El
gobierno toca a rebato contra una Constitución que le resulta cada vez más incómoda
La Constitución
de Montecristi es sin duda la más avanzada que ha tenido el Ecuador, pues, para
sólo citar algunos ejemplos, instaura
el Estado constitucional de derechos y justicia y el Estado
plurinacional, garantiza la separación de poderes y la despolitización de
la justicia y los organismos de control, prohíbe el corporativismo en estos
últimos, crea mecanismos para procesar las diferencias en democracia
(como la "muerte cruzada" o la revocatoria de mandato), reafirma la
laicidad del Estado, consagra al sumak kawsay como valor supremo, con
todo lo que eso implica (una amplísima lista de derechos y garantías y la
proclamación de la naturaleza como sujeto de derechos). Sin embargo, su aplicación ha sido azarosa y la
hostilidad del gobierno de Rafael Correa en su contra no ha cesado de crecer, a
tal punto que, como lo señala María Paula Romo, la Constitución de Montecristi
está ahora herida de muerte [1].
No obstante, en
sus inicios, la revolución ciudadana se asentaba en cinco pilares, de los que
el primero era la revolución constitucional, presentada como urgente. El
gobierno hizo todo por convocar lo más rápido posible a una Asamblea
Constituyente y luego hizo campaña a favor de la Constitución que esta redactó.
Pero, como ha advertido Alberto Acosta en reiteradas ocasiones, no es ningún
secreto que en cuanto la Constitución de Montecristi fue aprobada por una
amplia mayoría del pueblo, el gobierno empezó a considerarla cada vez más como
una camisa de fuerza de la que trata incesantemente de zafarse. Los ataques
contra la nueva Constitución han sido numerosos, pero nos limitaremos a los que
nos parecen más sintomáticos de la esquizofrenia del gobierno.
El primer gran
golpe asestado contra la Constitución fue la ley de minería, aprobada a finales
de 2008, cuando la Constitución apenas tenía algunas semanas de vigencia. El
gobierno obtuvo la aprobación de una ley que permitía la minería a gran escala,
a pesar de que esta es inconstitucional, en virtud de los derechos de la naturaleza y
los principios del sumak kawsay,
consagrados en la Constitución. El doble discurso es evidente: el gobierno dice defender los derechos de la naturaleza, pero es el que firma el primer contrato de minería a gran escala. La única ventaja era que por lo menos el Estado
se quedaba con la mayor parte de los beneficios de la extracción minera. Pero
en las últimas semanas, frente a las quejas de una empresa minera canadiense de
que las regalías del Estado son demasiado altas, el ministro de recursos no
renovables ya anunció que propondrá cambios a la ley para favorecer a las transnacionales
mineras.
Otro ejemplo de
lo incómoda que le resulta a Correa la Constitución que él mismo defendió, es
el irrespeto a la declaratoria constitucional del Ecuador como un Estado laico.
En vez de ser un conspicuo defensor de la laicidad del Estado, como lo ordena
la Constitución, el gobierno muestra poco interés por seguir las huellas de
Alfaro, a quien, sin embargo, pretende emular. Por el contrario, no muestra
interés en denunciar los varios convenios que el Ecuador suscribió con la Santa
Sede y que son anticonstitucionales, como el convenio de fortalecimiento
espiritual que las Fuerzas Armadas mantienen con el Vaticano y, sobre todo, el Modus vivendi. Además, el presidente
deja que sus convicciones religiosas guíen sus decisiones públicas y no la
ética laica que, según la Constitución, el Estado debe garantizar como
fundamento del ordenamiento jurídico y el quehacer público [2].
Los ataques se
volvieron más reiterados y virulentos en los últimos dos años. La consulta
popular del 7 de mayo de 2011 fue el punto de quiebre. La consulta puso en duda
la caducidad de la prisión preventiva (inscrita en la Constitución desde 1998
y, mucho antes, en el Pacto de San José), la separación de poderes y la
despolitización de la justicia y los organismos de control (el presidente
reconoció que iba a “meterle mano” a la justicia) y el principio
anticorporativista según el cual los regulados no pueden ser los reguladores
(la consulta proponía que el Fiscal general y el presidente de la Corte
Nacional de Justicia formen parte del Consejo de la Judicatura). La cooptación
de los organismos de control y la debilidad institucional del país impidieron a
la Corte Constitucional defender estos principios básicos de la Constitución,
situación agravada por la importancia que tiene la Corte en un Estado
constitucional de derechos y justicia. La consulta popular fue el zafarrancho
de combate con el que el gobierno llamó a sus partidarios a iniciar un ataque
sistemático contra los principios básicos de la Constitución, lo que precipitó
la salida de la última organización de izquierda autónoma que quedaba en el
Movimiento PAÍS, Ruptura de los 25, y acentuó las divergencias con la oposición
de izquierda que se reagrupó en la Coordinadora Plurinacional para la Unidad de
las Izquierdas, liderada por Alberto Acosta. Tanto la Ruptura como la
Coordinadora se presentan hoy día como alternativas electorales al Movimiento PAÍS, de cara a las elecciones de febrero de 2013.
