3) Dado el fracaso financiero de la iniciativa Yasuní-ITT, no hay alternativa a la
explotación, a menos que se quiera mantener al país en la pobreza
Según el discurso del gobierno, la explotación del ITT
generaría unos 18 000 millones de dólares, cifra muy superior a la
compensación que se esperaba por la no explotación y que no se concretó
(3 500 millones). Por lo tanto, la explotación del ITT tiene mucho más
sentido, del punto de vista financiero, que el cumplimiento de la iniciativa
Yasuní-ITT. Estos recursos son además, según el presidente, indispensables para
la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, alcantarillado y para
cumplir con los objetivos del milenio de la ONU. Quienes se oponen a la
explotación del ITT son, por ende, enemigos del progreso y burgueses egoístas
que por su ecologismo infantil se niegan a compartir sus privilegios (como tener
carro y agua caliente con gasolina y gas subvencionados respectivamente) con
los más pobres, a quienes quieren mantener en su estado de miseria.
A continuación, vamos a desmentir este discurso, demostrando,
en primer lugar, que los recursos generados por la explotación del ITT no son
tan importantes como quiere hacer creer el gobierno, segundo, que existen
alternativas financieras que permitirían ahorrar y recaudar más recursos que la
explotación y, finalmente, que el plan del gobierno para explotar el ITT se
basa en una visión errada del buen vivir, noción que, por el contrario, viene a
cuestionar la concepción tradicional del desarrollo.
El valor real del crudo del ITT
Cuando, en el 2007, se institucionalizó la iniciativa
Yasuní-ITT a nivel gubernamental, el gobierno estimaba que no explotar el ITT
significaría renunciar a unos 7 000 millones de dólares. En ese entonces,
el presupuesto del Estado era, justamente, de 7 000 millones de dólares.
Ahora, según el gobierno, la explotación del ITT generaría
18 000 millones. En primer lugar, esta cifra es probablemente una
exageración destinada a dar pertinencia financiera a la explotación. ¿Cómo se
pasa de una estimación de 7 000 a 18 000 millones de dólares? El
precio del crudo ecuatoriano no se ha duplicado desde el 2007 como para
justificar que se infle la cifra de los ingresos posibles. Tampoco han
aumentado las reservas: en el 2007 el gobierno indicaba que los tres
yacimientos contenían unos 900 millones de barriles de crudo, cifra que
hasta ahora no ha cambiado. Entonces, si el aumento del precio no es tan
sustancial y si las reservas no han crecido, no es posible que el valor
generado por la explotación del ITT pase de una estimación de 7 000
millones en el 2007 a 18 000 millones hoy día.
En segundo lugar, aunque se admita que la explotación produzca
efectivamente los famosos 18 000 millones, esta cifra representa apenas un
poco más de la mitad (56%) del presupuesto del Estado para este año
(32 000 millones). Esto significa que renunciar a explotar el ITT es un
sacrificio proporcionalmente menor hoy día (poco más que medio presupuesto del
2013) que cuando el presidente instituyó la iniciativa (el 100% del presupuesto
del 2007).
Finalmente, el Estado no va a percibir estos ingresos
enseguida (a menos que se haga venta anticipada de petróleo a China), porque
tendrá que esperar varios años hasta que se extraiga el primer barril de crudo
y otros tantos hasta que el Estado recupere la inversión. Además la explotación
del ITT durará muchos años. Si la actividad de los tres campos se extiende unos
25 o 30 año, el ITT generaría una media de alrededor de 600 o 700 millones de
dólares al año (no más de 2% del presupuesto del Estado para este año).
¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro patrimonio de manera
irremediable por medio presupuesto del Estado repartido en 25 o 30 años?
Las alternativas financieras
Aunque el Ecuador no recibiera compensación económica por la
conservación del ITT, existen varias alternativas a la explotación:
- Focalización inmediata del subsidio al gas a los sectores
vulnerables, durante el 2014 y el 2015, antes de su eliminación, prevista por
el gobierno para el 2016;
- Focalización del subsidio a la gasolina al transporte
público únicamente o, al menos, tarificación progresiva de la gasolina mediante
un sistema de cupos;
- Reducción en al menos un 50% del gasto del gobierno en
viáticos y comunicación;
- Lucha contra la evasión tributaria y el fraude fiscal;
- Aumento de la tasa impositiva de los grandes grupos
económicos, que nunca han sido tan prósperos como en estos últimos seis años.
