El día de ayer, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede
Quito, entregó, a través de su rector, Enrique Ayala Mora, un doctorado honoris
causa a Julio César Trujillo por su trayectoria como defensor de los derechos
humanos. Este reconocimiento debe servir de ocasión para recordar la infatigable
lucha de Julio César Trujillo por la democracia, los derechos humanos y los
derechos colectivos de los pueblos ancestrales.
Julio César Trujillo obtuvo un doctorado en jurisprudencia
en la Universidad Católica, donde también fue profesor. Su identidad política se
funda sobre los principios de la democracia cristiana. Militó en el ala progresista
del Partido Conservador (sí, existía un ala progresista en el partido
conservador, influenciada, por ejemplo, por la Teología de la liberación, de la
que Trujillo era partidario). La rigidez de este partido lo llevó a alejarse de
dicha tienda política. Durante la dictadura militar luchó por el regreso a la democracia.
En ese momento, Julio César Trujillo aparecía como una de las principales amenazas
para el triunvirato formado en 1976, por lo que la dictadura lo desterró a la
Amazonía e impidió el registro del nuevo partido que fundó en 1977, la
Democracia Popular, un partido demócrata cristiano destinado a representar una
alternativa más progresista a la derecha tradicional (Partido Conservador y
Partido Socialcristiano). A pesar de que la Democracia Popular no fue
legalmente reconocida por la dictadura, formó alianza con la Concentración de
Fuerzas Populares (CFP) de Jaime Roldós, que ganó las elecciones presidenciales
de 1979. La democracia cristiana obtuvo la vicepresidencia de la República con
Oswaldo Hurtado.
Al finalizar el mandato de este último, convertido en
presidente por la trágica muerte de Roldós, Julio César Trujillo se presentó a
las elecciones presidenciales de 1984, las segundas desde el regreso a la
democracia, pero obtuvo un resultado desastroso a causa de la impopularidad del
gobierno de Oswaldo Hurtado, después de su giro neoliberal (firma de la primera
carta de intención con el FMI, sucretización de la deuda, etc.). Sin embargo, la
Democracia Popular siguió identificada, al menos en teoría, con la izquierda y
mantuvo una sólida alianza con la Izquierda Democrática, en ese entonces, el partido
más poderoso del país, durante las presidencias de León Febres Cordero (1984-1988)
y Rodrigo Borja (1988-1992). Esta ambigüedad ideológica de la democracia
cristiana impidió que Julio César Trujillo dejara el partido inmediatamente.
Más tarde, en 1993, la Democracia Popular convocó a un gran
congreso nacional con el objeto de redefinir la orientación ideológica del
partido. El contexto histórico era desfavorable al mantenimiento de la alianza
con la izquierda. Durante la presidencia de Borja, que la democracia cristiana
había apoyado, cayeron el muro de Berlín y el telón de acero, eventos que
parecían reforzar la idea de Margaret Thatcher según la cual “no hay
alternativa” al capitalismo neoliberal más despiadado. Hasta tanto, tras las
decepciones que trajo el gobierno de Rodrigo Borja frente a las altísimas
expectativas que despertó su elección a la presidencia, la Izquierda Democrática
se desplomó en las elecciones de 1992. Se auguraba un futuro difícil para la
izquierda en el país, mientras la derecha veía cómo sus dos candidatos, Jaime
Nebot y Sixto Durán Ballén, se disputaban la segunda vuelta. Ganó Durán Ballén,
quien enseguida entregó el manejo económico del gobierno a su vicepresidente,
Alberto Dahik, con el objetivo de aplicar las recetas del consenso de
Washington en una escala nunca antes vista (León Febres Cordero no pudo
impulsar el modelo neoliberal tan lejos como lo deseaba, ya que el Congreso
contaba con una mayoría opositora formada por la Izquierda Democrática y,
justamente, la Democracia Popular, junto con otros partidos menores de
izquierda: el Partido Socialista, el FADI y el MPD). Recordemos, finalmente,
que tanto Durán Ballén como Dahik eran exmilitantes socialcristianos; Durán
Ballén era, además, concuñado de León Febres Cordero. En este contexto, no debe
sorprender el giro a la derecha que operó la Democracia Popular, que se convirtió
sin tapujos al neoliberalismo más extremo. Prueba de ello fue su alianza con el
Partido Socialcristiano (al que había combatido por largos años junto con la
Izquierda Democrática) en la Asamblea Constituyente de 1997 y en el Congreso de
1998. La conversión neoliberal llegó a su apogeo durante la presidencia de
Jamil Mahuad (1998-2000), dominada por los banqueros y durante la cual se
adoptaron medidas como la creación de la AGD, el feriado bancario, el
congelamiento de fondos por un año y el salvataje bancario sin pedir garantías
a los bancos.
