II. La concentración de poderes
Los nombramientos en la justicia
y los organismos de control
La justicia, el Banco Central y los organismos de control
pierden su independencia (lo que contradice el derecho europeo, de obligatorio
cumplimiento para Hungría), pues sus titulares ahora serán nombrados por
actores políticos: la Asamblea o la presidencia de la República, ambas
controladas por el FIDESZ. Ya se ha procedido a nombrar en los distintos cargos
a personas cercanas al primer ministro, Viktor Orbán.
El presidente nombra a los jueces de la Curia (ex Corte
Suprema de Justicia), al presidente del Consejo Presupuestario (ver infra) y al presidente y los
vicepresidentes del Banco Central. De su lado, la Asamblea Nacional elige con
una mayoría de dos tercios a los quince miembros de la Corte Constitucional.
Aunque por lo general en Europa estos jueces son nombrados por actores
políticos, por lo menos tienen el derecho a elegir a su propio presidente. Pero
según la nueva Constitución, la Asamblea, con una mayoría de dos tercios,
nombra no sólo al presidente de la Corte Constitucional, sino también al
presidente de la Curia y al presidente del Tribunal de Cuentas. Además puede
disolver los consejos municipales. El presidente y la Asamblea interfieren
entonces con otras funciones del Estado.
Se altera el sistema de contrapesos que permite el
equilibrio de poderes, pues se reducen las facultades de varias instituciones.
La Constitución establece un techo para el endeudamiento público del 50% del
PIB (salvo excepciones). Mientras el endeudamiento sea superior a esta cifra (como
es el caso en este momento), sólo se podrán adoptar leyes de presupuesto que
permitan reducir el endeudamiento. En este contexto, la Corte Constitucional
tiene atribuciones limitadas. No puede declarar la inconstitucionalidad de la
ley de presupuesto, las reformas del régimen tributario, las leyes sobre los
derechos aduaneros, etc., mientras el endeudamiento público sea superior al 50%
del PIB. Lo que preocupa a la Comisión de Venecia es que se abre entonces la
posibilidad de violar la Constitución sin que haya sanción alguna a causa de la
restricción de las competencias del poder jurisdiccional. Aprobar un
presupuesto que no permita un endeudamiento superior al 50% del PIB sería
entonces un objetivo tan importante que justificaría incluso la adopción de
leyes anticonstitucionales.
Se crea además un Consejo presupuestario formado por tres
miembros: su presidente, nombrado por el presidente de la República, el
presidente del Banco central y el del Tribunal de Cuentas. La función de este
consejo es participar en la preparación del presupuesto general del Estado. La
Asamblea debe pedir su autorización para adoptar un presupuesto que aumente el
nivel de endeudamiento por encima del techo constitucional. De este modo, la
Constitución le da un derecho al veto sobre las decisiones del Parlamento a un
Consejo presupuestario no parlamentario y con poca legitimidad democrática (puesto
que ninguno de sus miembros es elegido directamente por el pueblo). Ahora bien,
la aprobación del presupuesto es una de las competencias fundamentales de
cualquier parlamento, por lo general es su principal prerrogativa exclusiva.
Las facultades de este Consejo podrían entonces reducir la legitimidad
democrática de las decisiones presupuestarias.
Más allá del tema de finanzas públicas, corre peligro la
abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, que podría verse privada
de todo sustento legal. El preámbulo declara a la Constitución de 1949, la que estaba vigente
hasta el 1 de enero pasado, nula e írrita, porque supuestamente violaba la
“Constitución histórica” del país (noción imprecisa que la nueva Constitución
nunca define: nunca se sabe a qué remite exactamente). Surge entonces un
problema jurídico. Si la Constitución de 1949 pierde su validez, el gobierno
podría desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando en
realidad esta ayudó en gran medida a Hungría a convertirse en un país
democrático. Por otra parte, si la Constitución de 1949 no tiene valor legal,
el actual Parlamento, que aprobó la nueva Constitución, perdería su
legitimidad. Un Parlamento ilegítimo, sin existencia jurídica, no puede aprobar
una nueva Constitución. Pero la disposición final de la nueva Ley fundamental
dice que su adopción se produce “según las disposiciones de la actual
Constitución” (la de 1949). Aunque esta declaración sobre la nulidad de la
Constitución de 1949 tenga sólo un valor político y no jurídico, como lo han
afirmado los agentes del FIDESZ, es lamentable que no se haya subsanado una
contradicción interna de esta naturaleza en el preámbulo, sin que se tome en
cuenta sus potenciales implicaciones políticas y jurídicas.