Estas medidas pueden ser adoptadas de manera inmediata y
entrar en vigencia, a más tardar, el 1 de enero de 2014. Todas juntas,
permitirían al Estado ahorrar y ganar sumas muy superiores a la compensación
que se esperaba por la iniciativa e incluso a los 18 000 millones que,
según el gobierno, significaría la explotación, sin perjuicio de que el Ecuador
siga recibiendo donaciones por la no explotación (aunque los compromisos hayan
sido inferiores a lo esperado).
Centrémonos en dos ejemplos: el aumento de los impuestos a los grandes grupos económicos y la eliminación del subsidio al gas,
en el que el Estado gasta, cada año, cerca de 3 500 millones de dólares.
Según el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), los diez grupos económicos más grandes del país (Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Grupo Eljuri, Grupo La Favorita, Andes Petroleum, etc.) solo pagan 4% de impuestos, cuando la carga fiscal media de los ecuatorianos es del 14%. Si se aumentara la tasa impositiva de estos grupos solamente a un promedio de 10%, se recaudaría más recursos que los producidos por la explotación del ITT (18 000 millones), en el mismo lapso de tiempo [1]. Los diez principales grupos económicos tienen ingresos por 12 000 millones de dólares, por lo que el aumento de los impuestos de 4 a 10% significaría una ganancia anual para el Estado de unos 720 millones al año. En 30 años (lo que duraría la explotación del ITT), esta medida produciría 21 600 millones de dólares. Esto suponiendo, además, que los ingresos de estos grandes grupos de mantengan en 12 000 millones al año en los próximos 25 o 30 años. En realidad, probablemente sigan con su tendencia al alza, lo que significaría una mayor recaudación tributaria. En suma, esta medida permitiría obtener más recursos que la explotación del ITT.
El subsidio al gas es socialmente injusto (los ricos pueden, por ejemplo, calentar sus piscinas con gas subvencionado), económicamente insostenible (el precio subvencionado no alcanza ni a cubrir los gastos de distribución, por lo que el subsidio absorbe ingentes cantidades de dinero público) y ecológicamente poco responsable (incita a un consumo abusivo de una energía no renovable).
Según el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), los diez grupos económicos más grandes del país (Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Grupo Eljuri, Grupo La Favorita, Andes Petroleum, etc.) solo pagan 4% de impuestos, cuando la carga fiscal media de los ecuatorianos es del 14%. Si se aumentara la tasa impositiva de estos grupos solamente a un promedio de 10%, se recaudaría más recursos que los producidos por la explotación del ITT (18 000 millones), en el mismo lapso de tiempo [1]. Los diez principales grupos económicos tienen ingresos por 12 000 millones de dólares, por lo que el aumento de los impuestos de 4 a 10% significaría una ganancia anual para el Estado de unos 720 millones al año. En 30 años (lo que duraría la explotación del ITT), esta medida produciría 21 600 millones de dólares. Esto suponiendo, además, que los ingresos de estos grandes grupos de mantengan en 12 000 millones al año en los próximos 25 o 30 años. En realidad, probablemente sigan con su tendencia al alza, lo que significaría una mayor recaudación tributaria. En suma, esta medida permitiría obtener más recursos que la explotación del ITT.
El subsidio al gas es socialmente injusto (los ricos pueden, por ejemplo, calentar sus piscinas con gas subvencionado), económicamente insostenible (el precio subvencionado no alcanza ni a cubrir los gastos de distribución, por lo que el subsidio absorbe ingentes cantidades de dinero público) y ecológicamente poco responsable (incita a un consumo abusivo de una energía no renovable).
El gobierno ya anunció que suprimirá el subsidio al gas en el
2016. Para esa fecha se espera haber generalizado el uso de calefones
eléctricos para calentar el agua (ya se prohibió la importación de calefones a
gas) y de cocinas de inducción que el gobierno quiere empezar a repartir en los
estratos populares (como ya se lo hizo en las zonas fronterizas). 2016 es
también la fecha prevista para la inauguración de todas las represas
hidroeléctricas cuya conclusión aún está pendiente, como Sopladora, Toachi-Pilatón y,
sobre todo, la Coca-Codo-Sinclair. Para ese entonces, la producción de
electricidad podrá dar abasto a una población que se verá fuertemente incitada
a calentar el agua y a cocinar con luz y no con un gas que se venderá al precio
del mercado, en un contexto de reducción programada del kilowatio gracias a la
abundancia de la producción.
