2) El gobierno cometió errores, pero no fueron determinantes
Contrariamente a lo que señaló el presidente en la cadena nacional del 15 de agosto del presente año, el gobierno cometió muchos errores y estos fueron determinantes para el fracaso parcial de la iniciativa Yasuní-ITT.
En primer lugar, durante la sabatina del 9 de enero de 2010,
el presidente se negó a firmar el acuerdo para la creación del fideicomiso
internacional a cargo del PNUD para recibir los fondos, bajo el pretexto de que
atentaba contra la soberanía del país. El presidente no entendió o no quiso
entender cómo funciona un fideicomiso internacional. Se trata de una herramienta
jurídica que garantice justamente que el gobierno ecuatoriano no haga cualquier
cosa con el dinero recibido y lo utilice en proyectos de remediación ambiental,
conservación del medio ambiente, desarrollo comunitario, economía social y
solidaria, especialmente en la Amazonía. El presidente vio esto como una
insoportable intromisión y amenazó a los donantes: si querían imponer esas
condiciones al Ecuador, podían quedarse con su dinero y el país empezaría a
explotar el ITT. En realidad, en la primera versión del fideicomiso, el Ecuador
tenía mayoría, con tres delegados en la comisión directiva, mientras los
donantes tenían dos.
La incapacidad del gobierno para entender el funcionamiento de un fideicomiso internacional y la arrogancia con la que trató a los donantes afectó gravemente a la credibilidad de la iniciativa en el exterior y motivó la renuncia de media Comisión negociadora: uno de los principales ideólogos de la Revolución ciudadana (Fánder Falconí) y ecologistas de renombre (Roque Sevilla, Yolanda Kakabadse) se retiraron de la Comisión como símbolo de protesta. A los pocos meses, se firmó un segundo fideicomiso, que no tenía diferencias sustanciales con la versión original. Todo quedó en un show mediático que buscaba dar puertas adentro la imagen de un gobierno firme, dispuesto a defender la soberanía del país, pero que puertas afuera arruinó la confianza que los donantes podían tener en la iniciativa Yasuní-ITT.
La incapacidad del gobierno para entender el funcionamiento de un fideicomiso internacional y la arrogancia con la que trató a los donantes afectó gravemente a la credibilidad de la iniciativa en el exterior y motivó la renuncia de media Comisión negociadora: uno de los principales ideólogos de la Revolución ciudadana (Fánder Falconí) y ecologistas de renombre (Roque Sevilla, Yolanda Kakabadse) se retiraron de la Comisión como símbolo de protesta. A los pocos meses, se firmó un segundo fideicomiso, que no tenía diferencias sustanciales con la versión original. Todo quedó en un show mediático que buscaba dar puertas adentro la imagen de un gobierno firme, dispuesto a defender la soberanía del país, pero que puertas afuera arruinó la confianza que los donantes podían tener en la iniciativa Yasuní-ITT.
Pero el gobierno no se quedó ahí, sino que profundizó sus
errores. Tras el exabrupto de la sabatina del 9 de enero de 2010, el presidente
nombró a un nuevo equipo negociador, encabezado por una mujer con un
cuestionable pasado político y completamente ajena a las temáticas ambientales:
Ivonne Baki, porrista del TLC con Estados Unidos, exministra de Lucio Gutiérrez
y organizadora de Miss Universo. Nombrar a semejante personaje al frente del
proyecto más revolucionario del gobierno restaba toda credibilidad a la
iniciativa.
Más allá de la composición del equipo negociador y de los
vaivenes del presidente sobre el fideicomiso, el gobierno mantuvo actitudes
contradictorias en torno a la iniciativa. Dos proyectos que el gobierno siempre
buscó impulsar sin ningún empacho contradecían la iniciativa Yasuní-ITT: la
construcción de la Refinería del Pacífico en Manta y los planes para la
explotación del bloque 31, en pleno parque Yasuní, al lado del ITT.
