Sixto Durán Ballén, paladín del neoliberalismo en el Ecuador

Más allá del papel que Sixto Durán Ballén haya jugado durane la última guerra con el Perú, me parece que es imprescindible recordar lo que represento su presidencia. Durante su mandato, se intentó profundizar el modelo neoliberal, mediante tres medidas desastrosas que buscaban limitar la capacidad reguladora del Estado: el intento por privatizar las telecomunicaciones (I) y la Seguridad social (II) y la desregulación del sector financiero (III). Apoyándose en su vicepresidente, Alberto Dahik, intentó llevar el modelo neoliberal más lejos todavia que adonde había llegado el propio León Febres Cordero.

Sixto intentó privatizar las telecomunicaciones. En 1972, el Guillermo Rodríguez Lara había fundado el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), que a la vez ofrecía servicios de telecomunicaciones y regulaba este sector. Sixto dio dos pasos para privatizar el IETEL. En primer lugar, la ley de Telecomunicaciones de 1992 trasformó al IETEL en una empresa pública, EMETEL (Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones). Luego, en 1995, la reforma de la ley de 1992 separó los servicios de telecomunicaciones y la regulación del sector. Esta segunda actividad recayó en tres instancias diferentes: el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaría de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta fragmentación debilitó la potestad del Estado para regular este sector. El resultado fue, entre otros, una repartición más que cuestionable de las frecuencias de radio en los años subsiguientes. Por su lado, EMETEL se convirtió exclusivamente en proveedor de telecomunicaciones, pero se la dividió en dos sociedades anónimas con el objetivo de privatizarlas: Andinatel y Pacifictel. Por suerte, la privatización fracasó y en el 2008 ambas se fusionaron dentro de la nueva Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En otras palabras, a pesar de los esfuerzos de Sixto, a pesar de la apertura del sector de las Telecomunicaciones a la libre competencia, sigue existiendo una empresa pública.

Sixto también intentó privatizar la Seguridad Social, especialmente el sistema de jubilaciones. Intentó transformar el sistema público por repartición, basado en el principio de equidad intergeneracional, a un sistema privado por capitalización individual. En otras palabras, quiso imitar el modelo de las Agencias de Fondos de Pensiones (AFPs) que Pinochet implementó en Chile en 1980. Al menos Sixto tuvo la decencia de someter esta decisión a referéndum, mientras que Pinochet simplemente la impuso por la fuerza. En Ecuador hubo entonces una consulta popular en 1995, pero la propuesta de privatización fue rechazada por el 60% de los votos válidos y el sistema siguió siendo público hasta ahora.

Sixto aprobó, finalmente, la Ley bancaria de 1994, que liberalizó el sector bancario al extremo y creó las condiciones para que se generalizaran las prácticas cuestionables de los banqueros que constituyen una de las causas de la crisis de 1999: piramidación, préstamos vinculados, fuga de capitales a territorios off shore. Todo esto mientras el sistema político estaba directamente bajo el control de los banqueros. Recordemos que poco después del mandato de Sixto, en 1998 los banqueros ocupaban papeles de primer orden en el Estado (ministerio de Gobierno y de Finanzas, presidencia del Banco Central, Superintendencia de Bancos). En otras palabras, los banqueros controlaban las instancias encargadas de regular a… los banqueros. Por supuesto, en estas circunstancias era imposible que el Estado regulara el sector financiero. En el marco de esta desregulación, el sistema financiero ecuatoriano se volvió inestable y ya en 1996 el Banco Continental estuvo al borde de la quiebra. El Estado organizó un salvataje bancario, que finalmente sirvió de globo de ensayo para el de 1999. El Banco Central y la Junta Monetaria (de la que formaba parte Guillermo Lasso, dicho sea de paso) aprobaron el salvataje del Banco que había quebrado por el manejo cuestionable de sus dueños, la familia Trujillo-Ortega (una vez más, piramidación, movilización de fondos a paraísos fiscales). En 1996, este mini-salvataje de bancario anunciaba lo que vendría al poco tiempo: el salvataje de 1999, cuando el Estado salvó a los bancos quebrados sin ninguna contrapartida.

