Con el Lasso al cuello. La derecha se reconstituye alrededor de su mejor testaferro.

Por el momento, Guillermo Lasso emerge en esta campaña presidencial como el candidato predilecto de la derecha y el principal contendor de Rafael Correa, aunque su intención de voto aún no sea suficientemente alta como para desestabilizar al presidente. Lasso es dueño del Banco de Guayaquil, una de las principales entidades financieras del país. Con la ayuda de su poderoso banco construyó un movimiento político, Creando Oportunidades (CREO) con el que pretende llegar a la presidencia. Lasso lanzó hace algunos meses ya una millonaria precampaña para no quedar atrás de Rafael Correa, precampaña que busca desligarlo del nefasto recuerdo del feriado bancario de 1999 y de la imagen de candidato de la derecha neoliberal. A pesar de su discurso, Lasso representa en la práctica a la derecha tradicional del país, como lo demuestran tanto su propia identidad política (I), como sus alianzas electorales (II) y las prácticas de su campaña (III).

I) ¿Quién es realmente Guillermo Lasso?

La figura de Guillermo Lasso es particularmente polémica porque trae a la mente los recuerdos de los momentos más oscuros de la crisis de 1999. No abundaremos aquí sobre los pormenores de la crisis bancaria. Recordemos simplemente que para socorrer a los bancos moribundos (que se habían concentrado en actividades especulativas y en créditos vinculados desde la liberalización del sistema financiero en tiempos de Sixto Durán Ballén), el gobierno de Jamil Mahuad decretó un feriado bancario de una semana y el congelamiento de los fondos durante un año para dar un respiro a los bancos, evitar la hemorragia de retiros que estaban sufriendo y darles tiempo para recapitalizarse. Luego, con el salvataje bancario, el Estado inyectó fondos públicos en los bancos para evitar el inminente colapso del sector financiero. En realidad, muchos banqueros aprovecharon estas oportunidades para sacar dinero del país y dejar quebrar sus bancos, mientras los depositantes perdían todos sus ahorros y el Estado el dinero que había prestado a los bancos. La crisis financiera se contagió al conjunto de la economía y empobreció tanto al país que la emigración a países desarrollados se volvió masiva.

¿Por qué se relaciona a Lasso con el feriado bancario? Por su doble identidad de banquero y de servidor del gobierno de Jamil Mahuad: fue gobernador del Guayas y luego superministro de economía. Sin embargo, no existen elementos que permitan aseverar una participación directa de Lasso en el feriado bancario o que demuestren que él se benefició directamente de esta medida. Por otro lado, fue nombrado ministro en agosto de 1999, después del feriado bancario de marzo del mismo año, por lo que resulta delicado atribuirle la responsabilidad de tan nefanda decisión.

Sin embargo, “la figura de Guillermo Lasso no resulta ni marginal ni accidental” en el salvataje del Banco Continental en 1996, antecedente de lo que le esperaba al país [1]. Por lo demás, Lasso primero, en tiempos de Sixto Durán Ballén, alabó la liberalización del sector financiero que llevó a la crisis de 1998, y luego participó en el gobierno que realizó el peor atraco de la historia del país: feriado bancario, congelamiento de fondos, salvataje bancario. En realidad su participación en el gobierno de Mahuad no debe sorprender. Los banqueros aportaron millones a su campaña y luego les devolvió el favor dándoles el control del Estado, en particular de los organismos reguladores: la Junta Bancaria, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, etc.

El problema de Guillermo Lasso no es que sea banquero. En sí eso no tiene nada de malo. El problema es que Lasso es una de las cabezas visibles de un gremio que durante la crisis bancaria puso sus intereses particulares por delante de las necesidades del país, actitud que redundó en la mayor catástrofe económica a la que haya tenido que hacer frente el Ecuador. Un gremio que para defender sus intereses se alió con la derecha neoliberal (apoyó las reformas estructurales de Sixto Durán Ballén, en particular la liberalización del sector bancario; contribuyó financieramente a la campaña de Jamil Mahuad, sobre todo Fernando Aspiazu, dueño del banco del Progreso), cooptó los organismos de control del Estado (Junta Monetaria, Banco Central, Superintendencia de Bancos, etc.), apeló al regionalismo más craso para evitar cualquier atisbo de regulación (la famosa “marcha de los crespones negros” que los socialcristianos organizaron en honor a Aspiazu, que fue detenido días después…). Jamás he oído a Lasso criticar el accionar de algunos de sus colegas banqueros. Tampoco protestó cuando era gobernador del Guayas en tiempos de Mahuad. Cualquier persona con un mínimo de dignidad renunciaría para no ser partícipe de decisiones tan nefastas como el feriado bancario, el congelamiento de fondos o el salvataje bancario. Lasso no protestó, no reclamó, no renunció. De hecho, fue premiado luego con un superministerio de economía. Este ensordecedor silencio parece indicar un apoyo tácito a las medidas que se tomaron en ese entonces.

Por otra parte, Guillermo Lasso es miembro del Opus dei, institución de la Iglesia católica que ha tenido pronunciamientos desafortunados sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre la lucha de la comunidad GLBTI por la igualdad. Tengo mis dudas sobre la capacidad de un miembro del Opus dei para defender la laicidad del Estado y “garantizar la ética laica como el sustento del ordenamiento jurídico y el quehacer público” (art. 3-4 de la Constitución). Lasso ha sido demasiado vago sobre estos temas como para dar tranquilidad. Para demostrarlo, me permito citar un fragmento de una excelente carta abierta a Guillermo Lasso escrita por Verónica Potes:

“El Ecuador, yo incluida, no tiene certeza absoluta sobre su postura respecto a estos temas en concreto. Porque Ud. no es claro, señor Lasso. Ante la pregunta de si es liberal o conservador Ud. pretendió evadir el tema cuestionando la distinción izquierda/derecha […]. Sus declaraciones mínimas respeto al Estado laico y al derecho a la privacidad, no desvirtúan en nada mis serias sospechas de que llegado el momento de decidir entre acciones alternativas Ud. lo hará por las que mande su iglesia. Su actitud hasta se me hace familiar. Vea a Rajoy en España: liberal de media tinta durante la campaña electoral, conservador de raigambre a la hora de la verdad en estos temas. 

Personas como Ud. no la tienen fácil con personas como yo –que hace rato no tengo 20 años y no doy saltitos de entusiasmo ante discursos vacuos de libertad/justicia/derechos humanos/laicismo, sino que demando propuestas concretas. Yo veo realidades, analizo conductas, su cercanía al Opus Dei me dice bastante. 

Mientras Ud. pomposamente ofrece cerveza los domingos, el municipio de Nebot a cuyo partido Ud. le ha ofrecido apoyo en las elecciones de asambleístas ha emprendido una campaña de cierre de bares en Guayaquil, en algunos casos, a cuenta de que no son bares sino maricotecas –discotecas de maricones en la jerga popular. 

Así que, ya ve, razones para sospechar me sobran” [2].

Efectivamente, sobran las razones de sospechar, no sólo por el fondo muy conservador, ver reaccionario, de Lasso con los temas de derechos sexuales y reproductivos y de diversidad sexo-genérica, sino también por las personas o grupos con los que Lasso quiere aliarse. Este banquero es, por excelencia, la encarnación del sistema patriarcal/corporativista de Antiguo Régimen que aún subsiste bajo ciertas formas en el Ecuador y que la derecha siempre ha defendido.

II) El reciclaje socialcristiano

Lasso ha señalado en reiteradas ocasiones que no es el candidato de la derecha porque no cree en las ideologías y ya no le parece pertinente la distinción entre derecha e izquierda. Considera que, con pragmatismo, se debe rescatar lo mejor de ambas tendencias para formar una fanesca política por el bien del país. Pero querer complacer a la derecha y a la izquierda es imposible y es una muestra de inconsistencia ideológica y falta de dirección política. En el caso de la minería a gran escala, por ejemplo, ¿qué lado escogería? ¿el de las comunidades indígenas que preservan la Amazonía o el del capital transnacional?. No se puede escoger a ambos. Hay que desconfiar de los que buscan contentar a todo el mundo. En política, hay que tomar decisiones y asumirlas, y estas se toman en función de una ideología. Temerle a la palabra ideología es un error. La ideología no es más que un conjunto de ideas que sirve de herramienta para interpretar el mundo y un conjunto de ideas que uno busca defender. Si Lasso dice que no tiene ideología, es porque no tiene una visión del mundo ni ideas que defender.

En realidad, la postura de Lasso tiene una función bien definida: evitar que el elector identifique al candidato con el feriado bancario, cuya responsabilidad siempre se atribuye a la derecha aliada de la banca y a las políticas neoliberales aplicadas en el Ecuador en los años 1990. Este discurso sobre el pragmatismo y la obsolescencia de la distinción entre derecha e izquierda es muy abundante entre los actores políticos de derecha que no quieren asumir su identidad política. Si se presta atención al discurso de Mauricio Rodas, otro representante de la nueva derecha, las semejanzas son notables. Quienes se identifican con la izquierda, por el contrario, asumen perfectamente su identidad, como Ruptura, la Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas e incluso el Movimiento PAÍS y sus aliados (otra cosa es que se pueda dudar de la pertenencia de PAÍS a la izquierda).