En todos los informes sobre la Refinería del Pacífico, se
prevé que la refinería tratará 100 000 barriles diarios provenientes del
ITT. Aunque el gobierno desmienta estas cifras, no tiene sentido, en todo caso,
realizar una inversión de unos 12 000 millones de dólares en una nueva
refinería sin expandir la frontera petrolera del país, en el Yasuní o hacia la Amazonía centro-sur, ya que la producción
petrolera se ha estancado en los últimos años. Esta contradicción levantó
inquietudes entre los países donantes a las que los miembros de la Comisión
negociadora tuvieron dificultad en responder [1].
Por otro lado, el gobierno nunca ocultó su voluntad de explotar el bloque 31. Sin embargo, esto plantea dos problemas que explicaremos a continuación: la explotación de bloque 31 solo tiene sentido si se explota el ITT al mismo tiempo, y la concesión otorgada por el Estado a Petroamazonas para el bloque 31 carece de valor jurídico.
La explotación del bloque 31 es contradictoria con la
iniciativa Yasuní-ITT. En primer lugar, no se puede hacer campaña a nivel
internacional sobre la conservación del ITT si se va a extraer petróleo del
bloque 31, que se encuentra al lado y comparte las mismas carcterísticas biológicas que el ITT. En
segundo lugar, la explotación del bloque 31 no tiene sentido sin la explotación
concomitante del ITT, ya que el primero no dispone de reservas significativas
de petróleo. Como lo señala la campaña Amazonía por la vida [2],
si se explotara el bloque 31, la actividad extractiva decaería rápidamente de un
pico de 30 000 barriles diarios hasta estabilizarse a alrededor de los
3 000 (según el informe de Petrobras, inicialmente a cargo del bloque). La
explotación del ITT proporcionaría, en cambio, unos 100 000 barriles
diarios por años y la producción no bajaría de 60 000 durante treinta
años. Queda claro, entonces, que la explotación del ITT es mucho más rentable
que la del bloque 31 y que la explotación de este último no tiene sentido sin
la del primero. El plan del gobierno de extraer crudo del bloque 31 era una
señal ambigua que mermó la credibilidad de la iniciativa Yasuní-ITT.
En un principio, la concesión del bloque 31 había sido
entregada a Petrobras, pero tras la salida de esta empresa del país, fue reasignada
a Petroamazonas. El problema es que el 80% del territorio del bloque 31 se
encuentra en el parque Yasuní y que hasta tanto, se había aprobado la Constitución
de Montecristi, que prohíbe expresamente la extracción de recursos naturales en
áreas protegidas, a menos que el presidente reciba autorización de la Asamblea
Nacional. Recién esta semana el presidente envió la petición para explotar el
bloque 31 junto con el ITT (lo que confirma que la explotación de ambos bloques
va de la mano), aunque desde hace tiempo, el gobierno ya ha estado
interviniendo en el bloque 31, preparándolo para la explotación y causando
estragos en el ecosistema de la zona, a pesar de no contar con la autorización del poder legislativo. Por ende, la concesión de Petroamazonas
es ilegal. La Asamblea debe primero aprobar la explotación del bloque 31 para
que el gobierno pueda luego otorgar la concesión a Petroamazonas.
Consciente de los problemas que plantea la explotación del
bloque 31, María Paula Romo, tras su salida del movimiento PAÍS, propuso en dos
ocasiones al pleno de la Asamblea Nacional, primero, que se revierta la
concesión de Petroamazonas para el bloque 31 por ser anticonstitucional,
segundo, que se incorpore el bloque 31 a la iniciativa Yasuní-ITT, ya que se
encuentra principalmente en una zona protegida y su explotación no tiene
sentido sin la del ITT.
En ambas ocasiones su moción no obtuvo mayoría, debido a la
abstención de los asambleístas de PAÍS, temerosos de contradecir los planes del
gobierno.
En materia de derechos humanos, las contradicciones del
gobierno también saltan a la vista. Uno de los principales argumentos a favor
de la iniciativa Yasuní-ITT es que se preservaría el territorio de los dos
últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario del país, los Tagaeri y los
Taromenane, tal como lo manda la Constitución de Montecristi (art. 57).