Preocupa además la aplicación inmediata de muchas de las
disposiciones constitucionales sin medidas transitorias (recordemos, en cambio,
el abigarrado régimen de transición de la Constitución de Montecristi en el
Ecuador): la Asamblea nombró enseguida a cinco jueces de la Corte Constitucional,
lo que permitió al FIDESZ obtener una mayoría pro-gubernamental en la Corte. El
día en que entró en vigencia la nueva Constitución, fueron jubilados de golpe todos
los jueces de más de 62 años, en virtud de la disposición constitucional que
reduce la edad de la jubilación de los jueces de 70 a 62 años. Esta decisión habría
dejado unas 300 vacantes en la Función Judicial y permitiría la injerencia
política del FIDESZ para suplir a los jueces que fueron separados de su cargo,
además de que comprometería el funcionamiento de los tribunales y la seguridad
jurídica del país.
Los mandatos de los organismos de control son además
excesivamente largos. El directorio del Banco Central y el presidente del
Consejo Presupuestario duran seis años en sus respectivos cargos, el presidente
de la Curia 9 años, y los jueces de la Corte Constitucional y el presidente del
Tribunal de Cuentas 12 años (!). No se especifica en ningún lugar que estos
cargos no sean renovables. La duración de estos mandatos implica que si la
oposición gana las próximas elecciones, llegará al poder con un aparato estatal
enteramente hostil, pero no podrá cambiar a las autoridades porque es poco
probable que alcance la mayoría de dos tercios necesaria para hacerlo.
En suma, es evidente que la actual Constitución pone en
tela de juicio la independencia de la justicia y de los organismos de control y
compromete el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos propio de todo
Estado constitucional.
El abuso de las leyes orgánicas
La aplicación de la nueva Constitución requiere la
aprobación de varias leyes orgánicas. Pero la Ley fundamental señala que las
leyes orgánicas sólo podrán ser aprobadas, modificadas o derogadas por una
mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional, es decir que será tan difícil
cambiarlas como la Constitución. Inquieta entonces la elevación casi a nivel
constitucional de varias leyes que deberían ser simple desarrollo normativo. Entre
los nuevos cuerpos legales aprobados por la Asamblea están la ley de
comunicación que crea un Consejo de medios controlado por el gobierno y la llamada
“ley de estabilidad financiera” que crea una tasa única de 16% para el impuesto
a la renta (ver infra). Las leyes
orgánicas se convierten entonces en una camisa de fuerza para los próximos gobiernos
que difícilmente podrán cambiarlas ya que para cualquier reforma de las leyes
que regulan, por ejemplo, el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el
ministerio público, la Corte Constitucional o el régimen tributario, se
requiere una mayoría de dos tercios.
Esta mayoría de dos tercios necesaria para los
nombramientos y las leyes orgánicas permiten al FIDESZ blindar el nuevo orden
jurídico que han instaurado y garantizar su control del poder ante cualquier
situación de alternancia política.
La reducción de derechos
La nueva Ley
fundamental no protege lo suficiente, incluso restringe, algunos de los
derechos más básicos y entra en contradicción con la legislación europea de
derechos humanos, de obligatorio cumplimiento para Hungría. El artículo IV, por
ejemplo, habla de la “pérdida efectiva de la libertad de por vida”. Pero el que
se reconozca la cadena perpetua sin posibilidad de liberación condicional no se
compadece con las normas europeas de derechos humanos, en particular con el
artículo 3 de la CEDH, según el cual toda pena perpetua debe ser de jure o de facto compresible.
La Constitución
proclama que se garantiza los derechos fundamentales sin distinción de “raza,
color, sexo”, etc. (Art. XV). Pero no dice nada sobre la discriminación
por orientación sexual, aunque es una omisión común en la mayoría de textos
constitucionales europeos. Sin embargo, la formulación general del artículo podría dejar
pensar que la discriminación en función de la orientación sexual no es
reprensible.