No obstante, esta fachada de pragmatismo no debe engañar. Detrás del discurso, Lasso ha agrupado a su alrededor a los vestigios de la antigua derecha ecuatoriana, demócrata cristiana y sobre todo socialcristiana. El desplome de los partidos tradicionales después de la revuelta de los forajidos, la elección de Rafael Correa y el proceso constituyente, produjo una reorientación de la estrategia de la derecha tradicional, que ya no busca presentarse directamente a las elecciones bajo las siglas del PSC o la DP-UDC, ni presentar candidato presidencial propio. En este contexto, Guillermo Lasso, una figura aparentemente nueva en política, es el testaferro ideal de la derecha. Para esta última, la candidatura de Lasso se convirtió en la ocasión perfecta para reciclar a sus viejas figuras a través de alianzas entre CREO y movimientos provinciales presentados como independientes, para deshacerse del estigma que pesa sobre los antiguos grandes partidos de derecha (PSC y DP-UDC).

Los ejemplos abundan. Después de su visita a Jaime Nebot, Guillermo Lasso anunció que CREO no presentaría candidaturas a la Asamblea Nacional en Guayas, sino que apoyaría a las listas de Madera de Guerrero. Este movimiento fue creado por grandes figuras del PSC, como Jaime Nebot o Cinthia Viteri. CREO formará además alianzas con dos movimiento provinciales fundados por ex socialcristianos: Machete, de Manabí, creado por Leonardo Viteri, ex alcalde de Bahía de Caráquez y actual asambleísta, y Tiempo de Cambio en Tungurahua, de Luis Fernando Torres, ex alcalde de Ambato y ex diputado, ambos siempre electos por el PSC hasta ahora. En Loja, la alianza es con el movimiento provincial Conciencia Ciudadana, dirigido por el asambleísta Rafael Dávila, que no es un ex socialcristiano, sino un antiguo diputado demócrata cristiano de la DP electo junto a Mahuad en 1998.

Los acercamientos con algunos desertores ideológicos de la izquierda (un sector de la Izquierda Democrática, con Andrés Páez y Henry Llanes a la cabeza, y Auki Tituaña de Pachakutik, que prefieren aliarse con la derecha que con Alberto Acosta y la Unidad Plurinacional) le dan a la candidatura de Lasso una falsa pátina de consenso interpartidista que supera las diferencias ideológicas. En realidad, Lasso representa al viejo fondo socialcristiano que se niega a morir.

En suma, por más que Lasso se esfuerce por encarnar una renovación política, en la práctica es simplemente el representante de la derecha tradicional, no sólo por sus convicciones más profundas (cf. I) o por las personas que frecuenta (cf. II), sino también por las prácticas políticas que han caracterizado su campaña.

III) Nuevos rostros, viejas prácticas

A pesar de su discurso presuntamente renovador, Guillermo Lasso no hace sino reproducir varias de las viejas prácticas políticas tan desacreditadas de los últimos treinta años de democracia.

En primer lugar, no se puede negar el aspecto puramente personalista del proyecto de CREO. No es un movimiento serio que se funde sobre la voluntad de ofrecerle una alternativa real al país. Como tantos otros, se creó con la simple finalidad de permitir una candidatura presidencial, en este caso, la de Lasso. En ese sentido, CREO es igual que el PRE de Abdalá Busaram, el PRIAN de Álvaro Noboa, PAÍS de Rafael Correa, EQUIPO de Fabricio Correa, SUMA de Mauricio Rodas, partidos que se fundaron para auspiciar una candidatura presidencial y cuyo proyecto empieza y termina con su respectivo líder. El procedimiento debe ser inverso: crear un movimiento, dotarlo de sólidos principios ideológicos, darle organicidad y luego reflexionar sobre las candidaturas. Ese es el camino que ha seguido Ruptura. Ese es el camino que siguieron los demás partidos de izquierda cuando decidieron formar la Unidad Plurinacional.

La candidatura de Lasso recuerda el sistema político anterior a la Constitución de Montecristi, cuando era candidato, y presidente, el que más dinero tenía, porque era el que más pautas publicitarias podía comprar en los medios. Según la Constitución, la campaña debe ahora financiarse con fondos públicos equitativamente repartidos, para que todos los candidatos estén en igualdad de condiciones y no sea el tamaño de sus billeteras lo que determine el resultado. En la práctica no es así, porque no existe regulación que limite el dinero que se gasta en precampaña. Guillermo Lasso se queja del uso de fondos públicos por parte del presidente para promocionar su imagen, pero él ya ha gastado unos 5 millones de dólares en precampaña, ¡más incluso que Correa! No se escatiman recursos para promocionar la imagen del banquero, pero CREO es incapaz de pagar a los encuestadores que contrató [3]. Lasso usó ingentes sumas de dinero sólo para promocionar su libro, Otro Ecuador es posible, comprando incluso anuncios gigantes en formato A1 en algunos periódicos.

No se puede justificar una campaña millonaria de esta índole aduciendo que sólo se busca promocionar un libro o dar a conocer su nombre. Es evidente que hay una clara intención política detrás: ganar terreno haciendo una costosa precampaña que recurra a una pulida estrategia de marketing. Lasso quiere aparacer como el candidato de la moderación, la tolerancia y la apertura, el defensor de las libertades y el promotor del desarrollo. Lo demuestra el título de su libro, Otro Ecuador es posible. Se retoma el lema de los movimientos altermundialistas, que se encuentran a las antípodas ideológicas de Lasso y que creen que "otro mundo es posible". Una manera más de confundir al elector intentando hacerle olvidar su pertenencia a la derecha. Finalmente, si Correa tiene el Estado, pues Lasso tiene un poderoso banco, Noboa tiene una bananera, Avanza tiene el IESS; mientras que Ruptura o la Coordinadora de Izquierdas disponen de escasos recursos y hacen política seria, una política de ideas.

Por otro lado, Lasso recurre a ofrecimientos populistas que no se basan en ningún sustento técnico sino en su popularidad. Entre las perlas está, por supuesto, la propuesta de aumentar el bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares, medida que se financiaría con el dinero que el gobierno actual gasta en propaganda. "Ni más ni menos, Lasso aplicó el peor recetario de los políticos tradicionales cada vez más aborrecidos, precisamente por sus prácticas clientelares: ofreció el cielo en cómodas cuotas mensuales pagaderas con fondos de los contribuyentes" [3]. Para un banquero neoliberal que durante años fue acerbo crítico de cualquier tipo de subsidio, es bastante curioso. La respuesta del presidente no se hizo esperar. Reaccionó declarando que el aumento se lo haría antes de las elecciones, pero se lo financiaría con las utilidades de la banca, que rompieron récords el año pasado. Cada uno apuntó su golpe a uno de los aspectos más polémicos del otro candidato (el excesivo gasto publicitario del presidente, la pertenencia de Lasso al sector bancario). Luego, Lucio Gutiérrez señaló que ambos le habían robado su idea y que él pretendía aumentar el bono a 80 dólares. Acto seguido, el PRE también anunció lo propio. ¿Quién da más? ¿Y por qué 50 dólares para los unos, 80 para los otros? ¿Por qué no 45, 60 o 100? Ninguno de los candidatos justificó su propuesta con alguna razón técnica para determinar el nivel al que era necesario aumentar el bono. Se trata simplemente de una manera de granjearse vilmente el apoyo de las clases populares que dependen de este programa de transferencia de efectivo. Y Lasso fue el que abrió el baratillo de ofertas. Nunca se le oyó, además, darle un sentido más incitativo al bono, contrariamente a Alberto Acosta, quien propuso transformarlo en una ayuda para proyectos productivos comunitarios. Señaló igualmente que se debía condicionar su entrega a la compra de productos de primera necesidad en los almacenes populares donde se vendan los artículos de los pequeños productores locales, en vez de que sirva para adquirir artículos importados.

Otra de las viejas prácticas políticas más cuestionables son los intentos por dividir al movimiento indígena, que ha sido, en las últimas dos décadas, el principal obstáculo a la aplicación del ajuste neoliberal en el país. Los gobiernos de turno han hecho lo posible por debilitar a su principal expresión, la CONAIE y Pachakutik, ofreciendo puestos a sus principales dirigentes. Cuando Pachakutik dejó el gobierno de Lucio Gutiérrez, este procedió a nombrar al ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, ministro de bienestar social. Por su lado, Correa reforzó su alianza con Mariano Curicama en Chimborazo a pesar de la ruptura con Pachakutik y nombró a Ricardo Ulcuango embajador en Bolivia. Lasso no se quedó atrás y nombró a Auki Tituaña, ex alcalde de Cotacachi, como su compañero de fórmula.

La aceptación de Tituaña no debe sorprender. Desde hace algún tiempo venía considerando que el movimiento indígena, con tal de hacerle frente al gobierno de Correa, debía acercarse a la derecha neoliberal, su adversario ideológico natural, encarnada en la persona de Jaime Nebot, y a la élite empresarial guayaquileña, representada por Joyce de Ginatta. Sin embargo, lo que llama la atención es la amplitud de su traición y de su doble discurso: mientras estaba en negociaciones secretas con Lasso, invitaba a Alberto Acosta a un recorrido por Atuntaqui y Cotacachi y estaba en conversaciones para presidir la lista de candidatos a la Asamblea Nacional de la Unidad Plurinacional en Imbabura. Tituaña finalmente renunció a presentarse como binomio de Lasso. La lección que nos deja este episodio es que las dádivas de la derecha a algunos dirigentes indígenas y la ambición personal de estos son una triste combinación (cabe especial mención para el caso de Lourdes Tibán, que independientemente de las críticas que se pueda formular contra ella, rechazó ser el binomio de Álvaro Noboa).

