Las medidas propuestas por el gobierno no son acertadas
Aumentar el
IVA del 12 al 14%, por más que sea una medida temporal, es injusta. El IVA es
un impuesto indirecto y regresivo. Afecta sobre todo a las clases medias y a
las clases populares, es decir a aquellos que dedican la mayor parte de sus
ingresos al consumo de bienes básicos, porque no les alcanza para mucho más.
Esta decisión lleva al absurdo de que los habitantes de Manabí y Esmeraldas
paguen el aumento del IVA en todas sus compras. Aunque no se aplique en las
provincias afectadas, serán las clases populares del resto del país quienes
lleven el peso financiero de la reconstrucción. Por lo demás, aumentar el IVA
siempre ha sido una propuesta neoliberal y ahora resulta que el gobierno que supuestamente dejó este oscuro pasado atrás la acoge sin ningún reparo.
En todo caso,
la posición de Nebot de rechazo al paquete tributario es de una hipocresía pasmosa:
como gobernador del Guayas, formaba parte de la administración de Febres
Cordero que decidió crear un impuesto sobre el giro de cheques para la reconstrucción
después del terremoto de 1987. Que yo sepa, no se quejó. Como diputado, impulsó
la ley que creó el infame impuesto del 1% a todas las transacciones bancarias
en 1998, para que fueran los ecuatorianos quienes salvaran a sus amigos
banqueros. Ya sabemos cómo resultó eso.
Es
necesario reducir algunos gastos superfluos pero no será suficiente
Una de las
propuestas que más circula en las redes sociales es la de eliminar las
sabatinas. Cuando a partir de agosto de 2014 se empezó a discutir sobre las
alternativas financieras a la explotación del bloque ITT del Yasuní, se
proponía, entre muchas otras, la reducción del presupuesto de comunicación del
gobierno. La cifra más aceptada en ese momento era la de un poco más de 300
millones de dólares anuales. Esto representa cerca del 1% del presupuesto de
ese año (unos 32 mil millones), considerando además que las sabatinas cuestan
solo una fracción de esta suma. Admitamos que el costo que Correa dio para las
sabatinas (30 000 dólares por sabatina) sea correcto. Eso significa que
eliminarlas supondría un ahorro de 1 560 000 dólares, es decir
0,0046% del presupuesto de este año (unos 34 mil millones).
Reducir el
sueldo de los asambleístas en cerca de 60%, de 6 000 a unos 2 500
dólares permitiría un ahorro de menos de 6 millones de dólares al año. O sea menos
de 0,02% del presupuesto de este año.
El presupuesto
de la secretaría del Buen vivir es de 12 millones anuales. Eliminarla supondría
un ahorro de 0,035% del presupuesto general de este año.
En suma,
estas medidas serían de carácter simbólico, y si bien son necesarias, son
netamente insuficientes. Están muy lejos de alcanzar la estimación preliminar
del costo de la reconstrucción: unos 3 mil millones de dólares.
(Por lo demás, el gobierno no puede vender la UNASUR, porque no le pertenece. Su dueño es la propia UNASUR, como persona jurídica. Es como pedirle a Francia que venda el edificio del Parlamento europeo en Estrasburgo en caso de catástrofe.
En cuanto al Instituto Espacial Ecuatoriano, no es un invento de Correa. Su gobierno lo creó en reemplazo del CLIRSEN que ya existe desde 1957. Quien crea que se trata de una parodia de la NASA está muy equivocado. Es un organismo encargado de generar geoinformación satelital imprescindible para cualquier proyecto de infraestructura, desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Cuál será la próxima propuesta después de la disolución del Instituto Espacial? ¿suprimir el Instituto Geofísico Militar? ¿el INHAMI?)
Como estas medidas son insuficientes,
es necesario optimizar el gasto corriente para obtener un mayor margen de
maniobra, pero no hay que satanizarlo per
se, como si fuera inherentemente malo, porque incluye, por ejemplo, insumos
para los hospitales públicos, uniformes y útiles escolares en la educación
pública, los sueldos de profesores, médicos, enfermeras, y de los policías y
militares que están ahora en la zona afectada.
Pero hay
otra manera muy simple de obtener recursos para reconstruir Manabí y Esmeraldas
y reactivar le economía de la Costa.
