislados en el ITT, sino en el bloque Armadillo (bloque 55), a pesar de venir diciendo lo contrario por mucho tiempo [1]. En el mapa del ministerio de Justicia, ya no aparecen grupos aislados ni en el ITT ni en la zona del bloque Armadillo.

El gobierno aduce que no tiene pruebas de que el ITT sea una zona de asentamiento o de tránsito de los Tagaeri y Taromenane. El mayor argumento a su favor es que las 20 cámaras trampa que se han instalado en el parque Yasuní, que tiene una extensión de un millón de hectáreas, solo han tomado fotos de animales y no de personas, por lo que no hay pruebas de presencia de los pueblos no contactados. En primer lugar, 20 cámaras son insuficientes para monitorear un área tan grande, más aún cuando llevan muy poco tiempo en funcionamiento y cuando los pueblos en aislamiento voluntario son seminómadas y hacen un uso extensivo de su territorio. Es decir que el método usado es ineficiente. Por lo demás, recurrir a una tecnología (las cámaras trampa) que se usa para rastrear animales muestra la poca estima que el gobierno tiene por los pueblos no contactados (por no decir que es racista). Las cámaras trampa normalmente se ubican donde se ha encontrado, por ejemplo, la huella de un animal, con la esperanza de que dicho animal vuelva a pasar por ahí después de algún tiempo. Pero los pueblos en aislamiento voluntario son personas, son inteligentes y no se guían por sus instintos, por lo que cambian sus patrones de movilidad.

Hay una incomprensión total por parte del Movimiento PAÍS del modo de vida de estos pueblos. Cuando en la ceremonia de despedida de Ivonne Baki en el hotel Marriott, un periodista le preguntó a Marcela Aguiñaga qué pasaría con los pueblos no contactados, porque son nómadas y necesitan un territorio extenso para sobrevivir, la exministra del Ambiente respondió con una pregunta: "O sea que si los no contactados van al Coca, ¿tenemos que evacuar el Coca?" [2]

Es cierto que el ITT no es un lugar de asentamiento de pueblos en aislamiento voluntario, pues se trata de una zona muy pantanosa no apta para asentamientos humanos. Sin embargo, el territorio de los pueblos indígenas no se limita al lugar de asentamiento, sino que comprende un espacio mucho mayor. Habitación no es sinónimo de territorialidad. El ITT es una zona de tránsito, fuente de medicinas y alimento para estos pueblos. Como lo señala el Observatorio de Derechos Colectivos, los pueblos en aislamiento voluntario, por su carácter nómada, hacen un uso extensivo de su territorio y este no puede limitarse a la zona intangible. Estos pueblos realizan movimientos circulares, que los llevan a asentarse de nuevo en un mismo lugar después de 30 o 40 años. Este modo de vida no es un capricho, sino que responde a una lógica de regeneración de los ecosistemas. Por lo tanto, que no se haya observado Tagaeris o Taromenanes en el ITT, a través, además, de un método dudoso (las cámaras trampa), no significa que la zona no forme parte de su territorio.

La ocupación por terceros de los territorios de los grupos aislados crea una gran presión sobre estos últimos. Solo el constante ruido, por ejemplo, producido por la exploración sísmica en 3D, la tala de árboles, el transporte de material y personal en helicóptero, la construcción de la infraestructura, ahuyentará a buena parte de la fauna de la que dependen los pueblos en aislamiento voluntario para su supervivencia. La presión ejercida sobre estos pueblos desemboca en enfrentamientos entre sí y con pueblos de reciente contacto (Waoranis) o colonos indígenas y mestizos de las zonas aledañas a su territorio. Prueba de ello es, por ejemplo, la muerte de Sandra Zavala y sus hijos en el 2009, a manos de guerreros no contactados, o la matanza de un grupo importante de Taromenanes (hasta 30 personas), en el mes de abril, por indígenas Waoranis, trágicos eventos que el gobierno niega hasta ahora.

El exministro Wilson Pástor indicó que si se llegara a descubrir la presencia de no contactados en el ITT, se aplicaría los protocolos del caso, que podrían llevar hasta la suspensión definitiva de la extracción petrolera [3]. Su aparente buena voluntad es difícil de creer. En diciembre del 2008, el ministerio del Ambiente ordenó la suspensión de la exploración sísmica en el campo Armadillo, debido a la evidencia de la presencia de grupos no contactados.  En el 2009, tras la muerte de Sandra Zavala y sus hijos, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, envió un oficio al ministerio de Recursos No Renovables, indicando que, en caso de que se verificara la presencia de grupos aislados en la zona donde murió la familia de Sandra Zavala (el campo Hormiguero sur del bloque 17), se debería suspender inmediatamente toda actividad extractiva. La ministra nunca recibió una respuesta oficial. La única respuesta que obtuvo fue una reprimenda por parte de los titulares de los sectores estratégicos, como el proprio Wilson Pástor, en ese entonces gerente de Petroamazonas, que le hicieron entender que no se podía suspender un proyecto petrolero. Wilson Pástor, de hecho, insistió en que no había pueblos aislados en la zona, a pesar de la abundante evidencia, y que el ataque a la familia Duche-Zavala eran hechos prefabricados. Después de haber sido regañada y tras oponerse a la expansión de la frontera petrolera al este de la vía Aucas-Tiwino (bloque Armadillo, campo Hormiguero sur) por un año, la ministra Aguiñaga cambió súbitamente de parecer. Aunque no negaba la presencia de grupos aislados, dio permiso para la exploración del bloque Armadillo. ¿A la luz de este ejemplo, se puede creer, por ende, que en caso de indicios que señalen la presencia de grupos aislados en el ITT, el gobierno abandonará la zona permanentemente una vez iniciada la explotación?

Tanto la Constitución ecuatoriana como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandan a proteger los derechos de los pueblos no contactados, como el derecho a la autodeterminación (la decisión de permanecer en aislamiento), a la salud (estos pueblos son vulnerables a las enfermedades de nuestra sociedad envolvente), al territorio (que no se limita al área de asentamiento). El artículo 57 de la Constitución no sufre excepciones y las medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de los pueblos aislados en 2006 son vinculantes para el Ecuador.

Para comprender mejor lo que está en juego, es recomendable leer este folleto publicado por el Observatorio de Derechos Colectivos del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES):

Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario from alexisgmg

Lo que se debe entender sobre la explotación del ITT es que no es solo una cuestión de preservación del medioambiente, sino también un problema de derechos humanos. Una vez que está claro que la explotación del ITT no va a afectar solo el 1‰ del parque Yasuní y que el ITT forma parte del territorio de los Tagaeri y los Taromenane, la explotación de los tres campos se vuelve anticonstitucional y ningún procedimiento especial puede cambiarlo. Si la Asamblea aprueba la declaratoria de interés nacional y autoriza la explotación, dicha autorización carecería de valor jurídico y las asambleístas y los asambleístas que votaran a favor estarían incurriendo en el delito de etnocidio (art. 57 de la Constitución), junto con el gobierno.

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[1] Entrevista a Wilson Pástor, El Universo, 25 de agosto de 2013,

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/25/nota/1336841/wilson-pastor-si-hay-evidencia-pueblos-se-aplicara-protocolo.

[2] “La actriz que no aprendió a llorar”, El Hoy, 25 de agosto de 2013,

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/itt-la-actriz-que-no-aprendio-a-llorar-589230.html

[3] Entrevista a Wilson Pástor, op. cit.

Mentiras sobre el Yasuní IV. "No se afectará más del 1‰ del Parque Yasuní con la explotación del ITT"

4) No se afectará más del 1‰ del parque Yasuní con la explotación del ITT

Cuando el presidente anunció la explotación del ITT, indicó que se intervendría en una superficie no mayor al 1% del parque Yasuní. A las pocas horas, rectificó diciendo que sería solo el 1‰. De este modo, no se afectaría al parque, porque se conservaría el 999‰.

Puede que los campos ITT representen solo el 1% o 1‰ del parque Yasuní, pero es una mentira decir que el 999‰ restante va a ser preservado. Buena parte del parque Yasuní ya está siendo explotada (bloque 16) y otra parte ya está intervenida (bloque 31).

El bloque 16 representa la primera penetración de las petroleras en el parque Yasuní. Este bloque fue licitado a Conoco en 1986. Tras el retiro de esta empresa, el bloque quedó a cargo de la compañía Maxus, que construyó una carretera que lleva su nombre y permite ir del pueblo de Pompeya, en el río Napo, hasta el corazón del territorio Waorani, en las inmediaciones de la comunidad de Yarentaro (cerca de donde se produjo la última matanza de Taromenanes a manos de guerreros Waoranis), pasando por buena parte del parque Yasuní. El bloque 15 y sobretodo el 14 se encuentran, además, parcialmente en el parque Yasuní. La vía Maxus crzua el bloque 14 hasta llegar al 16. La explotación petrolera ya ha causado graves estragos en la zona occidental del parque Yasuní. Es un error que el 999‰ del parque está intacto.

El bloque 31, que se encuentra al lado del ITT, aún no está operando, pero ya se hicieron los estudios para la exploración sísmica del bloque, se abrieron trochas, se construyó la infraestructura necesaria para la extracción petrolera e incluso una gran carretera que parte en dos al bloque.

En otras palabras, el ITT corresponde a la zona aún intacta del parque Yasuní, al último corredor de bosque aún intacto que reúne la zona intangible con el parque Cuyabeno. El resto ya se está explotando o está listo para la explotación.

Por consiguiente, aunque la explotación del ITT afecte solo 1‰ del Yasuní, la explotación petrolera ya está alterando los ecosistemas del parque en una superficie mucho mayor (como el bloque 16, en funcionamiento desde hace años).