El artículo XIX
se limita a señalar los derechos de las minorías nacionales, sin que se enumeren las obligaciones del Estado para que se respeten dichos derechos, un retroceso en relación a la Constitución anterior.
De manera
general, según la Comisión de Venecia, el capítulo sobre derechos de la nueva
Constitución retoma en parte la estructura de la Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea. Pero mientras esta última se centra en el
individuo, la Ley fundamental insiste sobre las responsabilidades y las
obligaciones del ciudadano, operando un giro de las obligaciones del Estado
para con los ciudadanos a las obligaciones del ciudadano hacia la comunidad.
Preocupan las
limitaciones a la libertad de expresión que implica la nueva ley orgánica de
comunicación, la cual crea un Consejo de medios controlado por el gobierno, y
que ya ha empezado a tomar decisiones con un sesgo político favorable al FIDESZ.
Por ejemplo, la Comisión Europea aprobó la fusión de las casas de edición de
dos periódicos liberales de izquierda húngaros. Pero el Consejo de medios, como
se trataba de periódicos de oposición, no autorizó esta fusión. También revocó
la frecuencia a la única radio de oposición, llamada Klubradio, para otorgársela a una radio
católica.
Por si todo
esto fuera poco, el nuevo orden jurídico también ataca a las clases más
modestas. La ley orgánica de estabilidad financiera establece una tasa única
del 16% para el impuesto a la renta, disposición que penaliza a los más pobres
y favorece a los más afortunados. Para garantizar la justicia de cualquier
sistema tributario, es necesario que los impuestos sean no proporcionales, como
lo declara la nueva ley en Hungría, sino progresivos. Finalmente, elevar a
nivel constitucional disposiciones relativas al funcionamiento del régimen
impositivo es excesivo y dificulta cualquier veleidad reformadora.
En conclusión, frente a la deriva autoritaria de Hungría, en los últimos dos años se han multiplicado los informes de organizaciones internacionales que alertan sobre la gravedad de la situación en Hungría: uno de Tranparencia Internacional denuncia la corrupción del país, que no se ha reducido a pesar de las promesas de campaña del FIDESZ; otro, del ACNUR, señala el mal trato del que sufren los refugiados en Hungría (afganos, sudaneses, etc.), que son considerados como delincuentes y encerrados en campos convertidos en presidios, por sólo citar dos ejemplos.
El resultado de
la entrada en vigencia de la nueva Constitución ha sido el aislamiento de
Hungría como nunca antes en el seno de la Unión Europea. El nuevo texto
preocupa mucho a las instituciones europeas que lo han criticado abiertamente.
La Comisión Europea ha exigido incluso a Hungría que modifique su Constitución
para garantizar la independencia de la justicia, del Banco Central y de los
organismos de control, o de lo contrario sancionará al país.
La reacción europea
ha sido el objeto de duros cuestionamientos por parte del FIDESZ que,
recurriendo al clásico léxico nacionalista, ha rechazado las injerencias de los
poderes extranjeros, de la supuesta “dictadura” de Bruselas, comparándola con
la Unión soviética. Orbán olvida que Hungría forma parte de una organización
supranacional cuyo derecho se ve obligada a respetar, incluso cuando se reforma
su Constitución. Más allá del peligro que representa el nacionalismo – y
en ese sentido concordamos con François Mitterrand cuando dijo, en su último
discurso ante el Parlamento europeo, “le nationalisme, c’est la guerre” –,
es necesario notar el doble discurso de Viktor Orbán. Casa adentro critica a la
Unión europea, pero cuando comparece ante el Parlamento europeo, habla de la
necesidad de fortalecer a Europa. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, dice
luchar contra la dictadura de Bruselas. Pero, si seguimos su razonamiento,
cuando él se convirtió en presidente en ejercicio de la Unión Europea durante
el primer semestre del 2011, entonces él también fue el dictador de Bruselas.
Este discurso esquizofrénico nos permite vislumbrar la gran batalla que se
libra en la mente del primer ministro húngaro: el luchador por la libertad
Viktor Orbán versus el dictador Viktor Orbán.