Alternativas para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto

Las medidas propuestas por el gobierno no son acertadas

Aumentar el IVA del 12 al 14%, por más que sea una medida temporal, es injusta. El IVA es un impuesto indirecto y regresivo. Afecta sobre todo a las clases medias y a las clases populares, es decir a aquellos que dedican la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes básicos, porque no les alcanza para mucho más. Esta decisión lleva al absurdo de que los habitantes de Manabí y Esmeraldas paguen el aumento del IVA en todas sus compras. Aunque no se aplique en las provincias afectadas, serán las clases populares del resto del país quienes lleven el peso financiero de la reconstrucción. Por lo demás, aumentar el IVA siempre ha sido una propuesta neoliberal y ahora resulta que el gobierno que supuestamente dejó este oscuro pasado atrás la acoge sin ningún reparo.

En todo caso, la posición de Nebot de rechazo al paquete tributario es de una hipocresía pasmosa: como gobernador del Guayas, formaba parte de la administración de Febres Cordero que decidió crear un impuesto sobre el giro de cheques para la reconstrucción después del terremoto de 1987. Que yo sepa, no se quejó. Como diputado, impulsó la ley que creó el infame impuesto del 1% a todas las transacciones bancarias en 1998, para que fueran los ecuatorianos quienes salvaran a sus amigos banqueros. Ya sabemos cómo resultó eso.

Es necesario reducir algunos gastos superfluos pero no será suficiente

Una de las propuestas que más circula en las redes sociales es la de eliminar las sabatinas. Cuando a partir de agosto de 2014 se empezó a discutir sobre las alternativas financieras a la explotación del bloque ITT del Yasuní, se proponía, entre muchas otras, la reducción del presupuesto de comunicación del gobierno. La cifra más aceptada en ese momento era la de un poco más de 300 millones de dólares anuales. Esto representa cerca del 1% del presupuesto de ese año (unos 32 mil millones), considerando además que las sabatinas cuestan solo una fracción de esta suma. Admitamos que el costo que Correa dio para las sabatinas (30 000 dólares por sabatina) sea correcto. Eso significa que eliminarlas supondría un ahorro de 1 560 000 dólares, es decir 0,0046% del presupuesto de este año (unos 34 mil millones).

Reducir el sueldo de los asambleístas en cerca de 60%, de 6 000 a unos 2 500 dólares permitiría un ahorro de menos de 6 millones de dólares al año. O sea menos de 0,02% del presupuesto de este año.

El presupuesto de la secretaría del Buen vivir es de 12 millones anuales. Eliminarla supondría un ahorro de 0,035% del presupuesto general de este año.

En suma, estas medidas serían de carácter simbólico, y si bien son necesarias, son netamente insuficientes. Están muy lejos de alcanzar la estimación preliminar del costo de la reconstrucción: unos 3 mil millones de dólares.

(Por lo demás,  el gobierno no puede vender la UNASUR, porque no le pertenece. Su dueño es la propia UNASUR, como persona jurídica. Es como pedirle a Francia que venda el edificio del Parlamento europeo en Estrasburgo en caso de catástrofe.

En cuanto al Instituto Espacial Ecuatoriano, no es un invento de Correa. Su gobierno lo creó en reemplazo del CLIRSEN que ya existe desde 1957. Quien crea que se trata de una parodia de la NASA está muy equivocado. Es un organismo encargado de generar geoinformación satelital imprescindible para cualquier proyecto de infraestructura, desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Cuál será la próxima propuesta después de la disolución del Instituto Espacial? ¿suprimir el Instituto Geofísico Militar? ¿el INHAMI?)

Como estas medidas son insuficientes, es necesario optimizar el gasto corriente para obtener un mayor margen de maniobra, pero no hay que satanizarlo per se, como si fuera inherentemente malo, porque incluye, por ejemplo, insumos para los hospitales públicos, uniformes y útiles escolares en la educación pública, los sueldos de profesores, médicos, enfermeras, y de los policías y militares que están ahora en la zona afectada.

Pero hay otra manera muy simple de obtener recursos para reconstruir Manabí y Esmeraldas y reactivar le economía de la Costa.