Por otra parte, es necesario analizar críticamente la proporción anunciada por el gobierno. En primer lugar, el presidente habla del 1‰ del parque Yasuní, no del 1‰ del bloque ITT. El 1‰ del parque representa 1 000 hectáreas, o sea casi dos Parques Metropolitanos de Quito, lo cual no es poca cosa para una zona tan biodiversa. Finalmente, ese 1‰ no corresponde a un bloque compacto: la zona de explotación estará dispersa entre diferentes plataformas y pozos reunidos entre sí por tuberías, oleoductos y senderos.

Una de las principales vulnerabilidades de las zonas megadiversas es que, aunque contienen una inmensa cantidad de especies, cada una de ellas cuenta con escasos ejemplares. Cualquier actividad extractiva a gran escala es una seria amenaza para la biodiversidad de dichas zonas, así sea en un espacio reducido. El informe de la propia empresa Ecuacorriente señala que con la explotación de los yacimientos mineros del proyecto Mirador se extinguirán al menos tres especies de reptiles y anfibios en la Cordillera del Cóndor, informe que además probablemente esté subestimando las consecuencias ambientales del proyecto, ya que fue elaborado por la propia empresa y no de manera independiente. Si esas son las perspectivas en la Cordillera del Cóndor, ¿cuántas especies se extinguirán con la explotación del ITT, una zona aún más biodiversa?

Los estragos causados por la extracción petrolera empiezan desde la fase exploratoria. Para determinar el tamaño de los yacimientos petroleros, es necesario realizar una exploración sísmica en 3D, para lo cual se requiere cuadricular el parque Yasuní abriendo trochas de kilómetros y kilómetros parque adentro y poner explosivos en cada esquina. Eso hay que hacerlo en todo el ITT y no solo en el famoso 1‰ del parque. Los daños ambientales causados por la sísmica tridimensional son nefastos: las explosiones causan gran destrucción y producen ruidos de altísima intensidad, que pueden llevar a varias especies a migrar fuera del área protegida.

La extracción en sí misma produce gran contaminación. El Ecuador ya tuvo la amarga experiencia de la explotación irresponsable a manos de Texaco, adquirida luego por Chevron. De hecho, los 30 000 demandantes de Chevron pidieron al presidente que rectifique y no permita la explotación del ITT. Ellos conocen, más que nadie, los impactos ambientales de la extracción petrolera.

El gobierno indica, sin embargo, que la tecnología permite hoy en día explotar los yacimientos con un impacto ambiental mínimo. La explotación del ITT está a cargo de Petroamazonas, empresa que, según el gobierno, dispone de la tecnología suficiente para extraer el petróleo del ITT sin contaminar. Sin embargo, Petroamazonas no tiene un historial muy alentador. Desde que la empresa asumió el campo Libertador en el mes de enero, por ejemplo, se han producido siete derrames en el campo, a razón de uno por mes. Si esas pulcras tecnologías de punta existen en el país, ¿por qué Petroamazonas no las está usando ya en los campos en actividad, a ver si nos convence de su eficiencia? Por la simple razón de que ni las grandes empresas petroleras, con los mayores estándares ambientales, logran extraer petróleo del subsuelo sin daños ambientales y la alta tecnología no es garantía de que no se produzcan accidentes. El mejor ejemplo es el de la British Petroleum en el Golfo de México en el 2010.

Más allá del debate sobre la tecnología para la extracción, el manejo de los desechos es otra cuestión de vital importancia. El petróleo del ITT es muy pesado y su procesamiento produce muchos desechos, básicamente agua de formaciones (con altos niveles de salinidad y metales pesados) que se encuentra en el subsuelo y se extrae junto con el petróleo. Si con el crudo promedio que se explota en el Ecuador, la cuarta parte de los barriles que se extraen del subsuelo son de petróleo y el resto de desechos, la proporción de desechos aumenta en el caso del crudo del ITT: 1 barril de petróleo por 9 de desechos. Si las reservas del ITT están evaluadas en alrededor de 920 millones de barriles de crudo, eso significa más de 8 000 millones de barriles de desechos tóxicos. ¿Qué se hará con tantos desechos? El gobierno en un principio pensaba almacenarlos en Shushufindi. Pero al ser el mayor campo petrolero del Ecuador, Shushufindi es la zona más contaminda de la Amazonía y del país por la explotación petrolera. No parece que Shushufindi pueda absorber más desechos y más contaminación [1]. El gobierno, al darse cuenta de eso, decidió entonces depositar los desechos en el campo Edén-Yuturi, otra zona fuertemente deforestada y contaminada por la extracción petrolera. Las piscinas de desechos están saturadas en este campo, así que no podrán dar abasto a miles de millones de barriles de desechos provenientes del ITT. Lo más probable es, por lo tanto, que los desechos terminen siendo reinyectados directamente en el subsuelo del ITT, al puro estilo Texaco-Chevron. El ITT, además, es muy vulnerable a posibles derrames y a la contaminación petrolera, ya que contiene escasos ríos por ser más bien una zona pantanosa.

A los estragos producidos por la explotación, habrá que añadir aquellos causados por el transporte del petróleo. Está previsto que el crudo del ITT sea procesado en la Refinería del Pacífico de Manta. Para el efecto, se requerirá la construcción de un nuevo oleoducto. El Ecuador, lamentablemente, ya conoce perfectamente los riesgos de los oleoductos, por más que estén construidos con la mejor tecnología. Apenas en junio de este año, se produjo un derramamiento tan masivo del SOTE, que el presidente tuvo que pedir disculpas a Perú y a Brasil por la contaminación causada en el Río Napo, afluente del Amazonas (aunque no se las pidió a los ecuatorianos y las ecuatorianas). El OCP, más reciente, inaugurado hace apenas 10 años, supuestamente más seguro, ya se ha roto en dos ocasiones, una vez en la provincia de Napo en el 2009 y otra vez, este año, en el mes de abril, contaminando gravemente el río Wincheles en la provincia de Esmeraldas. ¿Qué se puede esperar de un oleoducto todavía más largo, que cruce medio país desde el ITT hasta Manta? El gobierno dice que todos los oleoductos y tuberías estarán enterrados. Difícil de creer: ¿por qué no se lo hace ya en otros bloques petroleros? Eso supone, de todos modos, despejar una amplia zona de lado y lado para realizar el mantenimiento necesario. Los graves riesgos que traen los oleoductos explican, por ejemplo, la gran resistencia que está produciendo en Estado Unidos la construcción del Keystone XL pipeline, destinado a transportar petróleo bituminoso de las tar sands de Alberta hasta las refinerías del Golfo de México.

Los impactos producidos por la exploración de los yacimientos, la explotación y el transporte del petróleo afectarán a todo el ITT y no al 1‰ del parque Yasuní. Creer que existen técnicas de extracción casi virginales es una falacia.

Finalmente, uno de los principales riesgos de la explotación petrolera es la construcción de carreteras para transportar el material y el personal necesarios a la explotación. El problema de las carreteras en la selva es que dan paso a la implantación de colonos, que acentúan la presión sobre el frágil ecosistema amazónico y sobre los pueblos en aislamiento voluntario, y a los madereros ilegales, que aceleran la deforestación de la Amazonía. Existe además, una clara correlación entre la presencia de carreteras y la deforestación. Por lo tanto, mirar al gobierno del presidente Correa con buenos ojos porque construye carreteras no es necesariamente la posición más acertada. Habría que ver, en primer lugar, para qué se construyen las carreteras. Tal vez la ampliación a seis carriles de la vía Otavalo-Ibarra, la circunvalación de El Carmen, la ampliación a cuatro carriles en algunos tramos de la vía Aloag-Santo Domingo, por solo citar algunos ejemplos, valgan la pena. Pero muchas veces, las nuevas carreteras están al servicio de los planes extractivistas del gobierno. Es evidente que la carretera de Íntag, por ejemplo, se construyó para permitir la explotación minera que el gobierno quiere iniciar en la zona. La carretera que atraviesa el bloque 31 tiene por objetivo final llevar al ITT, ya que el bloque 31 dispone de demasiado poco petróleo como para justificar semejante obra de infraestructura.

No obstante, según el gobierno, no se va a construir carreteras en el parque Yasuní para acceder al ITT, sino únicamente senderos relativamente estrechos, de 4 metros de ancho, y ecológicos que no harán daño al medioambiente y cuyo acceso estará estrictamente vigilado y restringido al personal necesario para la explotación. La mayor parte del material y de los trabajadores serán trasportados por helicóptero y no por vía terrestre. En primer lugar, 4 metro de ancho ya hace una carretera. Por otra parte, es difícil de creer que se pueda desplazar todo el material necesario para la construcción de las plataformas petroleras y los servicios del personal a través de senderos y helicópteros. Finalmente, las carreteras que atraviesan otros bloques ya en actividad empezaron de igual manera, como senderos destinados exclusivamente a la actividad petrolera, pero, a pesar de los controles, terminaron siendo una vía de ingreso para colonos y madereros ilegales.

En suma, queda claro que la explotación del ITT afectará mucho más que el 1‰ del parque Yasuní y afirmar lo contrario es simplemente una mentira. El gobierno, al explotar el ITT y provocar todos los daños enunciados anteriormente, estaría vulnerando los derechos de la naturaleza reconocidos por la Constitución de 2008 e incurriendo en delitos contra la naturaleza, delitos que según la Constitución no prescriben.