En pocas palabras, a pesar del discurso sobre la renovación, las libertades, el desarrollo, Lasso representa a la derecha rancia del país que, en un momento de continua debilidad desde que Correa llegó al poder, busca nuevas estrategias para volver al primer plano, renovando su imagen para deshacerse de los viejos estigmas que arrastra, pero con los mismos personajes y las mismas ideas. La derecha encontró en Lasso a su testaferro ideal: una figura presuntamente nueva en el ámbito político, capaz de estimular la novelería del electorado, para defender sus ideas trasnochadas. En suma, Lasso es un hombre peligroso que no debe ser subestimado: es el nuevo avatar de lo que queda del sistema patrimonial/gremialista de Antiguo Régimen que procesos históricos como la gesta independentista, la Revolución liberal, la Revolución juliana y, en sus inicios, la Revolución ciudadana fueron progresivamente desmantelando.

P.D.: Por último, y para aligerar el tono, les recomiendo esta cuenta de Twitter si es que prefieren reír antes que llorar: @CholassoGuille, https://twitter.com/CholassoGuille.

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[1] Sobre el caso del Banco Continental, ver: Hernán Ramos, “Por los laberintos del banquero Guillermo Lasso, I”, blog del autor: Rienda suelta. Apuntes de Hernán Ramos, 28 de septiembre de 2012, http://ramoshernan.blogspot.fr/2012/09/por-los-laberintos-del-banquero.html

[2] Verónica Potes, “Carta abierta al candidato Lasso”, Gkillcity, 21 de octubre de 2012, http://www.gkillcity.com/index.php/el-chongo/1096-carta-abierta-al-candidato-lasso
[3] "Encuastadores reclaman pago de quincena a dirigentes del movmiento CREO", Radio Tarqui, 22 de noviembre de 2012,
http://www.radiotarqui.com.ec/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=10300
[4] Hernán Ramos, “Guillermo Lasso fue por lana, los banqueros salieron trasquilados”, Rienda suelta. Apuntes de Hernán Ramos, 21 de noviembre de 2012,
http://ramoshernan.blogspot.fr/2012/11/guillermo-lasso-fue-por-lana-los.html?spref=tw

La "rainbow nation" vs. el patriarcado blanco heterosexual: las evoluciones sociales y demográficas juegan a favor de la coalición demócrata.

El presente artículo no tiene por objeto defender las propuestas del partido demócrata, ni evaluar el magro desempeño de Barack Obama en algunos ámbitos en los últimos cuatro años, ni señalar las promesas de campaña de 2008 abandonadas a medio camino, sino procurar entender la composición del electorado demócrata que le garantizó a Obama la reelección. Lo que salta a la vista al analizar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado martes es la diversidad del electorado demócrata y la relativa uniformidad del electorado republicano.

Una alianza intergeneracional

El presidente obtuvo uno de sus mejores resultados entre los jóvenes. Los menores de 30 años le otorgaron 60% de sus votos, casi diez puntos más que su promedio nacional. Por el contrario, Mitt Romney obtuvo su votación más alta entre los mayores de 65 años, con el 56% de los votos, resultado que da la imagen de un partido arcaico, enquistado en el pasado. Esta elección acentuó la fractura política entre, por un lado, los millennials, las generaciones que empezaron a llegar a los 18 años a partir de 2000, y por otro, los baby-boomers y las generaciones más ancianas. El electorado joven es más urbano, más abierto, más sensible a los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, a las temáticas ecologistas y al modelo multicultural, temáticas por las que el partido republicano jamás ha mostrado el más mínimo interés. Los jóvenes son también más diversos y menos blancos (el peso de las minorías étnicas, ampliamente favorables a los demócratas, es mayor que en el resto de la población, cf. infra), mientras que la generación del baby-boom y la generación anterior son en cambio más uniformemente blancas y tienen una visión más tradicional del país.

Una alianza de género

Obama perdió entre los hombres, pero ganó de largo entre las mujeres, sector mayoritario del electorado (53% de los votantes), con una ventaja de 11 puntos frente a Romney. Es lo que señalaban las encuestas, a pesar de que algunas parecían indicar en las últimas semanas que tal vez Romney podía cerrar la brecha. El resultado no debe sorprender. El partido republicano adoptó una posición radical en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto se cristalizó en la convención del partido republicano en Tampa, cuando se decidió impulsar una reforma constitucional para prohibir el aborto en todos los casos, sin excepción, anulando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Roe vs. Wade de 1973 (sentencia por la cual se obligó a todos los estados de la Unión que aún no lo habían hecho a despenalizar el aborto en todos los casos). Romney incluso dijo que estaría encantado de firmar una ley que dejara sin efecto dicha sentencia.

En las últimas semanas de campaña, al ver el persistente retraso que acumulaba entre las mujeres, Romney intentó moderar su discurso diciendo que en realidad no quería criminalizar el aborto en los casos más graves (violación, incesto, peligro para la vida de la madre). Esta declaración no surtió ningún efecto positivo: el mal ya estaba hecho y además sus vaivenes programáticos mermaron su credibilidad. Por lo demás, mientras se esforzaba por ocultar su hostilidad hacia las mujeres, candidatos republicanos al senado aupados por el Tea Party hicieron declaraciones que encerraron al partido republicano en la imagen de un partido machista y enemigo de los derechos de las mujeres: Todd Akin, en Missouri, dijo que existían “violaciones legítimas”, y Richard Mourdock en Indiana explicaba que los embarazos frutos de una violación eran “la voluntad de Dios”. Ambos perdieron frente a sus rivales demócratas por un margen superior a 15 puntos para el primero y a 5 puntos para el segundo.

En este contexto, era lógico que Obama, en una campaña en la que insistió sobre el fomento a las oportunidades económicas para las mujeres, el acceso de estas al sistema de salud y la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, consolidara su ventaja entre las mujeres, que le otorgaron su voto en un 55%. Los resultados entre las mujeres jóvenes, las universitarias, y las mujeres no casadas fue aún mayor: dos tercios de este grupo apoyó al presidente.

Obama también logró sus mejores resultados en la comunidad LGBT, donde obtuvo las tres cuartas partes de los votos. Se trata de un fragmento importante del electorado (5% de los votos), sobre todo en una elección tan reñida. El respaldo que Obama dio al matrimonio igualitario en mayo y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT que asumió el partido demócrata, que presentó además varios candidatos homosexuales a la Cámara de Representantes y al Senado, crearon las condiciones para una amplísima victoria del presidente entre las minorías sexuales, frente al discurso homofóbico de los republicanos.

Una alianza multiétnica

Pero el triunfo del presidente fue contundente no sólo en las minorías sexuales, sino también en las minorías étnicas. Obama perdió entre los blancos, pero es un sector del electorado que ha retrocedido (del 74 al 72% del total de votantes), mientras obtuvo una clamorosa victoria en las minorías étnicas (más del 80% de los votos), un fragmento del electorado en plena expansión.

Obama retrocedió en los dos grupos en los que había obtenido sus mejores resultados en el electorado blanco en 2008: los blancos con educación universitaria y los blue collar workers blancos (básicamente trabajadores de la industria). Sin embargo, el presidente obtuvo suficientes votos en estos sectores para ganar, sobre todo en los swing states donde el peso demográfico de las minorías étnicas es anécdótico, como Virginia y Ohio. Este último ejemplo es emblemático. En este estado, la campaña de Obama insistió sobre el rescate que su gobierno ofreció al sector automotriz para salvarlo de la crisis, un sector clave en la economía de varios estados del Midwest, como  Michigan, Illinois y Ohio. Por el contrario, en su momento, Romney se opuso al plan y llegó a decir que prefería dejar quebrar a Detroit. Su oposición no se debía a su filosofía económica (dejar que quiebren las empresas ineficientes), sino a su hostilidad congénita a cualquier atisbo de organización laboral: no más industria automotriz en el Midwest, no más mano de obra organizada en poderosos sindicatos. Su posición, empero, le costó caro. Concretamente, le costó el estado de Ohio. Obama aprovechó al máximo su diferencia con Romney en este terreno, y su campaña en ese sentido le aseguró la victoria en este codiciado estado.

Sin embargo, a nivel nacional, Romney ganó entre los blancos, pero existe un desequilibrio regional que permite precisar este resultado. Obama se mantiene en un nivel más que aceptable entre los blancos que no son del Deep South (47%), pero queda lejos detrás de su contrincante entre los blancos sureños, con un magro 27% (¡veinte puntos menos que su promedio en el resto del país!). En otras palabras, la debilidad del partido demócrata no son los blancos, son, antes que nada, los blancos del Sur.