Tras el congreso de 1993, que consagró el giro de la
democracia cristiana hacia la derecha, Julio César Trujillo dejó el partido que
había fundado quince años antes. Enseguida se vinculó con diversas
organizaciones sociales, como los sindicatos reunidos en el Frente Unitario del
Trabajo (FUT), y especialmente el pujante movimiento indígena, considerado en
ese entonces como el más poderoso de América. Se acercó a Pachakutik, el brazo
político de la CONAIE, fundado en 1996 y fue electo diputado de la Asamblea Constituyente
de 1997, donde sus antiguos compañeros demócratas cristianos prefirieron
aliarse con la derecha socialcristiana. A pesar de que la Asamblea disponía de
una mayoría hostil a las ideas progresistas de Julio César Trujillo, logró,
junto con otros diputados, especialmente de Pachakutik, que se incluyera en la
nueva Constitución los derechos colectivos de los pueblos originarios, como el reconocimiento
de las lenguas ancestrales, de la justicia indígena y del carácter multiétnico
y pluricultural del Estado ecuatoriano.
En 2007, reconociendo su trayectoria de defensor de los
derechos humanos, el presidente Rafael Correa lo nombró miembro de la Comisión
de la verdad, junto con personajes como Elsie Monge (dirigente de la CEDHU),
Pedro Restrepo (padre de los hermanos Restrepo) y Monseñor Luna Tobar (exarzobispo
de Cuenca), con la finalidad de investigar las violaciones a los derechos humanos
en la mayor parte del último periodo democrático, desde 1984 a 2008,
especialmente durante la represiva presidencia de León Febres Cordero (1984-1988).
Durante la segunda presidencia de Correa, denunció las
violaciones a la Constitución de Montecristi por parte del gobierno, que en el
2008 había hecho campaña por ella. Entre los abusos contra los que se pronunció
se encuentran la consulta popular de 2011 que permitió al gobierno intervenir
en el sistema judicial, la cooptación de los organismo de control por parte del
ejecutivo, como la Corte Constitucional o el Consejo Nacional Electoral, el juicio de Vinicio Alvarado contra Mónica Chuji, o las
presiones del gobierno sobre la justicia para que condenara al asambleísta de
Pachakutik, Cléver Jiménez, por injuria calumniosa contra el presidente, a
pesar de su inmunidad parlamentaria.
Hace escasos meses, María Paula Romo propuso su nombre en la Asamblea para
integrar la nueva Corte Constitucional, pero su candidatura no contó con el
apoyo de la bancada del movimiento PAÍS. Su nombre ha sido varias veces propuesto,
además, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El doctorado honoris causa que la Universidad Andina decidió
otorgar a Julio César Trujillo es un justo reconocimiento a una vida de
interminable lucha por los derechos humanos. El gobierno haría bien en prestar
más atención a los análisis jurídicos de Trujillo, pero visiblemente el respeto
a la Constitución de Montecristi no se encuentra entre las prioridades del
presidente Correa que, por el contrario, ha multiplicado los ataques contra
ella (la reforma al sistema judicial mediante la consulta popular de 2011, los
anuncios de enmienda para eliminar la prohibición de los transgénicos y restringir
la acción de protección, por citar solo algunos ejemplos).