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[1] Amazonía por la vida, Impactos previsibles de la actividad petrolera dentro del Yasuní,

http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/impactos-previsibles-de-la-actividad-petrolea-dentro-del-yasun.html

Mentiras sobre el Yasuní III. "Sin compensación económica, la explotación del ITT es la única alternativa"

3) Dado el fracaso financiero de la iniciativa Yasuní-ITT, no hay alternativa a la explotación, a menos que se quiera mantener al país en la pobreza

Según el discurso del gobierno, la explotación del ITT generaría unos 18 000 millones de dólares, cifra muy superior a la compensación que se esperaba por la no explotación y que no se concretó (3 500 millones). Por lo tanto, la explotación del ITT tiene mucho más sentido, del punto de vista financiero, que el cumplimiento de la iniciativa Yasuní-ITT. Estos recursos son además, según el presidente, indispensables para la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, alcantarillado y para cumplir con los objetivos del milenio de la ONU. Quienes se oponen a la explotación del ITT son, por ende, enemigos del progreso y burgueses egoístas que por su ecologismo infantil se niegan a compartir sus privilegios (como tener carro y agua caliente con gasolina y gas subvencionados respectivamente) con los más pobres, a quienes quieren mantener en su estado de miseria.

A continuación, vamos a desmentir este discurso, demostrando, en primer lugar, que los recursos generados por la explotación del ITT no son tan importantes como quiere hacer creer el gobierno, segundo, que existen alternativas financieras que permitirían ahorrar y recaudar más recursos que la explotación y, finalmente, que el plan del gobierno para explotar el ITT se basa en una visión errada del buen vivir, noción que, por el contrario, viene a cuestionar la concepción tradicional del desarrollo.

El valor real del crudo del ITT

Cuando, en el 2007, se institucionalizó la iniciativa Yasuní-ITT a nivel gubernamental, el gobierno estimaba que no explotar el ITT significaría renunciar a unos 7 000 millones de dólares. En ese entonces, el presupuesto del Estado era, justamente, de 7 000 millones de dólares.

Ahora, según el gobierno, la explotación del ITT generaría 18 000 millones. En primer lugar, esta cifra es probablemente una exageración destinada a dar pertinencia financiera a la explotación. ¿Cómo se pasa de una estimación de 7 000 a 18 000 millones de dólares? El precio del crudo ecuatoriano no se ha duplicado desde el 2007 como para justificar que se infle la cifra de los ingresos posibles. Tampoco han aumentado las reservas: en el 2007 el gobierno indicaba que los tres yacimientos contenían unos 900 millones de barriles de crudo, cifra que hasta ahora no ha cambiado. Entonces, si el aumento del precio no es tan sustancial y si las reservas no han crecido, no es posible que el valor generado por la explotación del ITT pase de una estimación de 7 000 millones en el 2007 a 18 000 millones hoy día.

En segundo lugar, aunque se admita que la explotación produzca efectivamente los famosos 18 000 millones, esta cifra representa apenas un poco más de la mitad (56%) del presupuesto del Estado para este año (32 000 millones). Esto significa que renunciar a explotar el ITT es un sacrificio proporcionalmente menor hoy día (poco más que medio presupuesto del 2013) que cuando el presidente instituyó la iniciativa (el 100% del presupuesto del 2007).

Finalmente, el Estado no va a percibir estos ingresos enseguida (a menos que se haga venta anticipada de petróleo a China), porque tendrá que esperar varios años hasta que se extraiga el primer barril de crudo y otros tantos hasta que el Estado recupere la inversión. Además la explotación del ITT durará muchos años. Si la actividad de los tres campos se extiende unos 25 o 30 año, el ITT generaría una media de alrededor de 600 o 700 millones de dólares al año (no más de 2% del presupuesto del Estado para este año).

¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro patrimonio de manera irremediable por medio presupuesto del Estado repartido en 25 o 30 años?

Las alternativas financieras

Aunque el Ecuador no recibiera compensación económica por la conservación del ITT, existen varias alternativas a la explotación:

- Focalización inmediata del subsidio al gas a los sectores vulnerables, durante el 2014 y el 2015, antes de su eliminación, prevista por el gobierno para el 2016;

- Focalización del subsidio a la gasolina al transporte público únicamente o, al menos, tarificación progresiva de la gasolina mediante un sistema de cupos;

- Reducción en al menos un 50% del gasto del gobierno en viáticos y comunicación;

- Lucha contra la evasión tributaria y el fraude fiscal;

- Aumento de la tasa impositiva de los grandes grupos económicos, que nunca han sido tan prósperos como en estos últimos seis años.

Estas medidas pueden ser adoptadas de manera inmediata y entrar en vigencia, a más tardar, el 1 de enero de 2014. Todas juntas, permitirían al Estado ahorrar y ganar sumas muy superiores a la compensación que se esperaba por la iniciativa e incluso a los 18 000 millones que, según el gobierno, significaría la explotación, sin perjuicio de que el Ecuador siga recibiendo donaciones por la no explotación (aunque los compromisos hayan sido inferiores a lo esperado).

Centrémonos en dos ejemplos: el aumento de los impuestos a los grandes grupos económicos y la eliminación del subsidio al gas, en el que el Estado gasta, cada año, cerca de 3 500 millones de dólares.

Según el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), los diez grupos económicos más grandes del país (Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Grupo Eljuri, Grupo La Favorita, Andes Petroleum, etc.) solo pagan 4% de impuestos, cuando la carga fiscal media de los ecuatorianos es del 14%. Si se aumentara la tasa impositiva de estos grupos solamente a un promedio de 10%, se recaudaría más recursos que los producidos por la explotación del ITT (18 000 millones), en el mismo lapso de tiempo [1]. Los diez principales grupos económicos tienen ingresos por 12 000 millones de dólares, por lo que el aumento de los impuestos de 4 a 10% significaría una ganancia anual para el Estado de unos 720 millones al año. En 30 años (lo que duraría la explotación del ITT), esta medida produciría 21 600 millones de dólares. Esto suponiendo, además, que los ingresos de estos grandes grupos de mantengan en 12 000 millones al año en los próximos 25 o 30 años. En realidad, probablemente sigan con su tendencia al alza, lo que significaría una mayor recaudación tributaria. En suma, esta medida permitiría obtener más recursos que la explotación del ITT.

El subsidio al gas es socialmente injusto (los ricos pueden, por ejemplo, calentar sus piscinas con gas subvencionado), económicamente insostenible (el precio subvencionado no alcanza ni a cubrir los gastos de distribución, por lo que el subsidio absorbe ingentes cantidades de dinero público) y ecológicamente poco responsable (incita a un consumo abusivo de una energía no renovable).

El gobierno ya anunció que suprimirá el subsidio al gas en el 2016. Para esa fecha se espera haber generalizado el uso de calefones eléctricos para calentar el agua (ya se prohibió la importación de calefones a gas) y de cocinas de inducción que el gobierno quiere empezar a repartir en los estratos populares (como ya se lo hizo en las zonas fronterizas). 2016 es también la fecha prevista para la inauguración de todas las represas hidroeléctricas cuya conclusión aún está pendiente, como Sopladora, Toachi-Pilatón y, sobre todo, la Coca-Codo-Sinclair. Para ese entonces, la producción de electricidad podrá dar abasto a una población que se verá fuertemente incitada a calentar el agua y a cocinar con luz y no con un gas que se venderá al precio del mercado, en un contexto de reducción programada del kilowatio gracias a la abundancia de la producción.

En todo caso, aunque el gobierno ya haya pensado en la eliminación del subsidio al gas, hay una alternativa complementaria. Si bien no se puede, en las condiciones actuales, quitar el subsidio, lo que sí se puede hacer de inmediato es focalizarlo. Se podría mantener el subsidio hasta el 2016 sólo en los sectores más vulnerables como, por ejemplo, los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, los jubilados, los discapacitados y los afiliados al Seguro Campesino. Las clases medias y las clases más favorecidas están en capacidad de pagar un cilindro de gas a precio real (unos 8 a 12 dólares). Focalizar el subsidio al gas es una solución inmediata (no hay obstáculo para que se lo haga ya) que podría entrar en vigencia el 1 de enero de 2014 y que permitirá al Estado ahorrar mucho dinero hasta la supresión definitiva del subsidio en el 2016.

Con la focalización inmediata del subsidio al gas y su supresión en el 2016, el Estado ahorrará muchísimo más dinero que el que pretendía recaudar a través de la iniciativa Yasuní-ITT. El problema es que al gobierno, por el momento, solo se le ha ocurrido la supresión a corto plazo, pero no la focalización inmediata.

El sentido del sumak kawsay

Pero es necesario superar el debate puramente contable y las consideraciones financieras. La iniciativa Yasuní-ITT no se trata solo sobre lo rentable que puede llegar a ser conservar el medioambiente. La iniciativa viene a cuestionar la concepción tradicional del desarrollo.

La explotación de los recursos naturales no es una fatalidad si se ofrece alternativas a la gente. Tal vez el gobierno lo ignore, pero esas alternativas existen. La Fundación Pachamama, por ejemplo, lleva tiempo trabajando con comunidades cofanes en proyectos de protección de la selva. La Fundación incita a los cofanes a trabajar de guardabosques para luchar contra las actividades que atentan contra el ecosistema de sus territorios ancestrales, como la deforestación o la caza ilegal, oficio por el que pueden obtener una remuneración de hasta 500 dólares mensuales. Vendiendo la madera de un buen árbol podrían ganar, en cambio, de 600 a 900 dólares. Por supuesto, la segunda opción parece más rentable a corto plazo, pero con la primera al menos los cofanes preservan el lugar donde crecerán sus hijos y nietos. La propuesta de la Fundación Pachamama ha sido bien recibida por las comunidades cofanes, lo que demuestra que la gente está dispuesta a preservar el medioambiente si se le ofrece alternativas sólidas al modelo extractivo, aunque sean un poco menos rentables.