Desde que los demócratas salieron en defensa de la lucha por los derechos cívicos de los afroamericanos en los años 60, los republicanos han explotado el miedo hacia los afros de los electores blancos conservadores del sur para ganar votos. Lamentablemente para ellos, el voto blanco ya no basta para llegar a la Casa Blanca. El discurso racista de los republicanos, especialmente en el sur, ha causado enorme resentimiento entre los electores afroamericanos, que desde hace décadas votan masivamente por los demócratas. En esta elección, Obama obtuvo el respaldo de 93% de los afros, que representan el 13% del electorado, es decir la principal minoría entre los electores (aunque sean la segunda del punto de vista demográfico, detrás de los latinos, que tienen mayor tendencia a la abstención). Obama perdió en el Deep South, pero arrasó con todo en los condados rurales de las orillas del Mississippi, donde hay una gran presencia afro. Ganó además en ciudades con una importante población negra como Saint-Louis, Nueva Orleans o Chicago.

La comunidad hispana es la minoría de crecimiento más rápido en Estados Unidos y llegó a representar el 10% del electorado en las elecciones del martes, un récord en la historia del país. La identificación del electorado hispano con el partido demócrata se ha acentuado en los últimos treinta años, a pesar de la reforma migratoria muy liberal que aprobó Reagan en 1986 y que permitió la legalización de millones de inmigrantes latinoamericanos. Pero esta tendencia se ha acelerado desde la presidencia de George W. Bush, quien espantó a los latinos con sus restrictivas políticas migratorias. A esto se añadió la infame ley migratoria de Arizona, adoptada en el 2010. La campaña de Romney profundizó el divorcio entre los republicanos y el electorado latino. Romney dijo que la ley de Arizona era un ejemplo para todo el país y recomendó a los inmigrantes clandestinos auto-deportarse. Por supuesto, los electores latinos son ciudadanos estadounidenses y, por ende, no inmigrantes indocumentados, pero perciben el discurso republicano contra la inmigración como un ataque hacia toda la comunidad hispana. Muchos son, además, hijos de inmigrantes clandestinos, especialmente los electores más jóvenes, o tienen familiares y amigos, o por lo menos parientes de parientes y amigos de amigos, que se encuentran en situación irregular. En este contexto, Obama logró 71% de los votos hispanos, resultado superior incluso al de 2008. El apoyo latino fue decisivo para ganar en estados como Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida.

La exacerbación del subconsciente racista de una parte de los Estados Unidos por parte del partido republicano llevó a la minoría asiática a apoyar con amplísimo margen al presidente, con el 73% de los votos. Obama también fue respaldado con el 58% de los votos de los judíos, un excelente resultado, a pesar de que representa un retroceso de diez puntos en relación a 2008 y a pesar de las crecientes fricciones entre Obama y Netanyahu. La comunidad judía representa un electorado más urbano y más cosmopolita que la media, y por lo tanto más favorable al partido demócrata.

Si se suman los excelentes resultados del presidente entre los afros, los latinos y los asiáticos, se descubre que un poco menos de la mitad de los electores de Obama, un 42%, pertenecen a las minorías étnicas, que representan, en cambio, un fragmento residual del electorado republicano.

Características transversales de la coalición

Obama ganó de largo también el electorado urbano (62%), donde justamente se concentran los jóvenes, las minorías sexuales y las minorías étnicas. Su victoria en varios swing states como Ohio, Colorado y Florida, se debe a los excelentes resultados que obtuvo en las grandes ciudades (Cincinnati y Cleveland en Ohio; Denver en Colorado; Orlando, Tampa, y sobre todo Fort Lauderdale y Miami en Florida). Incluso en los estados en los que perdió, ganó en las grandes ciudades. En Texas, por ejemplo, se impuso con dificultad en Houston, pero con un margen más importante en Dallas, Austin, San Antonio y El Paso. Los resultados obtenidos por Obama en algunas ciudades parecen genuinamente soviéticos: 74% en Denver y en Chicago, 83% en el centro de Saint Louis, 83% en San Francisco, 85% en Philadelphia y 91% en Washington D.C.

Obama también ganó en las clases más desfavorecidas, donde las minorías étnicas están sobrerepresentadas, que se beneficiaron del Obamacare y consideraban injusta la propuesta de los republicanos de bajar aún más los impuestos de los más ricos. En este sector entran además los blue collar workers, muchos de los cuales lograron mantener su puesto de trabajo gracias al salvataje de la industria automotriz auspiciado por Obama (cf. supra). El presidente ganó entre las familias en las que por lo menos un miembro pertenece a un sindicato, frente al discurso republicano hostil a cualquier atisbo de organización laboral, la negociación colectiva, los funcionarios y los servicios públicos (recordemos la polémica ley por la que Scott Walker, gobernador republicano de Wisconsin, restringió drásticamente las posibilidades de negociación colectiva de los empleados públicos en 2011).

A pesar de las profundas decepciones que representó para todos estos sectores la primera presidencia de Obama, arriesgarse a llevar a Romney al poder era suicida. Obama debe entonces su victoria a los jóvenes, las mujeres, las minorías sexuales y las minorías étnicas, una variopinta alianza intergeneracional, de género y multiétnica que recuerda a la rainbow nation de Sudáfrica. No existe, por lo tanto, un elector arquetípico de Obama.

Conclusión

Un resultado final tan apretado ha llevado a algunos republicanos a pensar que la derrota se debe a detalles coyunturales (la eficiencia de la propaganda de Obama a la que la propaganda republicana no logró responder de manera adecuada, un candidato mediocre, la actuación del presidente en el huracán Sandy, que opacó la campaña de Romney, alguna declaración desafortunada del candidato presidencial o de los candidatos al senado por el partido republicano, etc.). Pero la explicación de la derrota responde a causas estructurales que revelan la incapacidad del partido republicano para entender a la sociedad estadounidense moderna. Nunca el partido republicano pareció estar tan lejos de las mujeres, los jóvenes, las minorías sexuales y étnicas, los más pobres, en pocas palabras, de los tradicionalmente excluidos por el patriarcado blanco, de quien el partido republicano parece ser hoy el mayor adalid. La estrategia republicana que consistía en buscar a toda costa el voto blanco, sin preocuparse de los demás sectores del país, o incluso estigmatizándolos, está a todas luces en completo desfase con las evoluciones demográficas de los Estados Unidos. Si Obama no tiene un elector arquetípico, Romney sí lo tiene: es un hombre blanco heterosexual casado, maduro o mayor de 65 años, muy religioso, de preferencia evangélico, solvente del punto de vista financiero, que vive en los suburbios residenciales de las grandes ciudades o en zonas rurales.

El castigo electoral fue particularmente severo para los representantes del Tea Party: a las derrotas anteriormente mencionadas de Richard Mourdock y Todd Akin en dos estados conservadores donde la elección parecía jugada de antemano, se suman la de Scott Brown (senador de Massachussetts electo en 2010 con el apoyo del Tea Party, aunque luego moderó su discurso) y las de Allen West en Florida y Joe Walsh en Illinois (que habrán servido como representantes por un breve periodo de dos años). En cuanto a Michele Bachmann, miembro emblemático del Tea Party, fundadora del Tea Party Caucus en la Cámara de representantes, precandidata presidencial en las primarias republicanas de este año, conservó su escaño tras una agónica victoria en su circunscripción de Minnesota.

Por el contrario, el partido demócrata nunca pareció estar tan acorde con la sociedad estadounidense. Por primera vez, en la bancada demócrata de la Cámara de representantes, los hombres blancos serán minoritarios (47%). La mayoría serán mujeres, entre las cuales hay dos budistas (las primeras en la historia de la Cámara), miembros de las minorías étnicas y unos cinco homosexuales. Los resultados para el Senado también son alentadores. De los nuevos senadores demócratas, la mayoría son mujeres. De estas, cuatro se convirtieron en las primeras senadoras de sus respectivos estados (Hawai, Wisconsin, Dakota del Norte y Massachussets). Las victorias demócratas más simbólicas en el Senado son la de Mazie Hirono en Hawai, primera asiática en llegar al Senado, la de Tammy Baldwin en Wisconsin, primera senadora lesbiana, y la clamorosa victoria de Elizabeth Warren en Massachusetts, abogada feminista y progresista, profesora de Harvard, enemiga declarada de Wall Street, y una de las nuevas estrellas del partido demócrata y la izquierda estadounidense.

En suma, la victoria de Obama no es el resultado de la multiplicación de promesas sectoriales para satisfacer a los diferentes fragmentos de su electorado, sino de un discurso unitario pero respetuoso de la diversidad en el que los diferentes componentes de la sociedad estadounidense pueden reconocerse. Esta estrategia y las evoluciones demográficas del país favorecerán al partido demócrata en los próximos años. De hecho, ya lo están haciendo: el partido demócrata ha ganado 5 de las 6 últimas elecciones presidenciales (incluso la de 2000, cuando Al Gore ganó la votación popular, pero Bush obtuvo mayoría en el colegio electoral). Hay 18 estados en los que los demócratas han ganado en todas las elecciones desde 1992 (junto con el distrito de Columbia), y suman 242 grandes electores de los 270 necesarios para obtener la presidencia. Para conseguir los 28 restantes bastan apenas unos cuantos swing states (sólo Florida tiene 29). Los riesgos no son inexistentes, empero: algunos elementos de esta coalición tienen más tendencia a abstenerse, sobre todo en elecciones intermedias, como los latinos o los jóvenes. Sin embargo, las estructuras sociales estadounidenses parecen estar del lado demócrata a mediano y tal vez largo plazo, mientras el partido republicano no modere sus posturas políticas para mejorar sus resultados en los segmentos del electorado que le son esquivos. En cada elección, ingresan al electorado millones de electores de 18 a 22 años, en gran mayoría demócratas. Del mismo modo, se prevé que el peso de las minorías étnicas siga creciendo, de 28% del electorado este año a probablemente 31% en 2016 y tal vez 34% en 2020. Más allá de las decepciones que pueda causar la primera presidencia de Obama, su reelección, a más de ser un alivio, sacudió las bases del patriarcado blanco heterosexista como nunca antes.