Por si esto fuera poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió
medidas cautelares en 2006 a favor de los pueblos no contactados del Ecuador,
por la presión que sufrían sus territorios, cada vez más cercados por la
extracción petrolera y la colonización. El gobierno se comprometió a cumplir estas medidas y
diseñó un Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario, a cargo del Ministerio del Ambiente, con
la supervisión del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, en su fallido intento por reformar el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, el presidente Correa buscó retirar a la
Comisión la facultad de dictar medidas cautelares para que solo lo pudiera
hacer la Corte de San José, que tarda mucho más en tomar decisiones. Al
fracasar su proyecto de reforma, el presidente anunció que no acataría más las
medidas cautelares de la Comisión. No se puede a la vez hacer propaganda sobre
una iniciativa que busca proteger a los pueblos en aislamiento voluntario conforme
a la Constitución y las medidas cautelares de la CIDH y criticar la facultad de
la CIDH de dictar medidas cautelares.
Los diversos incidentes que se registraron en los últimos años en torno a pueblos no contactados (la muerte de un maderero en 2008, de una familia de colonos en 2009, de los ancianos Waorani Ompore y Buganey en 2013, todas a manos de guerrero de pueblos aislados, y la masacre de Taromenanes por guerreros Waorani este año) restaban puntos a la iniciativa, ya que demostraban la incapacidad del Estado para proteger a los pueblos aislados. La indiferencia con la que el gobierno recibió la noticia de la masacre de Taromenanes en marzo de este año fue probablemente la negligencia que más daño le hizo a la iniciativa.
Los diversos incidentes que se registraron en los últimos años en torno a pueblos no contactados (la muerte de un maderero en 2008, de una familia de colonos en 2009, de los ancianos Waorani Ompore y Buganey en 2013, todas a manos de guerrero de pueblos aislados, y la masacre de Taromenanes por guerreros Waorani este año) restaban puntos a la iniciativa, ya que demostraban la incapacidad del Estado para proteger a los pueblos aislados. La indiferencia con la que el gobierno recibió la noticia de la masacre de Taromenanes en marzo de este año fue probablemente la negligencia que más daño le hizo a la iniciativa.
Finalmente, no tenía sentido hacer campaña por la iniciativa Yasuní-ITT para proteger a los grupos aislados cuyo territorio se encuentra parcialmente en el ITT y el bloque 31, mientras se expandía la frontera petrolera al este de la vía Auca-Tiwino, en el sector Armadillo, una zona donde hay aún más indicios de la presencia de aislados, como lo demuestran varios incidentes ocurridos en la zona (la muerte de madereros en 2005, 2006 y 2008 y la muerte de Sandra Zavala y sus dos hijos en 2009). A pesar de la evidencia, el gobierno negó la presencia de no contactados en la zona, y continuó con la licitación de bloques del sector, como el bloque Armadillo (55), violando la Constitución, que prohíbe sin excepciones la explotación de recursos naturales en el territorio de los pueblos no contactados (art. 57). En suma, si el Estado quería proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, ¿por qué se buscaba proteger solo a los grupos del ITT y no a los del sector Armadillo, que se encuentran bajo mayores presiones exógenas (explotación petrolera, colonización, extracción ilegal de madera)?
En conclusión, ya quedó establecido que la iniciativa Yasuní-ITT no fue el
fiasco financiero que dice el presidente. Pero si el gobierno no hubiera incurrido
en todas las contradicciones que se mencionó, la suma recaudada sería netamente
superior.
[1] Entrevista a Roque Sevilla, Contacto directo, 16 de agosto de 2013,
[2] Amazonía por la vida, El proyecto ITT (Bloque 43) y el Bloque 31,
http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-proyecto-itt-bloque-43-y-el-bloque-31.html
http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-proyecto-itt-bloque-43-y-el-bloque-31.html
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