El gobierno tiene una visión errada del buen vivir. El sumak kawsay no consiste en multiplicar las autopistas, construir centros comerciales y favorecer el acceso de los ecuatorianos a los smartphones. Las comunidades indígenas de la Amazonía, aunque se encuentren entre los sectores más pobres del país, no piden carreteras y malls, sino que se respete el principio de la kawsak sacha (“selva viviente”) y sus proyectos de desarrollo comunitario (como en el ámbito del ecoturismo). Los pueblos ancestrales de la Amazonía tienen como prioridad el respeto del derecho a la vida, al agua, a una vida en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en armonía con los derechos de la naturaleza, por encima del modelo capitalista y consumista de las grandes ciudades.

Por ende, es un error cuando el presidente opone la lucha contra la pobreza, la construcción de hospitales, escuelas, alcantarillado, carreteras y el cumplimiento de los objetivos del milenio de la ONU, a la conservación del medio ambiente. Es una falacia pretender que ambas preocupaciones se excluyen y que al defender los derechos de la naturaleza se los antepone a los derechos humanos. Por el contrario, al defender los unos, se defiende los otros.

En conclusión, el plan del gobierno para la explotación del Yasuní-ITT reposa sobre una concepción equivocada del buen vivir. El sumak kawsay no significa vivir mejor, sino vivir bien. Lo que no entienden las mentes neodesarrollistas y neoextractivistas del movimiento PAÍS es que, como ya lo ha señalado Alberto Acosta en varias ocasiones, el buen vivir no es una alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo.

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[1] Entrevista a Eduardo Pichilingue, Ecuadorinmediato, 20 de agosto de 2013,

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=203249&umt=ecuador_no_saldra_pobreza_por_explotacion_itt_advierte_coordinador_del_observatorio_derechos_colectivos_del_ecuador_audio

Mentiras sobre el Yasuní II. "El gobierno cometió errores, pero no fueron determinantes"

2) El gobierno cometió errores, pero no fueron determinantes

Contrariamente a lo que señaló el presidente en la cadena nacional del 15 de agosto del presente año, el gobierno cometió muchos errores y estos fueron determinantes para el fracaso parcial de la iniciativa Yasuní-ITT.

En primer lugar, durante la sabatina del 9 de enero de 2010, el presidente se negó a firmar el acuerdo para la creación del fideicomiso internacional a cargo del PNUD para recibir los fondos, bajo el pretexto de que atentaba contra la soberanía del país. El presidente no entendió o no quiso entender cómo funciona un fideicomiso internacional. Se trata de una herramienta jurídica que garantice justamente que el gobierno ecuatoriano no haga cualquier cosa con el dinero recibido y lo utilice en proyectos de remediación ambiental, conservación del medio ambiente, desarrollo comunitario, economía social y solidaria, especialmente en la Amazonía. El presidente vio esto como una insoportable intromisión y amenazó a los donantes: si querían imponer esas condiciones al Ecuador, podían quedarse con su dinero y el país empezaría a explotar el ITT. En realidad, en la primera versión del fideicomiso, el Ecuador tenía mayoría, con tres delegados en la comisión directiva, mientras los donantes tenían dos.

La incapacidad del gobierno para entender el funcionamiento de un fideicomiso internacional y la arrogancia con la que trató a los donantes afectó gravemente a la credibilidad de la iniciativa en el exterior y motivó la renuncia de media Comisión negociadora: uno de los principales ideólogos de la Revolución ciudadana (Fánder Falconí) y ecologistas de renombre (Roque Sevilla, Yolanda Kakabadse) se retiraron de la Comisión como símbolo de protesta. A los pocos meses, se firmó un segundo fideicomiso, que no tenía diferencias sustanciales con la versión original. Todo quedó en un show mediático que buscaba dar puertas adentro la imagen de un gobierno firme, dispuesto a defender la soberanía del país, pero que puertas afuera arruinó la confianza que los donantes podían tener en la iniciativa Yasuní-ITT.

Pero el gobierno no se quedó ahí, sino que profundizó sus errores. Tras el exabrupto de la sabatina del 9 de enero de 2010, el presidente nombró a un nuevo equipo negociador, encabezado por una mujer con un cuestionable pasado político y completamente ajena a las temáticas ambientales: Ivonne Baki, porrista del TLC con Estados Unidos, exministra de Lucio Gutiérrez y organizadora de Miss Universo. Nombrar a semejante personaje al frente del proyecto más revolucionario del gobierno restaba toda credibilidad a la iniciativa.

Más allá de la composición del equipo negociador y de los vaivenes del presidente sobre el fideicomiso, el gobierno mantuvo actitudes contradictorias en torno a la iniciativa. Dos proyectos que el gobierno siempre buscó impulsar sin ningún empacho contradecían la iniciativa Yasuní-ITT: la construcción de la Refinería del Pacífico en Manta y los planes para la explotación del bloque 31, en pleno parque Yasuní, al lado del ITT.

En todos los informes sobre la Refinería del Pacífico, se prevé que la refinería tratará 100 000 barriles diarios provenientes del ITT. Aunque el gobierno desmienta estas cifras, no tiene sentido, en todo caso, realizar una inversión de unos 12 000 millones de dólares en una nueva refinería sin expandir la frontera petrolera del país, en el Yasuní o hacia la Amazonía centro-sur, ya que la producción petrolera se ha estancado en los últimos años. Esta contradicción levantó inquietudes entre los países donantes a las que los miembros de la Comisión negociadora tuvieron dificultad en responder [1].

Por otro lado, el gobierno nunca ocultó su voluntad de explotar el bloque 31. Sin embargo, esto plantea dos problemas que explicaremos a continuación: la explotación de bloque 31 solo tiene sentido si se explota el ITT al mismo tiempo, y la concesión otorgada por el Estado a Petroamazonas para el bloque 31 carece de valor jurídico.

La explotación del bloque 31 es contradictoria con la iniciativa Yasuní-ITT. En primer lugar, no se puede hacer campaña a nivel internacional sobre la conservación del ITT si se va a extraer petróleo del bloque 31, que se encuentra al lado y comparte las mismas carcterísticas biológicas que el ITT. En segundo lugar, la explotación del bloque 31 no tiene sentido sin la explotación concomitante del ITT, ya que el primero no dispone de reservas significativas de petróleo. Como lo señala la campaña Amazonía por la vida [2], si se explotara el bloque 31, la actividad extractiva decaería rápidamente de un pico de 30 000 barriles diarios hasta estabilizarse a alrededor de los 3 000 (según el informe de Petrobras, inicialmente a cargo del bloque). La explotación del ITT proporcionaría, en cambio, unos 100 000 barriles diarios por años y la producción no bajaría de 60 000 durante treinta años. Queda claro, entonces, que la explotación del ITT es mucho más rentable que la del bloque 31 y que la explotación de este último no tiene sentido sin la del primero. El plan del gobierno de extraer crudo del bloque 31 era una señal ambigua que mermó la credibilidad de la iniciativa Yasuní-ITT.

En un principio, la concesión del bloque 31 había sido entregada a Petrobras, pero tras la salida de esta empresa del país, fue reasignada a Petroamazonas. El problema es que el 80% del territorio del bloque 31 se encuentra en el parque Yasuní y que hasta tanto, se había aprobado la Constitución de Montecristi, que prohíbe expresamente la extracción de recursos naturales en áreas protegidas, a menos que el presidente reciba autorización de la Asamblea Nacional. Recién esta semana el presidente envió la petición para explotar el bloque 31 junto con el ITT (lo que confirma que la explotación de ambos bloques va de la mano), aunque desde hace tiempo, el gobierno ya ha estado interviniendo en el bloque 31, preparándolo para la explotación y causando estragos en el ecosistema de la zona, a pesar de no contar con la autorización del poder legislativo. Por ende, la concesión de Petroamazonas es ilegal. La Asamblea debe primero aprobar la explotación del bloque 31 para que el gobierno pueda luego otorgar la concesión a Petroamazonas.

Consciente de los problemas que plantea la explotación del bloque 31, María Paula Romo, tras su salida del movimiento PAÍS, propuso en dos ocasiones al pleno de la Asamblea Nacional, primero, que se revierta la concesión de Petroamazonas para el bloque 31 por ser anticonstitucional, segundo, que se incorpore el bloque 31 a la iniciativa Yasuní-ITT, ya que se encuentra principalmente en una zona protegida y su explotación no tiene sentido sin la del ITT.

El Bloque 31 y el Parque Yasuní  from  Maria Romo

En ambas ocasiones su moción no obtuvo mayoría, debido a la abstención de los asambleístas de PAÍS, temerosos de contradecir los planes del gobierno.

En materia de derechos humanos, las contradicciones del gobierno también saltan a la vista. Uno de los principales argumentos a favor de la iniciativa Yasuní-ITT es que se preservaría el territorio de los dos últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario del país, los Tagaeri y los Taromenane, tal como lo manda la Constitución de Montecristi (art. 57). Por si esto fuera poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en 2006 a favor de los pueblos no contactados del Ecuador, por la presión que sufrían sus territorios, cada vez más cercados por la extracción petrolera y la colonización. El gobierno se comprometió a cumplir estas medidas y diseñó un Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, a cargo del Ministerio del Ambiente, con la supervisión del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, en su fallido intento por reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el presidente Correa buscó retirar a la Comisión la facultad de dictar medidas cautelares para que solo lo pudiera hacer la Corte de San José, que tarda mucho más en tomar decisiones. Al fracasar su proyecto de reforma, el presidente anunció que no acataría más las medidas cautelares de la Comisión. No se puede a la vez hacer propaganda sobre una iniciativa que busca proteger a los pueblos en aislamiento voluntario conforme a la Constitución y las medidas cautelares de la CIDH y criticar la facultad de la CIDH de dictar medidas cautelares.