¿Energía nuclear o sumak kawsay?

Tras su elección como candidato de la Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas, Alberto Acosta puntualizó sus diferencias con el gobierno de Rafael Correa en materia ambiental. Señaló, entre otras cosas, que no aceptaría el desarrollo de un programa nuclear civil en el país. Su posición contrasta con la de Rafael Correa, conspicuo defensor del polémico programa nuclear iraní, a nombre del derecho de cada país a desarrollar programas nucleares con fines pacíficos. Pero no contento con salir en defensa de Irán, el presidente Correa ha afirmado, en reiteradas ocasiones, que el gobierno exploraría la posibilidad de recurrir a la energía nuclear en el país. Incluso se firmó en el 2009 un convenio de cooperación con Rusia para poner en marcha un programa de desarrollo nuclear con fines pacíficos. En el 2011, después del terremoto y el tsunami que asolaron a Japón, el presidente señaló que la catástrofe de Fukushima no impediría que el gobierno siguiera estudiando la viabilidad de un proyecto nuclear civil. La pregunta es: ¿queremos realmente desarrollar la energía nuclear en el país?

Los defensores del átomo señalan que se trata de una energía limpia, ya que no produce gases de efecto invernadero. Sin embargo, el problema de los desechos radioactivos y el de la extracción del uranio contradicen esta idea. Uno de los rompederos de cabeza más agudos de la energía nuclear, es el manejo de los desechos radioactivos, pues parte de ellos tardan muchísimo tiempo en perder su nocividad. Pero lo único que se puede hacer es ponerlos bajo tierra, esperando que no se produzca ningún contratiempo (como un terremoto que destruya los contenedores subterráneos) hasta que dejen de ser peligrosos.

Por otra parte, para alimentar un reactor se necesita uranio. Hay dos opciones para conseguirlo: importarlo, lo que compromete la soberanía energética del país, o extraerlo en el Ecuador, pero para el efecto habría que recurrir a la minería a gran escala. No abundaremos aquí sobre los riesgos ambientales y sociales de la mega-minería ni insistiremos sobre cómo esta es incompatible con los derechos de la naturaleza consagrados en la actual Constitución, pues ya se lo ha hecho hasta la saciedad. Nos contentaremos con decir que si la energía nuclear requiere minería a cielo abierto y produce deshechos nucleares extremadamente peligrosos, entonces no es la panacea ecológica que el presidente quiere vender.

Al impacto ambiental de la energía nuclear, se añade el riesgo que supone la presencia de un reactor nuclear en un país sísmico como el Ecuador. Por más avanzada que esté la tecnología, nunca se puede descartar la posibilidad de un accidente. Dos catástrofes tan graves como las de Chernóbil y Fukushima en dos de los cuatrocientos reactores que existen en el mundo en sólo 25 años es una tasa demasiado alta para ser ignorada. Que un país tan desarrollado como Japón quede totalmente indefenso frente a un accidente nuclear también debería hacer reflexionar.

Rechazar la energía nuclear no implica considerar que la tecnología es mala, como lo piensa el presidente. Por el contrario, descartar la solución nuclear es dar un paso decisivo hacia la modernización energética del país. La energía nuclear es una energía del pasado. Varios países europeos han decidido renunciar definitivamente a esta opción, como Suiza, Austria o Bélgica. En Italia, mediante sendos referéndums organizados después de las catástrofes de Chernóbil y de Fukushima, primero se suspendió la producción de energía nuclear para 1990 con cerca de 80% de los votos válidos, y luego, tras los intentos de Berlusconi de dar marcha atrás, se confirmó la prohibición de la energía nuclear con el 94% de los votos válidos. Ambas consultas populares fueron vinculantes pues tuvieron una participación superior al 50%. En Alemania, un país con un poderosísimo movimiento antinuclear, la coalición de social-demócratas y verdes que llegó al poder en 1998 decidió cerrar todas las plantas nucleares del país a más tardar en el 2022. Luego, Angela Merkel intentó prolongar por algunos años más la vida de la mayoría de los reactores, pero las multitudinarias manifestaciones anti-nucleares que se produjeron en Alemania tras la catástrofe de Fukushima obligaron al gobierno a dar marcha atrás y confirmar la vigencia de la ley aprobada por social-demócratas y ecologistas. En otras palabras, en diez años, Alemania habrá cerrado su última planta nuclear.

El caso de Francia es más delicado. En este país, la energía nuclear tiene un peso mucho mayor, pues representa alrededor del 75% de la producción nacional de energía, y es considerada como un instrumento de independencia y soberanía del país (el iniciador del programa nuclear militar y civil francés fue Charles de Gaulle, defensor a ultranza de la grandeur de Francia). Tras intensos debates, el partido socialista, hoy en el poder, llegó a un acuerdo con los verdes de cara a las elecciones de 2012, no para abandonar la energía nuclear, como lo reclamaban los ecologistas, pero por lo menos para reducir la proporción de la energía nuclear en la producción nacional de energía de cerca del 75% a menos del 50% para el 2025. La contraparte a todos estos programas de suspensión o reducción de la producción de energía nuclear es la adopción de ambiciosos planes de estímulo al desarrollo de energías renovables.

De aprobarse un programa nuclear civil en el Ecuador, se evidenciaría un doble atraso. Primero a nivel de la decisión: mientras el gobierno ecuatoriano explora la solución nuclear, varios países europeos ya decidieron dejarla de lado definitivamente. Luego, a nivel de los hechos: el propio presidente afirmó que no se desarrolla un programa nuclear civil de la noche a la mañana, y que habría que esperar unos 15 años hasta que se inaugure el primer reactor. Es decir que empezaríamos a generar energía nuclear unos tres o cuatro años después de que Alemania haya dejado de usarla... El Ecuador empezaría a producir energía nuclear precisamente cuando varios países europeos estarán cerrando sus últimos reactores.

El Ecuador debería seguir el ejemplo de estos países y no embarcarse en una aventura nuclear de la que justamente varios Estados europeos están intentando salir a mediano plazo, más aún cuando el Ecuador dispone de alternativas. El Ecuador posee un inmenso potencial en materia de energías renovables, como la energía hidroeléctrica. Pero la solución no son los megaproyectos como la represa Coca-Codo-Sinclair, que tendrá un impacto sobre el turismo por la destrucción de la cascada de San Rafael, sobre la fauna y la flora por la alteración del caudal del río, o sobre las finanzas públicas (pues es un proyecto muy costoso, financiado por la deuda china). Se debe privilegiar un sistema energético descentralizado, menos vulnerable, más cercano a los ciudadanos y las comunidades, con un impacto ambiental mínimo, mediante proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana escala, a lo que habría que añadir la energía solar, eólica, geotérmica y mareomotriz que el Ecuador podría explotar con mucho provecho.

Los biocombustibles también son una alternativa, siempre y cuando provengan de desechos orgánicos y no de plantaciones. Las plantaciones dedicadas a los biocombustibles responden a un sistema basado en una producción intensiva y el monocultivo, que favorece a los grandes hacendados, empobrece la tierra y alienta la desforestación. Sería lamentable reproducir en el Ecuador la expansión indiscriminada de las plantaciones de palma que acabaron con el bosque tropical de Borneo, una de las regiones más biodiversas del mundo. Se trata de un sistema basado, además, en el uso de organismos genéticamente modificados: buena parte de los transgénicos del mundo se usan en las plantaciones de biocombustibles. Además, el desarrollo de estos se produce, por lo general, en detrimento de la producción de alimentos, y crea una tendencia al alza de los precios agrícolas, por lo que atenta contra la soberanía alimentaria que protege la Constitución de Montecristi.

A todas luces, el Ecuador dispone de numerosas alternativas energéticas. Simplemente hace falta voluntad política para que sean viables. No parece ser el caso del gobierno que, por el contrario, privilegia mega-proyectos hidroeléctricos, no excluye el desarrollo de un programa nuclear y proclama de interés nacional la producción de biocombustibles. Una vez más, queda al descubierto la contradicción entre el discurso del gobierno sobre los derechos de la naturaleza y su errática política energética y ambiental.

Transgénicos y novelerías

En la última sabatina, el presidente Correa criticó la declaratoria del Ecuador como territorio libre de semillas y cultivos transgénicos que se encuentra en la Constitución, a la que calificó de novelería. Lamentaba no haberse impuesto en el buró político de Alianza PAÍS cuando se tomó una decisión al respecto en tiempos de la Asamblea Constituyente. Según él, esa era una idea del entonces presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, ecologista infantil recalcitrante, a la que él no supo sobreponerse. Un ataque más contra la Constitución, el sumak kawsay y los derechos de la naturaleza. No abundaremos aquí sobre los potenciales riesgos sanitarios que implican los transgénicos, por el momento en buena medida desconocidos, sino que preferiremos alimentar la discusión con algunos elementos corolarios.

