Más allá del papel que Sixto Durán Ballén haya jugado durane la última guerra con el Perú, me parece que es imprescindible recordar lo que represento su presidencia. Durante su mandato, se intentó profundizar el modelo neoliberal, mediante tres medidas desastrosas que buscaban limitar la capacidad reguladora del Estado: el intento por privatizar las telecomunicaciones (I) y la Seguridad social (II) y la desregulación del sector financiero (III). Apoyándose en su vicepresidente, Alberto Dahik, intentó llevar el modelo neoliberal más lejos todavia que adonde había llegado el propio León Febres Cordero.
Sixto intentó privatizar las telecomunicaciones. En 1972, el Guillermo Rodríguez Lara había fundado el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), que a la vez ofrecía servicios de telecomunicaciones y regulaba este sector. Sixto dio dos pasos para privatizar el IETEL. En primer lugar, la ley de Telecomunicaciones de 1992 trasformó al IETEL en una empresa pública, EMETEL (Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones). Luego, en 1995, la reforma de la ley de 1992 separó los servicios de telecomunicaciones y la regulación del sector. Esta segunda actividad recayó en tres instancias diferentes: el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaría de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta fragmentación debilitó la potestad del Estado para regular este sector. El resultado fue, entre otros, una repartición más que cuestionable de las frecuencias de radio en los años subsiguientes. Por su lado, EMETEL se convirtió exclusivamente en proveedor de telecomunicaciones, pero se la dividió en dos sociedades anónimas con el objetivo de privatizarlas: Andinatel y Pacifictel. Por suerte, la privatización fracasó y en el 2008 ambas se fusionaron dentro de la nueva Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En otras palabras, a pesar de los esfuerzos de Sixto, a pesar de la apertura del sector de las Telecomunicaciones a la libre competencia, sigue existiendo una empresa pública.
Sixto también intentó privatizar la Seguridad Social, especialmente el sistema de jubilaciones. Intentó transformar el sistema público por repartición, basado en el principio de equidad intergeneracional, a un sistema privado por capitalización individual. En otras palabras, quiso imitar el modelo de las Agencias de Fondos de Pensiones (AFPs) que Pinochet implementó en Chile en 1980. Al menos Sixto tuvo la decencia de someter esta decisión a referéndum, mientras que Pinochet simplemente la impuso por la fuerza. En Ecuador hubo entonces una consulta popular en 1995, pero la propuesta de privatización fue rechazada por el 60% de los votos válidos y el sistema siguió siendo público hasta ahora.
Sixto aprobó, finalmente, la Ley bancaria de 1994, que liberalizó el sector bancario al extremo y creó las condiciones para que se generalizaran las prácticas cuestionables de los banqueros que constituyen una de las causas de la crisis de 1999: piramidación, préstamos vinculados, fuga de capitales a territorios off shore. Todo esto mientras el sistema político estaba directamente bajo el control de los banqueros. Recordemos que poco después del mandato de Sixto, en 1998 los banqueros ocupaban papeles de primer orden en el Estado (ministerio de Gobierno y de Finanzas, presidencia del Banco Central, Superintendencia de Bancos). En otras palabras, los banqueros controlaban las instancias encargadas de regular a… los banqueros. Por supuesto, en estas circunstancias era imposible que el Estado regulara el sector financiero. En el marco de esta desregulación, el sistema financiero ecuatoriano se volvió inestable y ya en 1996 el Banco Continental estuvo al borde de la quiebra. El Estado organizó un salvataje bancario, que finalmente sirvió de globo de ensayo para el de 1999. El Banco Central y la Junta Monetaria (de la que formaba parte Guillermo Lasso, dicho sea de paso) aprobaron el salvataje del Banco que había quebrado por el manejo cuestionable de sus dueños, la familia Trujillo-Ortega (una vez más, piramidación, movilización de fondos a paraísos fiscales). En 1996, este mini-salvataje de bancario anunciaba lo que vendría al poco tiempo: el salvataje de 1999, cuando el Estado salvó a los bancos quebrados sin ninguna contrapartida.