Los diversos incidentes que se registraron en los últimos años en torno a pueblos no contactados (la muerte de un maderero en 2008, de una familia de colonos en 2009, de los ancianos Waorani Ompore y Buganey en 2013, todas a manos de guerrero de pueblos aislados, y la masacre de Taromenanes por guerreros Waorani este año) restaban puntos a la iniciativa, ya que demostraban la incapacidad del Estado para proteger a los pueblos aislados. La indiferencia con la que el gobierno recibió la noticia de la masacre de Taromenanes en marzo de este año fue probablemente la negligencia que más daño le hizo a la iniciativa.

Finalmente, no tenía sentido hacer campaña por la iniciativa Yasuní-ITT para proteger a los grupos aislados cuyo territorio se encuentra parcialmente en el ITT y el bloque 31, mientras se expandía la frontera petrolera al este de la vía Auca-Tiwino, en el sector Armadillo, una zona donde hay aún más indicios de la presencia de aislados, como lo demuestran varios incidentes ocurridos en la zona (la muerte de madereros en 2005, 2006 y 2008 y la muerte de Sandra Zavala y sus dos hijos en 2009). A pesar de la evidencia, el gobierno negó la presencia de no contactados en la zona, y continuó con la licitación de bloques del sector, como el bloque Armadillo (55), violando la Constitución, que prohíbe sin excepciones la explotación de recursos naturales en el territorio de los pueblos no contactados (art. 57). En suma, si el Estado quería proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, ¿por qué se buscaba proteger solo a los grupos del ITT y no a los del sector Armadillo, que se encuentran bajo mayores presiones exógenas (explotación petrolera, colonización, extracción ilegal de madera)?

En conclusión, ya quedó establecido que la iniciativa Yasuní-ITT no fue el fiasco financiero que dice el presidente. Pero si el gobierno no hubiera incurrido en todas las contradicciones que se mencionó, la suma recaudada sería netamente superior.

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[1] Entrevista a Roque Sevilla, Contacto directo, 16 de agosto de 2013,

http://www.youtube.com/watch?v=C35IfSB3Lyw, 5:35-6:28

[2] Amazonía por la vida, El proyecto ITT (Bloque 43) y el Bloque 31,
http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-proyecto-itt-bloque-43-y-el-bloque-31.html

Mentiras sobre el Yasuní I. "El mundo nos falló"

1) "El mundo nos falló". La iniciativa fue un fiasco financiero debido al egoísmo de los países desarrollados

No está claro lo que el presidente entiende por el “egoísmo de los países desarrollados”. Por supuesto, es deplorable la indiferencia total con la que recibieron la iniciativa Yasuní-ITT algunos países, como el Reino Unido y los Estados Unidos, que se encuentran entre los principales contaminadores del mundo. Pero varios de ellos, especialmente Alemania, Italia, España, Francia o Bélgica, la acogieron con entusiasmo y se mostraron dispuestos a comprometer todos los recursos posibles en medio de la crisis más grave de los últimos 80 años. El parlamento alemán, de hecho respaldó la iniciativa Yasuní-ITT por unanimidad. Los cinco partidos políticos presentes en el Parlamento votaron a favor, desde la derecha (CDU-CSU) hasta la izquierda radical (Die Linke), pasando por los socialdemócratas, los verdes y los liberales. ¿Es esto muestra del egoísmo y la hipocresía del mundo, especialmente de los países desarrollados?

El Ecuador tenía dos opciones para obtener dinero por el Yasuní: explotar el petróleo del ITT o recibir una compensación económica por dejarlo bajo tierra. En ambos casos, los beneficios para el Estado no son inmediatos, sino que tardan en llegar. En el caso de la explotación petrolera, habría que esperar probablemente unos cinco años para poder sacar el primer barril de petróleo y esperar algunos años más para que el Estado recupere la inversión y empiece a sacar beneficios. En el caso de la iniciativa Yasuní-ITT, las donaciones tampoco serían inmediatas, sino que se extenderían a lo largo de un periodo de trece años, de modo que la urgencia del presidente no tiene sentido. Se vuelve más difícil persuadir a los donantes si se multiplican los plazos, como se lo hizo en los últimos seis años, siempre bajo la amenaza de que si no se recaudaba una suma mínima, se procedería a la explotación del ITT. Como lo indica Roque Sevilla,

Hay países que no pueden decidir en plazos tan cortos. Los acuerdos entre gobiernos son más complejos que una conversación entre dos personas. Convenios de largo plazo que comprometen parte de un presupuesto, generalmente deben pasar por los parlamentos. Eso demanda tiempos muy distintos a los de un acuerdo pequeño [1].

Esto explica por qué la mayor parte de las donaciones eran compromisos y no dinero en cuenta corriente. El propio gobierno pidió que los pagos se hicieran en diferido.

Por otra parte, si, como dijo el presidente, el mundo nos falló al no aportar los fondos previstos en la iniciativa Yasuní-ITT, al explotar los tres campos nosotros le estaríamos fallando al mundo. En efecto, el gobierno repitió hasta la saciedad que la iniciativa buscaba evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Estaba previsto que le explotación del ITT produjera más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, más o menos el equivalente de la emisiones anuales de Francia, es decir una cantidad no desdeñable. La iniciativa Yasuní-ITT reposaba sobre una doble responsabilidad: la de los países desarrollados, llamados a hacer aportes al fideicomiso, por ser los principales contaminadores del mundo y mantener una deuda ecológica con los países del sur; y la del Ecuador, país pionero al estar dispuesto a asumir su responsabilidad ambiental ante el resto del mundo, evitando importantes emisiones de CO2. A este respecto, Roque Sevilla señala, con razón, que:

El hecho de que los países del mundo no hayan aportado no quita la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros propios bienes. No tiene sentido alguno que nosotros dilapidemos nuestro bienes porque hay otros países que no se interesan en hacer los aportes [2].

Para terminar, enumeraremos las conclusiones de este análisis:

- Aunque los aportes concretos y los compromisos no hayan estado a la altura de las expectativas del gobierno, la suma recaudada no es desdeñable, sobre todo si se considera que el fideicomiso estuvo en funcionamiento apenas 3 de los 13 años previstos.

- La recaudación hubiera sido mayor si el gobierno no hubiera mantenido constantemente la amenaza del plan B y no hubiera incurrido en una serie de errores y contradicciones que se analizarán en la próxima entrega.

- Varios países hicieron un esfuerzo por contribuir con la iniciativa, entre los que se destacan Alemania e Italia.

- Aunque la suma recaudada fuera poca cosa, el supuesto egoísmo del mundo no quita responsabilidad a los ecuatorianos y las ecuatorianas sobre sus propios bienes, que son además patrimonio de la humanidad, ni sobre la huella ecológica que dejaría, a nivel mundial, la explotación del ITT en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, que el mundo nos falle no significa que debamos fallarle al mundo.

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[1] Entrevista a Roque Sevilla, El Comercio, 15 de agosto de 2013, http://www.elcomercio.com.ec/negocios/RoqueSevilla-Yasuni-ambiente-crudo-Ecuador_0_974902550.html

[2] Entrevista a Roque Sevilla, Contacto directo, 16 de agosto de 2013,

http://www.youtube.com/watch?v=C35IfSB3Lyw, 1:43-2:01.

Julio César Trujillo, una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos.

El día de ayer, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, entregó, a través de su rector, Enrique Ayala Mora, un doctorado honoris causa a Julio César Trujillo por su trayectoria como defensor de los derechos humanos. Este reconocimiento debe servir de ocasión para recordar la infatigable lucha de Julio César Trujillo por la democracia, los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos ancestrales.

Julio César Trujillo obtuvo un doctorado en jurisprudencia en la Universidad Católica, donde también fue profesor. Su identidad política se funda sobre los principios de la democracia cristiana. Militó en el ala progresista del Partido Conservador (sí, existía un ala progresista en el partido conservador, influenciada, por ejemplo, por la Teología de la liberación, de la que Trujillo era partidario). La rigidez de este partido lo llevó a alejarse de dicha tienda política. Durante la dictadura militar luchó por el regreso a la democracia. En ese momento, Julio César Trujillo aparecía como una de las principales amenazas para el triunvirato formado en 1976, por lo que la dictadura lo desterró a la Amazonía e impidió el registro del nuevo partido que fundó en 1977, la Democracia Popular, un partido demócrata cristiano destinado a representar una alternativa más progresista a la derecha tradicional (Partido Conservador y Partido Socialcristiano). A pesar de que la Democracia Popular no fue legalmente reconocida por la dictadura, formó alianza con la Concentración de Fuerzas Populares (CFP) de Jaime Roldós, que ganó las elecciones presidenciales de 1979. La democracia cristiana obtuvo la vicepresidencia de la República con Oswaldo Hurtado.