Al parecer, al presidente no le parecen suficientes las excepciones contempladas en la Constitución, pues en caso de interés nacional, puede permitir la introducción de transgénicos al país, previa autorización de la Asamblea Nacional. La mayoría que se requiere es simple, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando en realidad, al tratarse de un tema tan delicado se debería contar con el mayor consenso posible. Lo ideal sería que se requiera una mayoría de dos tercios. En todo caso, al presidente no le costaría mucho armar una mayoría dispuesta a introducir transgénicos al país, pues dudo que a las bancadas de la derecha, como la del PRIAN o la del PSC les interese la prohibición constitucional de los transgénicos. De modo que no se entienden estas declaraciones fuera del contexto electoral: probablemente se trataba de una manera de desprestigiar a Alberto Acosta, presentándolo como un ecologista radical y dogmático, justo en el momento en que su designación como candidato presidencial de la Coordinadora de las Izquierdas parecía inminente.

Contrariamente a lo que dijo el presidente, es un mito creer que las semillas transgénicas permiten a los cultivos estar a salvo de duras condiciones climáticas, como las heladas. Los transgénicos están diseñados básicamente para resistir a las plagas y los herbicidas. Acción Ecológica señala, de hecho, que el 70% de los transgénicos en el mundo son en realidad soya resistente al glifosato [1]. Es curioso ver a un gobierno que, con acierto, criticó duramente las fumigaciones con glifosato operadas por el ejército colombiano a lo largo de la frontera y que incluso llevó el caso a la corte de La Haya, formular ahora el deseo de introducir cultivos transgénicos que permitan generalizar su uso en todo el país. El problema de las fumigaciones con glifosato no era sólo de soberanía o de destrucción de los cultivos de los campesinos ecuatorianos que viven cerca de la frontera, era también una cuestión de salud pública, pues el glifosato ponía en riesgo la salud de los habitantes de la zona. Por lo tanto, resulta inconsecuente y peligroso pretender ahora generalizar ese riesgo sanitario a todo el país.

Por otra parte, si el 70% de los transgénicos corresponde a la soya resistente al glifosato, ¿cuál es el plan detrás de la intención gubernamental de permitir el uso de organismos genéticamente modificados? ¿Convertirnos en grandes productores de soya, al estilo de Brasil, Argentina o Paraguay? Para el efecto, los cultivos de soya requerirían grandes extensiones de tierra que por el contrario podrían usarse para la producción de alimentos. El riesgo de que la producción nacional de alimentos sea insuficiente para el consumo y de que, por ende, sea necesario recurrir a las importaciones, es más elevado. Este esquema contradiría entonces el principio de soberanía alimentaria inscrito en la Constitución.

Pero imaginemos que al gobierno no le interese la introducción de soya, sino más bien de maíz transgénico, para beneficiar a los pequeños productores (digo imaginemos porque el presidente no ha dado mayores precisiones al respecto). Uno de los mayores problemas del maíz transgénico, y de cualquier semilla genéticamente modificada en general (a más del desconocido riesgo sanitario que implica), es que las semillas son caras y duran por lo general un ciclo, lo que obliga a los campesinos a comprar constantemente semillas y los pone bajo la dependencia de los grandes grupos distribuidores de semillas transgénicas de los países desarrollados, como Monsanto. Para un gobierno que se jacta de ser antiimperialista y que no cesa de criticar a las transnacionales, es bastante peculiar.

Después de designar a la prohibición de los transgénicos en la Constitución como una novelería, los siguientes en la lista sean tal vez la consulta previa, la plurinacionalidad, la soberanía alimentaria, la imprescriptibilidad de los delitos ambientales o los propios derechos de la naturaleza. Dios, ¡sálvanos de las novelerías de los ecologistas infantiles!

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[1] “Acción Ecológica rechaza posibilidad de incrementar transgénicos en Ecuador”, Ecuadorinmediato, 3 de septiembre de 2012,  http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=180718&umt=accif3n_ecolf3gica_rechaza_posibilidad_de_incrementar_transge9nicos_en_ecuador

¿Montecristi vive?

El gobierno toca a rebato contra una Constitución que le resulta cada vez más incómoda

La Constitución de Montecristi es sin duda la más avanzada que ha tenido el Ecuador, pues, para sólo citar algunos ejemplos, instaura el Estado constitucional de derechos y justicia y el Estado plurinacional, garantiza la separación de poderes y la despolitización de la justicia y los organismos de control, prohíbe el corporativismo en estos últimos, crea mecanismos para procesar las diferencias en democracia (como la "muerte cruzada" o la revocatoria de mandato), reafirma la laicidad del Estado, consagra al sumak kawsay como valor supremo, con todo lo que eso implica (una amplísima lista de derechos y garantías y la proclamación de la naturaleza como sujeto de derechos). Sin embargo, su aplicación ha sido azarosa y la hostilidad del gobierno de Rafael Correa en su contra no ha cesado de crecer, a tal punto que, como lo señala María Paula Romo, la Constitución de Montecristi está ahora herida de muerte [1].

No obstante, en sus inicios, la revolución ciudadana se asentaba en cinco pilares, de los que el primero era la revolución constitucional, presentada como urgente. El gobierno hizo todo por convocar lo más rápido posible a una Asamblea Constituyente y luego hizo campaña a favor de la Constitución que esta redactó. Pero, como ha advertido Alberto Acosta en reiteradas ocasiones, no es ningún secreto que en cuanto la Constitución de Montecristi fue aprobada por una amplia mayoría del pueblo, el gobierno empezó a considerarla cada vez más como una camisa de fuerza de la que trata incesantemente de zafarse. Los ataques contra la nueva Constitución han sido numerosos, pero nos limitaremos a los que nos parecen más sintomáticos de la esquizofrenia del gobierno.

El primer gran golpe asestado contra la Constitución fue la ley de minería, aprobada a finales de 2008, cuando la Constitución apenas tenía algunas semanas de vigencia. El gobierno obtuvo la aprobación de una ley que permitía la minería a gran escala, a pesar de que esta es inconstitucional, en virtud de los derechos de la naturaleza y los principios del sumak kawsay, consagrados en la Constitución. El doble discurso es evidente: el gobierno dice defender los derechos de la naturaleza, pero es el que firma el primer contrato de minería a gran escala. La única ventaja era que por lo menos el Estado se quedaba con la mayor parte de los beneficios de la extracción minera. Pero en las últimas semanas, frente a las quejas de una empresa minera canadiense de que las regalías del Estado son demasiado altas, el ministro de recursos no renovables ya anunció que propondrá cambios a la ley para favorecer a las transnacionales mineras.

Otro ejemplo de lo incómoda que le resulta a Correa la Constitución que él mismo defendió, es el irrespeto a la declaratoria constitucional del Ecuador como un Estado laico. En vez de ser un conspicuo defensor de la laicidad del Estado, como lo ordena la Constitución, el gobierno muestra poco interés por seguir las huellas de Alfaro, a quien, sin embargo, pretende emular. Por el contrario, no muestra interés en denunciar los varios convenios que el Ecuador suscribió con la Santa Sede y que son anticonstitucionales, como el convenio de fortalecimiento espiritual que las Fuerzas Armadas mantienen con el Vaticano y, sobre todo, el Modus vivendi. Además, el presidente deja que sus convicciones religiosas guíen sus decisiones públicas y no la ética laica que, según la Constitución, el Estado debe garantizar como fundamento del ordenamiento jurídico y el quehacer público [2].

Los ataques se volvieron más reiterados y virulentos en los últimos dos años. La consulta popular del 7 de mayo de 2011 fue el punto de quiebre. La consulta puso en duda la caducidad de la prisión preventiva (inscrita en la Constitución desde 1998 y, mucho antes, en el Pacto de San José), la separación de poderes y la despolitización de la justicia y los organismos de control (el presidente reconoció que iba a “meterle mano” a la justicia) y el principio anticorporativista según el cual los regulados no pueden ser los reguladores (la consulta proponía que el Fiscal general y el presidente de la Corte Nacional de Justicia formen parte del Consejo de la Judicatura). La cooptación de los organismos de control y la debilidad institucional del país impidieron a la Corte Constitucional defender estos principios básicos de la Constitución, situación agravada por la importancia que tiene la Corte en un Estado constitucional de derechos y justicia. La consulta popular fue el zafarrancho de combate con el que el gobierno llamó a sus partidarios a iniciar un ataque sistemático contra los principios básicos de la Constitución, lo que precipitó la salida de la última organización de izquierda autónoma que quedaba en el Movimiento PAÍS, Ruptura de los 25, y acentuó las divergencias con la oposición de izquierda que se reagrupó en la Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas, liderada por Alberto Acosta. Tanto la Ruptura como la Coordinadora se presentan hoy día como alternativas electorales al Movimiento PAÍS, de cara a las elecciones de febrero de 2013.