El proyecto de
nuevo Código penal es sin duda otro de los golpes mortales que el gobierno ha
dado a la Constitución de Montecristi. Cediendo a las peores presiones
socialcristianas (o queriendo anticiparlas), el gobierno redactó un proyecto de
ley que es una verdadera oda al populismo penal y revela la falta absoluta de
una política criminológica clara, de técnica jurídica y de dosimetría penal.
Bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia, se quiere hacer creer que
tipificar delitos que en realidad ya están contemplados en nuestra legislación
penal (como el sicariato o el secuestro express,
aunque no consten con esa denominación) y convertir cualquier comportamiento en
delito permitirá reducir los niveles de inseguridad. Es decir que en vez de
tener fiscales y jueces combatiendo la corrupción, luchando contra el crimen
organizado o resolviendo los casos de delitos contra la vida (en los que hay
una impunidad del 98% en el país), tendremos fiscales y jueces persiguiendo a
mujeres que abortan, empleadores que no afilian a sus trabajadores al Seguro, personas
que infringen los límites de velocidad, tienen servicio de cable pirateado o
que incluso podan el árbol de su casa, y a quienes protesten contra el gobierno
(mediante el delito de asonada, que
sanciona a quienes, de manera tumultuaria, exijan a la autoridad el cumplimiento
de sus funciones). En suma, este proyecto de ley contradice el principio de la
intervención penal mínima del Estado, inscrito en la Constitución. Por el
contrario, se busca hacer el uso máximo del poder punitivo del Estado.
El último
ataque contra la Constitución fueron las declaraciones del presidente en la
última sabatina, cuando calificó de novelería
la prohibición constitucional del uso de organismos genéticamente modificados y
la declaratoria del Ecuador como país libre de cultivos y semillas transgénicos.
El presidente dijo arrepentirse de no haberse impuesto en el debate que sobre
este tema se produjo en el buró político de Alianza PAÍS en tiempos de la
Constituyente, para frenar esta novelería,
defendida por Alberto Acosta, ecologista infantil recalcitrante. Parecen no
bastarle las excepciones que establece la Constitución: “en caso de interés
nacional”, el presidente puede pedir autorización a la Asamblea Nacional para
introducir transgénicos en el país (art. 401). A más de atacar de nuevo
las grandes innovaciones de la Constitución, Correa olvida que la Asamblea
Constituyente tenía plenos poderes, lo que, según sus propias palabras,
convertía a su presidente, Alberto Acosta, en el hombre más poderoso del país.
Correa no tenía, pues, legitimidad para imponer su criterio a la Asamblea
soberana.
¿Cuál será el
próximo paso? ¿Declarar que la iniciativa Yasuní ITT también es una novelería
de los ecologistas infantiles y que el tiempo y los recursos gastados en este
proyecto estéril es todo culpa de Alberto Acosta? No debería sorprender. Correa
ya anunció en repetidas ocasiones que si no se recolectaban los fondos
previstos por el gobierno para el fideicomiso, el gobierno optaría por el plan
B, que consiste en explotar el petróleo del Yasuní, no importa si con tal
decisión se vulneran los derechos de la naturaleza y de los pueblos no
contactados o la consulta previa, todos reconocidos en la Constitución. De hecho, este plan B parece ser en realidad el plan A del gobierno, que promueve la iniciativa Yasuní ITT pero al mismo tiempo hace todo para que fracase. Contrasta con esta posición la propuesta de Alberto Acosta de elaborar un plan
C, que consiste en llevar el tema del Yasuní ITT a consulta popular, y su
compromiso de que, de ser electo presidente, no explotará el petróleo del
Yasuní, haya o no dinero. De su lado, María Paula Romo propuso en la Asamblea que se suspenda la explotación petrolera en el Bloque 31, ya que se encuentra en un área protegida, y que se lo incluya en la iniciativa Yasuní ITT [3].
¿A qué se debe
el ensañamiento del gobierno con la Constitución de Montecristi? En realidad,
lo que hace la Constitución es establecer límites al proyecto autoritario del
gobierno, basado en la concentración de poderes. Surge entonces una contradicción: a pesar de un discurso que se pretende progresista, el gobierno procura alejarse paulatinamente de los principios que defendió al comienzo y que lo llevaron al poder, . En términos más
coloquiales, Correa y su gobierno son, según Alberto Acosta, como esos
conductores irresponsables que ponen el direccional a la izquierda, pero luego
giran a la derecha [4].
[1] Entrevista a María Paula Romo, El
Comercio, Quito, 12 de agosto de 2012, http://www.elcomercio.com/politica/buenas-ideas-Constitucion-borde-desprestigio_0_753524708.html.
[2] Para mayor información sobre los ataques a la laicidad por parte del
gobierno, ver mi artículo: “De la República del corazón de Jesús a… la
República del corazón de Jesús (1860-2012). Laicidad y Revolución ciudadana”, http://alexismedinag.blogspot.com/2012/04/de-la-republica-del-corazon-de-jesus-la.html.
[3] María Paula Romo, "El Bloque 31 y el parque nacional Yasuní", 1 de ferbrero de 2012, http://paularomo.blogspot.com/2012/02/el-bloque-31-y-el-parque-yasuni.html.
[4] “Alberto Acosta es elegido candidato presidencial por las izquierdas”,
Ecuavisa, 3 de septiembre de 2012, http://www.youtube.com/watch?v=cwlaDdyc4AA, 1:02-1:08.
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