Al finalizar el mandato de este último, convertido en presidente por la trágica muerte de Roldós, Julio César Trujillo se presentó a las elecciones presidenciales de 1984, las segundas desde el regreso a la democracia, pero obtuvo un resultado desastroso a causa de la impopularidad del gobierno de Oswaldo Hurtado, después de su giro neoliberal (firma de la primera carta de intención con el FMI, sucretización de la deuda, etc.). Sin embargo, la Democracia Popular siguió identificada, al menos en teoría, con la izquierda y mantuvo una sólida alianza con la Izquierda Democrática, en ese entonces, el partido más poderoso del país, durante las presidencias de León Febres Cordero (1984-1988) y Rodrigo Borja (1988-1992). Esta ambigüedad ideológica de la democracia cristiana impidió que Julio César Trujillo dejara el partido inmediatamente.

Más tarde, en 1993, la Democracia Popular convocó a un gran congreso nacional con el objeto de redefinir la orientación ideológica del partido. El contexto histórico era desfavorable al mantenimiento de la alianza con la izquierda. Durante la presidencia de Borja, que la democracia cristiana había apoyado, cayeron el muro de Berlín y el telón de acero, eventos que parecían reforzar la idea de Margaret Thatcher según la cual “no hay alternativa” al capitalismo neoliberal más despiadado. Hasta tanto, tras las decepciones que trajo el gobierno de Rodrigo Borja frente a las altísimas expectativas que despertó su elección a la presidencia, la Izquierda Democrática se desplomó en las elecciones de 1992. Se auguraba un futuro difícil para la izquierda en el país, mientras la derecha veía cómo sus dos candidatos, Jaime Nebot y Sixto Durán Ballén, se disputaban la segunda vuelta. Ganó Durán Ballén, quien enseguida entregó el manejo económico del gobierno a su vicepresidente, Alberto Dahik, con el objetivo de aplicar las recetas del consenso de Washington en una escala nunca antes vista (León Febres Cordero no pudo impulsar el modelo neoliberal tan lejos como lo deseaba, ya que el Congreso contaba con una mayoría opositora formada por la Izquierda Democrática y, justamente, la Democracia Popular, junto con otros partidos menores de izquierda: el Partido Socialista, el FADI y el MPD). Recordemos, finalmente, que tanto Durán Ballén como Dahik eran exmilitantes socialcristianos; Durán Ballén era, además, concuñado de León Febres Cordero. En este contexto, no debe sorprender el giro a la derecha que operó la Democracia Popular, que se convirtió sin tapujos al neoliberalismo más extremo. Prueba de ello fue su alianza con el Partido Socialcristiano (al que había combatido por largos años junto con la Izquierda Democrática) en la Asamblea Constituyente de 1997 y en el Congreso de 1998. La conversión neoliberal llegó a su apogeo durante la presidencia de Jamil Mahuad (1998-2000), dominada por los banqueros y durante la cual se adoptaron medidas como la creación de la AGD, el feriado bancario, el congelamiento de fondos por un año y el salvataje bancario sin pedir garantías a los bancos.

Tras el congreso de 1993, que consagró el giro de la democracia cristiana hacia la derecha, Julio César Trujillo dejó el partido que había fundado quince años antes. Enseguida se vinculó con diversas organizaciones sociales, como los sindicatos reunidos en el Frente Unitario del Trabajo (FUT), y especialmente el pujante movimiento indígena, considerado en ese entonces como el más poderoso de América. Se acercó a Pachakutik, el brazo político de la CONAIE, fundado en 1996 y fue electo diputado de la Asamblea Constituyente de 1997, donde sus antiguos compañeros demócratas cristianos prefirieron aliarse con la derecha socialcristiana. A pesar de que la Asamblea disponía de una mayoría hostil a las ideas progresistas de Julio César Trujillo, logró, junto con otros diputados, especialmente de Pachakutik, que se incluyera en la nueva Constitución los derechos colectivos de los pueblos originarios, como el reconocimiento de las lenguas ancestrales, de la justicia indígena y del carácter multiétnico y pluricultural del Estado ecuatoriano.

En 2007, reconociendo su trayectoria de defensor de los derechos humanos, el presidente Rafael Correa lo nombró miembro de la Comisión de la verdad, junto con personajes como Elsie Monge (dirigente de la CEDHU), Pedro Restrepo (padre de los hermanos Restrepo) y Monseñor Luna Tobar (exarzobispo de Cuenca), con la finalidad de investigar las violaciones a los derechos humanos en la mayor parte del último periodo democrático, desde 1984 a 2008, especialmente durante la represiva presidencia de León Febres Cordero (1984-1988).

Durante la segunda presidencia de Correa, denunció las violaciones a la Constitución de Montecristi por parte del gobierno, que en el 2008 había hecho campaña por ella. Entre los abusos contra los que se pronunció se encuentran la consulta popular de 2011 que permitió al gobierno intervenir en el sistema judicial, la cooptación de los organismo de control por parte del ejecutivo, como la Corte Constitucional o el Consejo Nacional Electoral, el juicio de Vinicio Alvarado contra Mónica Chuji, o las presiones del gobierno sobre la justicia para que condenara al asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, por injuria calumniosa contra el presidente, a pesar de su inmunidad parlamentaria.

Hace escasos meses, María Paula Romo propuso su nombre en la Asamblea para integrar la nueva Corte Constitucional, pero su candidatura no contó con el apoyo de la bancada del movimiento PAÍS. Su nombre ha sido varias veces propuesto, además, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El doctorado honoris causa que la Universidad Andina decidió otorgar a Julio César Trujillo es un justo reconocimiento a una vida de interminable lucha por los derechos humanos. El gobierno haría bien en prestar más atención a los análisis jurídicos de Trujillo, pero visiblemente el respeto a la Constitución de Montecristi no se encuentra entre las prioridades del presidente Correa que, por el contrario, ha multiplicado los ataques contra ella (la reforma al sistema judicial mediante la consulta popular de 2011, los anuncios de enmienda para eliminar la prohibición de los transgénicos y restringir la acción de protección, por citar solo algunos ejemplos).

Por una redefinición del matrimonio en el Ecuador

Desde el mes de abril, se han multiplicado los casos de países –o estados dentro de entidades federales– que han aprobado el matrimonio igualitario: Uruguay, Nueva Zelanda y Francia por la vía parlamentaria, Brasil por la vía judicial, además de tres estados de los Estados Unidos, Rhode Island, Delaware y Minnesota. El reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo es además inminente en Colombia y en los estados de Illinois y Nevada. Este contexto internacional debe ser la ocasión para profundizar el debate sobre el matrimonio igualitario en el Ecuador. En este artículo recurriremos a la historia, la sociología y el derecho para dar razón del sentimiento de injusticia de la comunidad LGBTI ante su exclusión de la institución matrimonial, sentimiento que no existía hace quince años ni en Francia ni en Ecuador, los dos países en los que centraremos nuestro análisis y que son los que mejor conocemos. La argumentación es muy simple. Parte de dos premisas: en primer lugar, el fundamento del matrimonio ya no es la presunción de paternidad, sino la pareja. Por otra parte, nuestra definición de la pareja incluye ahora a las parejas homosexuales. Reunidas ambas condiciones, no hay razón para no abrir el matrimonio y la adopción a las personas del mismo sexo. El presupuesto de todo el razonamiento es que no existe una esencia intemporal del matrimonio.

El presente texto se basa en buena parte sobre las ideas defendidas por Irène Therry, socióloga de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París (EHESS por sus siglas en francés), en su intervención en las audiencias públicas que la Comisión de leyes de la Asamblea Nacional de Francia convocó sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario (4:43-43:53); y por Christiane Taubira, ministra de Justicia, en su discurso de presentación del proyecto ante el pleno de la Asamblea Nacional (lamentablemente, ambos videos se encuentran solo en francés).

Una transformación de fondo

La aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo no es una reforma irrelevante. Por el contrario, se inscribe en un amplio contexto mundial de transformación de las estructuras sociales. Para probar la amplitud de esta reforma, recordaremos los ejemplos de los meses de abril, mayo y junio del presente año, que parecen indicar una aceleración del proceso de reconocimiento del matrimonio igualitario.

El mes de abril fue particularmente importante, pues tres países adoptaron proyectos de ley que legalizan el matrimonio para las parejas homosexuales, Uruguay, Nueva Zelanda y Francia. Uruguay se convierte en el segundo país latinoamericano en hacerlo, después de Argentina (2010). En Francia, sin embargo, el debate de la ley sobre le mariage pour tous provocó una liberación del discurso homofóbico que no se veía desde hace unos quince años. Así fue hasta el final, incluso durante la sesión de la Asamblea Nacional en que se aprobó definitivamente el proyecto de ley. La oposición de derecha votó casi unánimemente en contra del texto y abandonó el hemiciclo después de la votación y se produjeron incidentes en las barras:

Contrasta con estas reacciones la jovialidad con la que los diputados neozelandese festejaron la aprobación en tercer y definitivo debate del proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario. El proyecto fue presentado por una diputada laborista lesbiana y luego otro semejante por un diputado ecologista gay. La derecha controla actualmente el gobierno y el parlamento de Nueva Zelanda, pero el gobierno dijo que no se opondría al proyecto de ley y, como alrededor de la mitad de los diputados de derecha votaron a favor, se logró aprobar el texto con amplia mayoría (77-44). Las barras festejaron entonando Pōkarekare ana, un bellísimo canto de amor maorí. Se les unieron los diputados de izquierda (laboristas y verdes) y varios de la derecha:

El mes de mayo también ha sido de capital importancia, como lo muestra el caso de los Estados Unidos. Hace un año, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en defender el matrimonio igualitario. Por otro lado, el día de las últimas elecciones presidenciales, el 6 de noviembre pasado, los ciudadanos de tres estados, Washington, Maryland y Maine, autorizaron el matrimonio igualitario, y en Minnesota rechazaron una propuesta de enmienda constitucional que buscaba prohibirlo, todo mediante referéndum. Más tarde, este mes, Rhode Island, Delaware y Minnesota, justamente, tres estados donde los demócratas controlan la gobernación y ambas cámaras, se sumaron a la lista de estados de la unión que permiten el matrimonio para personas del mismo sexo. En suma, desde noviembre, o sea en seis meses, el número de estados donde el matrimonio igualitario es legal dobló y asciende hoy a la cuarta parte de los mismos (12 de 50, más el distrito federal de Columbia). Su aprobación es, además, inminente en Illinois y Nevada. En Brasil, casi un tercio de los estados del país han aprobado el matrimonio para personas de mismo sexo. Sin embargo, el martes pasado, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) aprobó una resolución por la que obliga a los notarios de todo el país a casar a las parejas homosexuales que lo deseen y a transformar en matrimonio a todas las uniones estables de personas del mismo sexo.