El proyecto de nuevo Código penal es sin duda otro de los golpes mortales que el gobierno ha dado a la Constitución de Montecristi. Cediendo a las peores presiones socialcristianas (o queriendo anticiparlas), el gobierno redactó un proyecto de ley que es una verdadera oda al populismo penal y revela la falta absoluta de una política criminológica clara, de técnica jurídica y de dosimetría penal. Bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia, se quiere hacer creer que tipificar delitos que en realidad ya están contemplados en nuestra legislación penal (como el sicariato o el secuestro express, aunque no consten con esa denominación) y convertir cualquier comportamiento en delito permitirá reducir los niveles de inseguridad. Es decir que en vez de tener fiscales y jueces combatiendo la corrupción, luchando contra el crimen organizado o resolviendo los casos de delitos contra la vida (en los que hay una impunidad del 98% en el país), tendremos fiscales y jueces persiguiendo a mujeres que abortan, empleadores que no afilian a sus trabajadores al Seguro, personas que infringen los límites de velocidad, tienen servicio de cable pirateado o que incluso podan el árbol de su casa, y a quienes protesten contra el gobierno (mediante el delito de asonada, que sanciona a quienes, de manera tumultuaria, exijan a la autoridad el cumplimiento de sus funciones). En suma, este proyecto de ley contradice el principio de la intervención penal mínima del Estado, inscrito en la Constitución. Por el contrario, se busca hacer el uso máximo del poder punitivo del Estado.

El último ataque contra la Constitución fueron las declaraciones del presidente en la última sabatina, cuando calificó de novelería la prohibición constitucional del uso de organismos genéticamente modificados y la declaratoria del Ecuador como país libre de cultivos y semillas transgénicos. El presidente dijo arrepentirse de no haberse impuesto en el debate que sobre este tema se produjo en el buró político de Alianza PAÍS en tiempos de la Constituyente, para frenar esta novelería, defendida por Alberto Acosta, ecologista infantil recalcitrante. Parecen no bastarle las excepciones que establece la Constitución: “en caso de interés nacional”, el presidente puede pedir autorización a la Asamblea Nacional para introducir transgénicos en el país (art. 401). A más de atacar de nuevo las grandes innovaciones de la Constitución, Correa olvida que la Asamblea Constituyente tenía plenos poderes, lo que, según sus propias palabras, convertía a su presidente, Alberto Acosta, en el hombre más poderoso del país. Correa no tenía, pues, legitimidad para imponer su criterio a la Asamblea soberana.

¿Cuál será el próximo paso? ¿Declarar que la iniciativa Yasuní ITT también es una novelería de los ecologistas infantiles y que el tiempo y los recursos gastados en este proyecto estéril es todo culpa de Alberto Acosta? No debería sorprender. Correa ya anunció en repetidas ocasiones que si no se recolectaban los fondos previstos por el gobierno para el fideicomiso, el gobierno optaría por el plan B, que consiste en explotar el petróleo del Yasuní, no importa si con tal decisión se vulneran los derechos de la naturaleza y de los pueblos no contactados o la consulta previa, todos reconocidos en la Constitución.  De hecho, este plan B parece ser en realidad el plan A del gobierno, que promueve la iniciativa Yasuní ITT pero al mismo tiempo hace todo para que fracase. Contrasta con esta posición la propuesta de Alberto Acosta de elaborar un plan C, que consiste en llevar el tema del Yasuní ITT a consulta popular, y su compromiso de que, de ser electo presidente, no explotará el petróleo del Yasuní, haya o no dinero. De su lado, María Paula Romo propuso en la Asamblea que se suspenda la explotación petrolera en el Bloque 31, ya que se encuentra en un área protegida, y que se lo incluya en la iniciativa Yasuní ITT [3].

¿A qué se debe el ensañamiento del gobierno con la Constitución de Montecristi? En realidad, lo que hace la Constitución es establecer límites al proyecto autoritario del gobierno, basado en la concentración de poderes. Surge entonces una contradicción: a pesar de un discurso que se pretende progresista, el gobierno procura alejarse paulatinamente de los principios que defendió al comienzo y que lo llevaron al poder, . En términos más coloquiales, Correa y su gobierno son, según Alberto Acosta, como esos conductores irresponsables que ponen el direccional a la izquierda, pero luego giran a la derecha [4].

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[1] Entrevista a María Paula Romo, El Comercio, Quito, 12 de agosto de 2012, http://www.elcomercio.com/politica/buenas-ideas-Constitucion-borde-desprestigio_0_753524708.html.

[2] Para mayor información sobre los ataques a la laicidad por parte del gobierno, ver mi artículo: “De la República del corazón de Jesús a… la República del corazón de Jesús (1860-2012). Laicidad y Revolución ciudadana”, http://alexismedinag.blogspot.com/2012/04/de-la-republica-del-corazon-de-jesus-la.html.

[3] María Paula Romo, "El Bloque 31 y el parque nacional Yasuní", 1 de ferbrero de 2012, http://paularomo.blogspot.com/2012/02/el-bloque-31-y-el-parque-yasuni.html.

[4] “Alberto Acosta es elegido candidato presidencial por las izquierdas”, Ecuavisa, 3 de septiembre de 2012, http://www.youtube.com/watch?v=cwlaDdyc4AA, 1:02-1:08.

El aborto y el nuevo Código Penal

A fines de junio del presente año, empezó, en el pleno de la Asamblea Nacional, el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. No abundaré aquí sobre las graves deficiencias tanto del proyecto enviado por el ejecutivo, como del proyecto presentado por la Comisión de Jusiticia de la Asamblea, ni sobre la escasa técnica jurídica, la ausencia de una política criminológica coherente ni la falta de dosimetría penal que los caracterizan [1].

Buena parte del debate se centró en la propuesta de la Comisión de otorgar a todas las mujeres la posibilidad de abortar en caso de violación. El Código Penal actual, al igual que el proyecto del presidente, sanciona al aborto, salvo en dos casos: cuando está en riesgo la vida y salud de la madre y cuando el embarazo es producto de violación a “mujer idiota o demente”. Por supuesto, “esta calificación a todas luces es absurda”, señala María Paula Romo. “Sobran los argumentos éticos y constitucionales para apoyar esta reforma […] se deben proteger los derechos de las mujeres a la libertad, integridad física, sicológica, sexual, a tomar decisiones sobre su vida reproductiva, a su proyecto de vida, entre otros. Además es necesario avanzar en el sentido de mayor respeto a la soberanía de las mujeres y su capacidad ética para decidir sobre su maternidad” [2].

Sin embargo, sorprendentemente, esta propuesta causó polémica, antes que nada en la bancada del Movimiento PAÍS. ¿Quién desató este viejo debate, que tiene tendencia a reeditarse (la última vez fue en Montecristi)? La repuesta es Rolando Panchana, quien dedicó casi toda su primera intervención a criticar la posibilidad que cualquier mujer violada aborte. El argumento invocado era que la justicia es incapaz de determinar si una mujer fue violada o no, sobre todo porque la despenalización del aborto en todos los casos de violación permitiría que las mujeres mientan alegando violación para poder abortar [3]. Más allá de la indignación que causan estas palabras, es necesario refutar el discurso de Rolando Panchana.

Democracia y heroismo

En su intervención, Rolando Panchana señaló que su madre quedó embarazada de manera involuntaria a los 44 años y que ella decidió llevar a cabo su embarazo y dar a luz, a pesar de su edad, su delicado estado de salud (siete operaciones a cuestas y una doble escoliosis), los riesgos que en su caso representaba el embarazo y las recomendaciones de los médicos [4]. Por más conmovedor que pueda sonar este caso, no puede servir de argumento en el debate sobre el aborto. Si la madre de Rolando Panchana decidió dar a luz a pesar de todo, era su decisión. Adoptar comportamientos dignos de héroes o de mártires es prerrogativa absoluta de las ciudadanas y los ciudadanos, y el Estado tiene que garantizar esta opción, pero no puede esperar una conducta semejante de parte de todas las personas.

La democracia no es el régimen político de los héroes. Un Estado democrático no puede exigirles a los ciudadanos y las ciudadanas comportamientos heroicos. No puede exigirle a una mujer que lleve a cabo un embarazo no deseado, máxime si es el resultado de una violación. En ese sentido, vale la pena consultar la aclaración de voto a la Sentencia C-647/01 de la Corte Constitucional de Colombia, que es un referente para la región:

“La mujer que como consecuencia de una vulneración de tal magnitud a sus derechos fundamentales [una violación] queda embarazada no puede jurídicamente ser obligada a adoptar comportamientos heroicos, como sería asumir sobre sus hombros la enorme carga vital que continuar el embarazo implica, ni indiferencia por su valor como sujeto de derechos, como sería soportar impasiblemente que su cuerpo, contra su conciencia, sea subordinado a ser un instrumento útil de procreación. Lo normal y ordinario es que no sea heroína e indiferente. […] No puede ser obligada a procrear ni objeto de sanción penal por hacer valer sus derechos fundamentales y tratar de reducir las consecuencias de su violación o subyugación” [5].

También es conveniente leer la sentencia C-355/06 de la misma Corte:

“Llevar el deber de protección estatal a la vida en gestación en estos casos excepcionales hasta el extremo de penalizar la interrupción del embarazo, significa darle una prelación absoluta a la vida en gestación sobre los derechos fundamentales comprometidos de la mujer embarazada, especialmente su posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo no consentido. Una intromisión estatal de tal magnitud en su libre desarrollo de la personalidad y en su dignidad humana, privaría totalmente de contenido estos derechos y en esa medida resulta manifiestamente desproporcionada e irrazonable. La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo, y por tanto el consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la de la mujer en todos los sentidos” [6].