La
respuesta: aumentar los impuestos a los grandes grupos económicos
Los grandes
grupos económicos nunca han sido tan prósperos, nunca se han atragantado tanto,
nunca han consolidado de tal manera su posición de oligopolio o monopolio y nunca
han pagado tan pocos impuestos como en estos últimos diez años: grupos como las
telefónicas, La Favorita, El Rosado, Eljuri, Banco de Guayaquil, Banco del
Pichincha, Andes Petroleum, Pronaca.
La economía
ecuatoriana está altamente concentrada en muy pocas manos. Las situaciones de
oligopolio o monopolio son la norma y el gobierno de Correa,
a pesar de las promesas, no ha cambiado esta situación. El siguiente cuadro elaborado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), muestra el nivel de concentración en diversos sectores:
(Lamento la calidad de la imagen.)
Esta concentración
también es visible en el sector de la salud. La doxa de la clase media ecuatoriana
consiste en pensar que el Estado con Correa se ha vuelto una vorágine
insaciable que con su presencia avasalladora aplasta a la iniciativa privada.
La realidad es más compleja, como lo ilustra el sector de la salud. Un excelente informe
elaborado por Pablo Iturralde, del CDES, muestra claramente como la multimillonaria
inversión pública en salud no se dirigió a ampliar la capacidad estatal en el
sector (que incluso se ha reducido ligeramente), sino que consistió en una ingente
transferencia de recursos del sector público al privado como muy pocas veces se
ha visto en la historia del país, fortaleciendo los intereses de las clínicas
privadas y de las empresas farmacéuticas que han consolidado su situación de
oligopolio.
A pesar de
la insolente prosperidad de todos estos grandes grupos económicos, en realidad
han pagado muy pocos impuestos en estos últimos años. Con el Código de la
Producción, el impuesto a la renta de las empresas se redujo del 25 al 22%. El
Ecuador es el segundo país de América latina donde las empresas pagan menos
impuestos sobre las utilidades solo después de Chile, ejemplo paradigmático del
modelo neoliberal y que representa todo lo contrario de lo que este gobierno pretende
encarnar. En el 2013 el promedio en Ecuador fue 34,6% mientras que en América
latina fue más del 57%.
Estas
empresas reciben, por lo demás, subsidios indirectos por parte del Estado (como
electricidad subvencionada). Tampoco hay que olvidar, por último, que todos los
grandes grupos económicos presentes en el Ecuador poseen numerosas filiales en
paraísos fiscales. Aumentar su carga impositiva no puede ser vista, en semejantes condiciones, como una injusticia.
Por otro
lado, no estaría de más renegociar los contratos de las empresas telefónicas,
como ya lo proponía Alberto Acosta como alternativa a la explotación del Yasuní.
Las telecomunicaciones es uno de los sectores que más ha crecido en el país en
estos años, así que es normal que su contribución al bien público lo haga en la
misma medida. En vez de quitarles sus utilidades a los trabajadores del sector sería
mejor crear un impuesto a las ganancias extraordinarias de las telefónicas.
Cuando se discutían
las alternativas a la explotación del ITT, el CDES ya proponía incrementar en apenas 1,5
puntos la carga tributaria sobre las ventas de los 110 mayores grupos
económicos del país (los más favorecidos por el auge petrolero y la inversión
pública de los últimos años) que solo fue un ridículo 2,9% en el 2013. Esta medida permitiría generar alrededor de 700 millones
de dólares al año (mucho más que los 12 millones de la secretaría del Buen vivir
o el millón y medio de las sabatinas). En cuatro o cinco años se habrán
recaudado los 3 mil millones que se necesitan para la reconstrucción. Aun así, el
Ecuador seguiría siendo el tercer país donde menos impuestos a las utilidades
pagan las empresas, detrás solo de Chile y Paraguay, así que esta medida está
muy lejos de poder ser considerada como expoliadora.
Por lo
demás, se daría al mismo tiempo un primer paso para desconcentrar la economía
ecuatoriana y fortalecer las economía locales, la economía popular y la
economía social y solidaria.
Las
alternativas siempre existen. Es cuestión de voluntad política.
Fuentes:
Pablo Iturralde, Privatización de la salud en el Ecuador. Estudio de la interacción pública con clínicas y hospitales privados