La respuesta: aumentar los impuestos a los grandes grupos económicos

Los grandes grupos económicos nunca han sido tan prósperos, nunca se han atragantado tanto, nunca han consolidado de tal manera su posición de oligopolio o monopolio y nunca han pagado tan pocos impuestos como en estos últimos diez años: grupos como las telefónicas, La Favorita, El Rosado, Eljuri, Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Andes Petroleum, Pronaca.

La economía ecuatoriana está altamente concentrada en muy pocas manos. Las situaciones de oligopolio o monopolio son la norma y el gobierno de Correa, a pesar de las promesas, no ha cambiado esta situación. El siguiente cuadro elaborado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), muestra el nivel de concentración en diversos sectores:

(Lamento la calidad de la imagen.)

Esta concentración también es visible en el sector de la salud. La doxa de la clase media ecuatoriana consiste en pensar que el Estado con Correa se ha vuelto una vorágine insaciable que con su presencia avasalladora aplasta a la iniciativa privada. La realidad es más compleja, como lo ilustra el sector de la salud. Un excelente informe elaborado por Pablo Iturralde, del CDES, muestra claramente como la multimillonaria inversión pública en salud no se dirigió a ampliar la capacidad estatal en el sector (que incluso se ha reducido ligeramente), sino que consistió en una ingente transferencia de recursos del sector público al privado como muy pocas veces se ha visto en la historia del país, fortaleciendo los intereses de las clínicas privadas y de las empresas farmacéuticas que han consolidado su situación de oligopolio.

A pesar de la insolente prosperidad de todos estos grandes grupos económicos, en realidad han pagado muy pocos impuestos en estos últimos años. Con el Código de la Producción, el impuesto a la renta de las empresas se redujo del 25 al 22%. El Ecuador es el segundo país de América latina donde las empresas pagan menos impuestos sobre las utilidades solo después de Chile, ejemplo paradigmático del modelo neoliberal y que representa todo lo contrario de lo que este gobierno pretende encarnar. En el 2013 el promedio en Ecuador fue 34,6% mientras que en América latina fue más del 57%.

Estas empresas reciben, por lo demás, subsidios indirectos por parte del Estado (como electricidad subvencionada). Tampoco hay que olvidar, por último, que todos los grandes grupos económicos presentes en el Ecuador poseen numerosas filiales en paraísos fiscales. Aumentar su carga impositiva no puede ser vista, en semejantes condiciones, como una injusticia.

Por otro lado, no estaría de más renegociar los contratos de las empresas telefónicas, como ya lo proponía Alberto Acosta como alternativa a la explotación del Yasuní. Las telecomunicaciones es uno de los sectores que más ha crecido en el país en estos años, así que es normal que su contribución al bien público lo haga en la misma medida. En vez de quitarles sus utilidades a los trabajadores del sector sería mejor crear un impuesto a las ganancias extraordinarias de las telefónicas.

Cuando se discutían las alternativas a la explotación del ITT,  el CDES ya proponía incrementar en apenas 1,5 puntos la carga tributaria sobre las ventas de los 110 mayores grupos económicos del país (los más favorecidos por el auge petrolero y la inversión pública de los últimos años) que solo fue un ridículo 2,9% en el 2013. Esta medida permitiría generar alrededor de 700 millones de dólares al año (mucho más que los 12 millones de la secretaría del Buen vivir o el millón y medio de las sabatinas). En cuatro o cinco años se habrán recaudado los 3 mil millones que se necesitan para la reconstrucción. Aun así, el Ecuador seguiría siendo el tercer país donde menos impuestos a las utilidades pagan las empresas, detrás solo de Chile y Paraguay, así que esta medida está muy lejos de poder ser considerada como expoliadora.

Por lo demás, se daría al mismo tiempo un primer paso para desconcentrar la economía ecuatoriana y fortalecer las economía locales, la economía popular y la economía social y solidaria.

Las alternativas siempre existen. Es cuestión de voluntad política.

Fuentes:

CDES, Plan C; redistribución de la riqueza para no explotar el Yasuní y salvaguardr a los indígenas aislados

Pablo Iturralde, Privatización de la salud en el Ecuador. Estudio de la interacción pública con clínicas y hospitales privados