Consideraciones formales para el debate sobre el aborto

Para llevar a cabo el debate sobre el aborto, es necesario plantear dos reglas metodológicas. Primero, se debe reconocer que el aborto es un asunto de salud pública, y no un tema con el que deban interferir las convicciones religiosas. En un Estado democrático y laico, la ley y la moral no pueden coincidir, puesto que la moral es múltiple: si la ley escoge una de las varias morales existentes, estaría imponiéndola a todos, lo cual resulta inaceptable. De modo que los posicionamientos morales no pueden servir de argumentos en este debate, sino sólo las consideraciones jurídicas [7].

En segundo lugar, es necesario recordar la necesidad de una lectura integral de la Constitución. Uno de los argumentos de quienes defienden la prohibición total del aborto o las excepciones contempladas en el actual Código Penal, es que la Constitución de Montecristi declara que el Estado protege la vida desde la concepción. Sin embargo, como señala María Paula Romo, “es una falacia plantear que [este debate] se resuelve con un artículo de la Constitución. La primera regla de interpretación constitucional es la interpretación integral o global; o sea que hay que leer toda la Constitución para llegar a una conclusión respecto de si es constitucional o no determinada norma” [8]. No se puede resolver el debate comparando el proyecto de Código Penal con un artículo de la Constitución, porque si no, se podría invocar, por ejemplo, el artículo 43.3, sobre la protección prioritaria a la vida de la mujeres embarazadas [9], que indica: “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia el derecho a la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto” [10].

Tampoco está demás señalar que la Corte Constitucional de Colombia decidió que no se podía penalizar a una mujer que abortara después de una violación, a pesar de que la constitución colombiana también señala que se debe proteger la vida desde la concepción.

Es curioso, finalmente, ver a quienes hicieron campaña contra la Constitución de Montecristi acusándola de “abortista”, como los grupos mal llamados “pro vida”, que en realidad deberían llamarse anti derechos, invocarla precisamente para decir que el aborto es anticonstitucional.

Aborto libre, seguro y gratuito para todas

Avenida Orellana y 6 de Diciembre, Quito

Sería saludable, empero, como propone Rosana Alvarado, ampliar el debate: no sólo hablar del aborto terapéutico o en caso de violación, sino sobre su despenalización en todos los casos, de modo a garantizar un aborto libre, seguro y gratuito para todas.

Probablemente uno de los argumentos más contundentes a nuestro favor es que la penalización del aborto es una medida jurídicamente ineficiente. En efecto, cada año, entre 90 mil y 100 mil mujeres abortan en el Ecuador, por más de que se intente convencerlas de que el aborto es un delito o un pecado. (Eso significa que, en lo que va de este siglo, por lo menos unas 800 mil mujeres habrán abortado en el Ecuador. Me niego a considerar que ese ingente número de mujeres son delincuentes.) En otras palabras, la penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres, pues, al tratarse de una práctica ilegal, los abortos se producen en condiciones sanitarias deplorables. Y si un aborto clandestino no mata necesariamente, por lo menos puede afectar gravemente la salud de una mujer: el aborto mal practicado es la principal causa de morbilidad entre las mujeres ecuatorianas. Una aclaración final: los abortos mal practicados no conciernen, evidentemente, a las mujeres más adineradas que, de ser el caso, tienen la posibilidad de abortar en Miami, por ejemplo. Las principales víctimas de la penalización del aborto son las mujeres pobres.

Por supuesto, no faltará una mente machista dispuesta a declarar que la despenalización del aborto acentuaría la degeneración de la sociedad, pues las mujeres, al tener la posibilidad de abortar libremente, actuarían de manera irresponsable en su vida sexual. Pero practicar un aborto es un acto difícil y traumático para las mujeres, y no una decisión que se tome a la ligera. Como lo indica María Paula Romo, considerar “que la despenalización significa casi la recomendación de la suspensión del embarazo como método anticonceptivo, o la idea de que cuando el aborto se despenaliza es la primera alternativa de todas la mujeres, eso es seguir subestimando la capacidad ética de las mujeres para tomar decisiones” [11].

Es reconfortante ver que varias asambleístas de PAÍS hayan tenido la valentía política de desafiar los discursos misóginos de los patriarcas de su movimiento, como Rafael Correa, Rolando Panchana o Juan Carlos Casinelli. Asambleístas como Gina Godoy, María Soledad Vela, Paola Pabón, y, por supuesto, Rosana Alvarado, pero también Virgilio Hernández, no dudaron en expresar públicamente su desacuerdo con Correa, Panchana o Casinelli. Fuera del movimiento PAÍS, también es digna de mención la posición de María Paula Romo. Pero, lamentablemente, de poco servirán la indignación, los discursos y los argumentos de las asambleístas de PAÍS, pues Correa ya anunció que vetaría el artículo del proyecto de la Comisión que busca despenalizar el aborto en todos los casos de violación, para mantener la aberrante denominación de mujer “idiota o demente”. Por supuesto, es poco probable que se reúnan los votos necesarios (dos tercios de los diputados) para sobreponerse al veto presidencial. La posición de Correa no debe sorprender, empero. En el fondo, en lo que tiene que ver con reformas de sociedad y en materia penal, Correa es un socialcristiano, como se lo demostrará próximamente.

Para que quede claro el retraso que tienen el Ecuador y sus actuales dirigentes en el tema del aborto, es necesario referirse al ejemplo de Francia. En este país, no fue un gobierno de izquierda que obtuvo la despenalización del aborto en 1975, sino uno de derecha: el presidente Valéry Giscard d’Estaing y su ministra de Salud, Simone Veil, prepararon un proyecto de ley de despenalización del aborto. Sin embargo, en el parlamento, la mayoría presidencial estaba muy dividida en torno al proyecto de ley. Este tuvo que ser aprobado con el apoyo de los votos de la oposición socialista y comunista, que respaldaba masivamente la despenalización del aborto. Aquí, en cambio, políticos que se dicen de izquierda ofrecen una oposición al aborto digna de los más oscuros miembros del Opus dei. De hecho, en Francia, los únicos en defender posiciones semejantes a las de Rolando Panchana, son los personeros de la Iglesia católica y los dirigentes más recalcitrantes del Frente Nacional, el partido de la extrema derecha. En otras palabras, como lo afirma Juan Cuvi, “el dogmatismo teológico con que Correa y un grupo de jerarcas de AP acaban de clausurar el debate sobre el aborto los coloca, en términos ideológicos, a la derecha de la derecha francesa de los años 70” [12].

En suma, el aborto es una cuestión de salud pública. Las convicciones religiosas no deben interferir en este debate. En ese sentido, coincidimos con Rosana Alvarado: “quienes quieran vivir de moralinas y quienes quieran mantener actitudes pacatas con temas de salud pública, que se confiesen el domingo” [13].

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[1] Para mayor información es recomendable leer: María Paula Romo, Informe de minoría para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, Quito, junio de 2012, http://www.slideshare.net/paularomo/informe-de-minora-del-proyecto-de-cdigo-orgnico-integral-penal.

[2] Ibid., p. 23.

[3] Rolando Panchana, Intervención en el pleno de la Asamblea Nacional en el primer de bate del libro primero del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, Quito, 28 de junio de 2012, http://www.youtube.com/watch?v=Phyddiw2ogQ&list=PL77E5C7D51DC21C56&index=6&feature=plpp_video, 6:07-7:45.

[4] Rolando Panchana, Intervención en el pleno de la Asamblea Nacional en el primer de bate del libro primero del proyecto de Código Orgánica Integral Penal, Quito, 4 de julio de 2012, http://www.youtube.com/watch?v=KsTBlZdk2-Y&list=PLF8A3264E1EE7F7F0&index=5&feature=plpp_video, , 0:20-1:18.

[5] Corte Constitucional de Colombia, Aclaración de voto a la sentencia C-647/01, Bogotá, 20 de junio de 2001, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/query.idq, subrayado nuestro.

[6] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-355/06, Bogotá, 10 de mayo de 2006, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm

[7] No insistiré sobre este punto, pues conviene mejor leer el siguiente artículo, que explica los argumentos jurídicos a favor de la despenalización del aborto: Fabián Pozo, http://fabianpozo.blogspot.com/2011/05/el-derecho-abortar-entre-moral-y.html.

[8] María Paula Romo, Intervención en el pleno de la Asamblea Nacional en el primer debate del libro primero del proyecto de Código Orgánica Integral Penal, Quito, 11 de julio de 2012,

http://www.youtube.com/watch?v=q7dMhdhmJqo&list=PLA51C25707CE4AC04&index=23&feature=plpp_video, 0:52-1:17.

[9] Ibid., 2:02-2:17.

[10] Constitución del Ecuador, art. 43.3, 2008.

[11] Intervención de María Paula Romo en el desayuno de trabajo sobre la soberanía del cuerpo organizado por la Asamblea Constituyente de Montecristi, http://www.youtube.com/watch?v=_44a0jMu874&list=PL00CE0CEEFA690274&index=4&feature=plpp_video, 2:32-2:53, sin fecha exacta, probablemente mayo o junio de 2008.

[12] Juan Cuvi, “Del aborto”, El Comercio, Quito, 21 de julio de 2012, p.10.

[13] Rosana Alvarado, Intervención en el pleno de la Asamblea Nacional en el primer debate del libro primero del proyecto de Código Orgánica Integral Penal, Quito, 11 de julio de 2012, http://www.youtube.com/watch?v=0Wegoy9JJEs&list=PL2BACB52FB71EBE96&index=22&feature=plpp_video, 4:45-4:59.