El mes de junio será igualmente decisivo. Está previsto que el próximo mes la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se pronuncie sobre dos recursos presentados por partidarios del matrimonio igualitario: el primero, en contra de su prohibición a nivel constitucional en California, donde en un principio había sido aprobado; el segundo, en contra de la Defense Of Marriage Act, aprobado en 1996 por los republicanos, que controlaban entonces la Cámara de representantes y el Senado, y que prohíbe el reconocimiento de los matrimonios de mismo sexo a nivel federal. El propio gobierno de Obama se ha sumado a los demandantes en este último caso. La decisión que tome la Corte Suprema genera gran expectación en el país, pues podría terminar obligando a todos los estados a legalizar el matrimonio para personas del mismo sexo. En el mes de junio caduca además el plazo que la Corte Constitucional de Colombia otorgó al parlamento para aprobar el matrimonio igualitario. Aunque el plazo está por vencer, el Senado torpedeó el proyecto de ley. Sin embargo, está previsto en la sentencia de la Corte que, si el Congreso no cumple con el deber que le impuso, las parejas homosexuales podrán hacer valer sus derechos de manera automática ante los jueces y notarios.

Los numerosos avances que se han producido en estos dos últimos meses y las perspectivas para el futuro inmediato muestran la amplitud de la transformación que supone el reconocimiento del matrimonio igualitario y son prueba de que el debate que sobre este tema debemos tener en el Ecuador se inscribe en un contexto mundial de redefinición del matrimonio. Analizaremos a partir de aquí los casos de Francia y el Ecuador.

De la presunción de paternidad a la pareja

Antiguamente, el fundamento del matrimonio era la presunción de paternidad, que es una presunción de procreación. En otras palabras, el matrimonio era la institución que daba un padre a los hijos. No existe presunción de maternidad, pues siempre se sabe quién es la madre de un niño. El matrimonio garantizaba, en cambio, que los hijos tuvieran un padre: se presumía que los hijos a los que diera a luz la mujer dentro del matrimonio eran igualmente hijos del marido. Por el contrario, se consideraba que los hijos naturales no tenían padre, y ellos, junto con sus madres, eran relegados a una situación de parias sociales. Esto demuestra que la biología tenía un papel marginal en la concepción tradicional del matrimonio y la filiación. Muchos opositores al matrimonio igualitario y a la adopción para parejas del mismo sexo aducen que estas reformas son antinaturales porque ignoran la biología humana. Pero nuestra sociedad es heredera de un modelo de filiación matrimonial y no de un modelo de filiación biológica (THÉRY, 29:45-30:15.). Antiguamente, no se reconocía oficialmente al padre de los hijos naturales como tal, aunque biológicamente era el caso. Esta situación perduró en Francia hasta 1912 y en Ecuador hasta 1935, cuando se autorizó la búsqueda de paternidad. Hasta esas fechas, los hijos naturales no tenían la facultad de buscar el reconocimiento del padre ante los tribunales y la biología contaba solo dentro del matrimonio.

Una de las implicaciones de la concepción tradicional del matrimonio era que las relaciones fuera de él eran condenadas por las autoridades y la Iglesia católica. El caso ecuatoriano es extremo. Gabriel García Moreno, a través de un decreto de 1863, obligó a todas las parejas no casadas, particularmente abundantes en Manabí y Esmeraldas, a escoger entre dos opciones: separarse o casarse por el rito católico. Tras este decreto, los padres de Eloy Alfaro, por ejemplo, decidieron casarse, después de más de veinte años de vida común. Luego, el Código penal de García Moreno, aprobado en 1873 y vigente hasta la Revolución liberal, penalizó el concubinato (sobre este tema, ver mi post anterior: http://alexismedinag.blogspot.com/2013/05/cuando-el-concubinato-era-delito.html). En un sistema donde la base del matrimonio era la presunción de paternidad, no había lugar para lo que hoy llamaríamos uniones libres y menos para los niños nacidos de ellas.

Sin embargo, tres grandes evoluciones transformaron el matrimonio, de modo que hoy en día ya no es considerado como la institución de la paternidad, sino como la institución de una relación de pareja.

Dimensión contractual y disolubilidad

La Revolución francesa inició un proceso de secularización del matrimonio. El ideal liberal impulsado por la Revolución buscaba convertir al conglomerado corporativista de Antiguo Régimen en una sociedad de personas iguales ante la ley, capaces de mantener relaciones contractuales libres entre sí. En ese contexto, la Asamblea legislativa instauró en 1792 el matrimonio civil, por fuera del marco religioso. La reforma transformó el matrimonio, hasta ese entonces considerado únicamente como un sacramento, en un simple contrato entre dos personas libres. Pero al ser el matrimonio la libertad de las partes y no la sacralización de una voluntad divina, la libertad de casarse implicaba necesariamente la posibilidad de divorciarse (TAUBIRA, 5:25-5:58). Por consiguiente, la Asamblea reconoció la disolubilidad del matrimonio y legalizó entonces el divorcio, incluso por consentimiento mutuo. En el Ecuador, la instauración del matrimonio civil y la del divorcio fueron igualmente concomitantes, mediante una ley adoptada en 1902, durante la Revolución liberal. El matrimonio civil permitió en el Ecuador el reconocimiento de los derechos de las parejas no católicas. Fue un primer paso hacia la igualdad ante la institución matrimonial. No es anodino que esta redefinición del matrimonio se aprobara en ambos países durante periodos revolucionarios.

El reconocimiento del matrimonio como contrato y de su disolubilidad ponían en primer plano la libertad de las dos partes que decidían firmar dicho contrato, y eventualmente rescindirlo. El matrimonio civil y el divorcio fueron condiciones necesarias para que la libertad de la pareja fuera desplazando poco a poco a la presunción de paternidad como fundamento del matrimonio.

Hacia la igualdad jurídica de los cónyuges

A pesar de que, del punto de vista legal, el matrimonio fue despojado de su contenido religioso y se afirmaba la libertad de las partes, la mujer siguió relegada a una situación subalterna dentro del matrimonio y la familia. El código civil napoleónico de 1804, aún vigente, aunque con numerosas reformas, consideraba a la mujer y a los hijos como poco más que propiedades del padre de familia, quien detentaba una autoridad absoluta sobre ellos (el “poder marital” y el “poder paternal”). Las mujeres tenían capacidad legal limitada. En el Ecuador la concepción de la familia no difería sustancialmente. El primer código civil ecuatoriano, que entró en vigencia en 1861, se inspiraba, al igual que en la mayoría de países latinoamericanos, del código civil chileno redactado por Andrés Bello, quien a su vez se había inspirado del código napoleónico.

La situación subalterna de las mujeres era visible en el plano político, por ejemplo. Hasta 1924, las mujeres no pudieron votar en el Ecuador, pues había prevalecido la concepción patriarcal según la cual el jefe de familia era el único capaz de expresarse políticamente a nombre de toda la familia, en el sentido amplio: mujer, hijos, esclavos (hasta 1852), empleados domésticos y eventualmente peones, indios conciertos y huasipungueros de las haciendas.

La condición de las mujeres cambió paulatinamente, no solo al otorgárseles derechos políticos (como el derecho al voto, en 1929 en el Ecuador, en 1944 en Francia), sino también por la conquista de la igualdad jurídica de los cónyuges dentro del matrimonio. La abolición de la autoridad marital en Francia (1938) y en el Ecuador (1970), fue un avance crucial hacia la igualdad de los cónyuges pero no surtió efecto de manera concluyente mientras no se reformaron los regímenes matrimoniales, en Francia en 1965, en el Ecuador en 1989. La atribución de la patria potestad a la mujer a la vez que al marido es otro paso fundamental. En 1970, se eliminó en Francia la noción de “poder paternal” (el poder que el pater familias ejercía sobre sus hijos) y se la reemplazó por la de autoridad parental, que fue otorgada a la vez al marido y a la mujer. El mismo año, en el Ecuador, el nuevo código civil atribuyó la patria potestad a ambos cónyuges.

En suma, el matrimonio, al distanciarse del sacramento, también se distancia progresivamente del orden fundado sobre una concepción patriarcal de la sociedad (TAUBIRA, 9:33-9:46).