En todo caso, aunque el gobierno ya haya pensado en la eliminación
del subsidio al gas, hay una alternativa complementaria. Si bien no se puede,
en las condiciones actuales, quitar el subsidio, lo que sí se puede hacer de
inmediato es focalizarlo. Se podría mantener el subsidio hasta el 2016 sólo en
los sectores más vulnerables como, por ejemplo, los beneficiarios del Bono de
Desarrollo Humano, los jubilados, los discapacitados y los afiliados al Seguro
Campesino. Las clases medias y las clases más favorecidas están en capacidad de
pagar un cilindro de gas a precio real (unos 8 a 12 dólares). Focalizar el
subsidio al gas es una solución inmediata (no hay obstáculo para que se lo haga
ya) que podría entrar en vigencia el 1 de enero de 2014 y que permitirá al
Estado ahorrar mucho dinero hasta la supresión definitiva del
subsidio en el 2016.
Con la focalización inmediata del subsidio al gas y su
supresión en el 2016, el Estado ahorrará muchísimo más dinero que el que
pretendía recaudar a través de la iniciativa Yasuní-ITT. El problema es que al
gobierno, por el momento, solo se le ha ocurrido la supresión a corto plazo,
pero no la focalización inmediata.
El sentido del sumak kawsay
Pero es necesario superar el debate puramente contable y las
consideraciones financieras. La iniciativa Yasuní-ITT no se trata solo sobre lo
rentable que puede llegar a ser conservar el medioambiente. La iniciativa viene
a cuestionar la concepción tradicional del desarrollo.
La explotación de los recursos naturales no es una fatalidad
si se ofrece alternativas a la gente. Tal vez el gobierno lo ignore, pero esas
alternativas existen. La Fundación Pachamama, por ejemplo, lleva tiempo
trabajando con comunidades cofanes en proyectos de protección de la selva. La
Fundación incita a los cofanes a trabajar de guardabosques para luchar contra
las actividades que atentan contra el ecosistema de sus territorios
ancestrales, como la deforestación o la caza ilegal, oficio por el que pueden
obtener una remuneración de hasta 500 dólares mensuales. Vendiendo la madera de
un buen árbol podrían ganar, en cambio, de 600 a 900 dólares. Por supuesto, la
segunda opción parece más rentable a corto plazo, pero con la primera al menos
los cofanes preservan el lugar donde crecerán sus hijos y nietos. La propuesta
de la Fundación Pachamama ha sido bien recibida por las comunidades cofanes, lo
que demuestra que la gente está dispuesta a preservar el medioambiente si se le
ofrece alternativas sólidas al modelo extractivo, aunque sean un poco menos
rentables.
El gobierno tiene una visión errada del buen vivir. El sumak kawsay no consiste en multiplicar las
autopistas, construir centros comerciales y favorecer el acceso de los
ecuatorianos a los smartphones. Las
comunidades indígenas de la Amazonía, aunque se encuentren entre los sectores
más pobres del país, no piden carreteras y malls,
sino que se respete el principio de la kawsak sacha (“selva viviente”) y sus proyectos de desarrollo comunitario
(como en el ámbito del ecoturismo). Los pueblos ancestrales de la
Amazonía tienen como prioridad el respeto del derecho a la vida, al agua, a una
vida en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en armonía con los derechos
de la naturaleza, por encima del modelo capitalista y consumista de las grandes
ciudades.
Por ende, es un error cuando el presidente opone la lucha
contra la pobreza, la construcción de hospitales, escuelas, alcantarillado,
carreteras y el cumplimiento de los objetivos del milenio de la ONU, a la
conservación del medio ambiente. Es una falacia pretender que ambas
preocupaciones se excluyen y que al defender los derechos de la naturaleza se
los antepone a los derechos humanos. Por el contrario, al defender los unos, se
defiende los otros.
En conclusión, el plan del gobierno para la explotación del
Yasuní-ITT reposa sobre una concepción equivocada del buen vivir. El sumak kawsay no significa vivir mejor, sino
vivir bien. Lo que no entienden las mentes neodesarrollistas y
neoextractivistas del movimiento PAÍS es que, como ya lo ha señalado Alberto
Acosta en varias ocasiones, el buen vivir no es una alternativa de desarrollo,
es una alternativa al desarrollo.