La refundación de la filiación

La filiación fue progresivamente volviéndose autónoma en relación al matrimonio para refundarse sobre sí misma. La relación entre matrimonio y filiación se volvió más laxa, en el caso francés, cuando en 1912 se autorizó la búsqueda de paternidad, y más aún en el momento en que se equiparó los derechos de hijos legítimos e hijos naturales, mediante una reforma al código civil en 1972. Finalmente, una ordenanza del ministro de Justicia de 2005 suprimió definitivamente de la legislación la distinción entre hijos legítimos e hijos naturales. La lógica familiar contemporánea dictaba una decisión de esa índole: actualmente, en Francia, la mitad de los hijos nacen fuera del matrimonio. En el Ecuador, se autorizó la búsqueda de paternidad con una reforma de 1935. Más tarde, el código civil aprobado en 1970, durante la última presidencia de José María Velasco Ibarra, eliminó todo calificativo a los hijos y se contentó simplemente con definir las diferentes formas de filiación, sin usar los términos “legítimo”, “natural” e “ilegítimo”.

El desarrollo de la adopción también contribuyó a cuestionar el modelo de filiación matrimonial. La concepción del matrimonio como institución de la paternidad respondía a un ideal: un niño debía tener un padre y una madre, ni uno más ni uno menos. En otras palabras, el progenitor (a), el padre social o padre educador que cría al hijo (b) y el padre simbólico o padre en derecho (c) debían ser la misma persona. Este ideal chocó con la realidad de los casos de adopción, porque esta última implica que los progenitores y los padres del niño son personas diferentes. Sin embargo, en un principio, no se asumió esta situación. Por el contrario, se procuraba mantener a la adopción como una imitación de la procreación, o sea borrar la particularidad biográfica del niño adoptado para que fuera considerado como un niño más (THÉRY, 30:15-33:40). Pero el desarrollo de familias homoparentales en los últimos años, tanto en Francia como en Ecuador, pone en tela de juicio este modelo pseudoprocreativo e invita a valorar la adopción no como imitación de la naturaleza, si no por el gesto que representa: “¿Es necesario borrar la diversidad de nuestras historias para ser parte del mismo mundo?” (THÉRY, 42:45-43:00)

La equiparación de los derechos de los hijos, independientemente de sus categorías de filiación, y el desarrollo de la adopción vinieron a cuestionar con fuerza el modelo matrimonial de filiación que heredó nuestra sociedad.

Los tres puntos anteriormente desarrollados demuestran, primero, que el sentido del matrimonio sufrió una verdadera revolución: la presunción de paternidad fue desplazada a favor de la relación de pareja como corazón de la institución matrimonial y, segundo, que el matrimonio ya no es el único fundamento de la familia.

Redefinición de la pareja

No solo el matrimonio sufrió profundas transformaciones a lo largo de un extenso proceso de evolución y adaptación a la sociedad, sino que la definición misma de la pareja también ha cambiado. Hoy en día, nuestra concepción de la pareja incluye a la vez a las parejas heterosexuales y homosexuales, tanto en nuestras mentalidades como en nuestro sistema jurídico.

Una de las condiciones para la redefinición jurídica de la pareja es una nueva concepción de la homosexualidad. Antiguamente, en Francia, se toleraba la homosexualidad, pero se consideraba que se la debía vivir en privado. Los hombres homosexuales, si querían tener hijos, se casaban con una mujer y tenían hijos dentro del matrimonio, lo que no les impedía mantener relaciones con otros hombres, pero siempre en el ámbito de la clandestinidad. En Francia no se llegó a penalizar la homosexualidad, pero el código penal introdujo en 1942 una discriminación: la edad de consentimiento sexual era de 13 años para las relaciones heterosexuales (15 desde 1945), pero de 21 años para las relaciones homosexuales. El gobierno socialista de François Mitterrand despenalizó las relaciones homosexuales con personas de entre 15 y 21 años en 1982. En el Ecuador, la dimensión clandestina de la homosexualidad se mantuvo hasta su despenalización, en 1997, por presión de las organizaciones LGBTI y de derechos humanos. Al despenalizarse la homosexualidad, se aceptaba que no había razón para que la orientación sexual de las personas se mantuviera en la clandestinidad si no se conformaba con la norma heterosexual. De este modo, se allanaba el camino a la idea de que una relación homosexual podía dar lugar a una pareja estable.

Tanto el sistema jurídico francés como el ecuatoriano reconocen que la pareja no tiene que ser necesariamente heterosexual. En Francia, este reconocimiento se dio mediante la aprobación del Pacto Civil de Solidaridad, conocido como PACS. Se trata de una unión civil creada, en un principio, en prioridad para las parejas homosexuales, en 1999, durante el gobierno socialista de Lionel Jospin (1997-2002). Sin embargo, el éxito del PACS ha sido avasallador en la sociedad francesa en su conjunto: hoy en día, la mayoría de parejas que recurren al PACS son heterosexuales y el número de PACS rivaliza con el de matrimonios. En realidad, no había razón para que el PACS no tuviera éxito tanto entre las parejas heterosexuales como entre las homosexuales, ya que este pacto vendría a ser una declaración pública de concubinato que otorga un mínimo de protección a los cónyuges.

En el Ecuador, no se instituyó una unión civil para las parejas homosexuales o para las parejas en general. Lo que hizo la Constitución de Montecristi fue establecer que las uniones libres registradas ante el notario, independientemente de que sean de mismo o de distinto sexo, generarán los mismos derechos y obligaciones que las parejas casadas (art. 68). Es un paso de capital importancia para un país donde la homosexualidad era un delito apenas unos diez años antes y donde, en buena parte del siglo XIX, desde tiempos de García Moreno hasta la Revolución liberal, incluso las uniones libres heterosexuales estaban penalizadas. Es más, aunque la Constitución de 2008 señala explícitamente que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que la adopción está reservada a las parejas de distinto sexo (disposiciones por lo demás anticonstitucionales), también reconoce la diversidad de las familias (art. 67): la familia “convencional” (padre, madre, hijos, dentro o fuera del matrimonio), las parejas sin hijos, las familias de los migrantes (donde muchas veces los hijos son criados por los abuelos o los tíos, ya que los padres están en el extranjero trabajando), las familias monoparentales, las familias recompuestas y, finalmente, las familias fundadas alrededor de una pareja homosexual. Tanto el PACS en Francia como la Constitución de Montecristi modificaron la definición jurídica plurisecular de la pareja.

La evolución de las mentalidades, en lo que respecta al matrimonio igualitario, es a la vez causa y resultado de los cambios en la legislación sobre la definición de la pareja. El cambio de mentalidad es perceptible en Francia a través del apoyo mayoritario del que goza el matrimonio para personas del mismo sexo. Para comprobarlo, basta ver las encuestas de los últimos años que indican siempre un apoyo superior al 50%, netamente por delante de sus detractores [1]. En el caso del Ecuador, aún no ha habido suficientes estudios sistemáticos como para evaluar el nivel de aceptación de la población hacia el matrimonio igualitario. Pero aunque este no fuera mayoritario, está claro que la situación ha evolucionado. En primer lugar, como en la mayoría de países donde se discute el tema, en el Ecuador existe una brecha generacional. Los menores de treinta años muestran mayor apertura hacia el matrimonio igualitario que las generaciones anteriores. Prueba de ello es, por ejemplo, la reacción inmediata y masiva que provocó en las redes sociales, especialmente por parte de los jóvenes, la publicación en El Comercio de un artículo de opinión violentamente homofóbico y que vilipendiaba no sólo el matrimonio igualitario, sino también los derechos que los activistas de la comunidad LGBTI lograron consagrar en la nueva Constitución [2]. En segundo lugar, las autoridades han demostrado, en ciertos casos, mayor apertura hacia los reclamos de la comunidad LGBTI, no sólo al advertir y luego sancionar al candidato presidencial Nelson Zavala por su homofobia (Defensoría del pueblo, CNE y TCE), sino también al tomar en cuenta los derechos de las parejas de mismo sexo, como lo indican, por ejemplo, la atribución por parte del IESS de una pensión de viudez a una mujer lesbiana tras la muerte de su pareja (aunque después de una dura y larga batalla) [3] o el primer matrimonio de mismo sexo celebrado en el país, oficiado por el exconcejal Norman Wray en Quito [4].

En suma, una perspectiva diacrónica sobre la evolución del matrimonio permite vislumbrar que el corazón de este último dejó de ser la presunción de paternidad, y hoy viene a ser la pareja. Por otra parte, tanto en nuestra legislación como en nuestras mentalidades, la pareja dejó de ser exclusivamente heterosexual. Si la base del matrimonio es ahora la pareja y si la pareja puede ser heterosexual u homosexual, entonces del punto de vista de la sociología histórica del derecho familiar, no existe obstáculo alguno para que se abra el matrimonio y la adopción a las parejas de mismo sexo. Esta evolución del matrimonio creó en la comunidad LGBTI un sentimiento de injusticia que no existía hace quince años, en Francia, porque recién empezaba el debate sobre el PACS, o sea sobre la redefinición de la pareja, y en el Ecuador, porque la homosexualidad recién se estaba despenalizando. Hoy la situación es otra, y la legislación debe adaptarse a las transformaciones de las que ha sido objeto el matrimonio para convertirlo por fin en una institución universal.

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[1] « Les partisans du mariage pour tous n'ont jamais été aussi nombreux », FranceTV Info, 8 de febrero de 2013, http://www.francetvinfo.fr/les-partisans-du-mariage-des-homos-de-plus-en-plus-nombreux_243195.html.

[2] « Reclamo ciudadano obligó a diario El Comercio a retirar artículo homófobo », Ecuador Inmediato, 25 de mayo de 2012, http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=174198.

[3] « Ecuador otorga por primera vez pensión a lesbiana por muerte de su pareja », El Comercio, 14 de diciembre de 2011, http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-primera-pension-lesbiana-muerte_0_608939222.html.

[4] « La primera boda gay en la capital », El Comercio, 11 de diciembre de 2012, http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/primera-boda-gay-capital_0_388161247.html.