Cuando el concubinato era delito

O el día en que el obispo de Riobamba quiso mandar al manicomio a dos mujeres por vivir con sus respectivas parejas sin casarse.

En 1891, el obispo de Riobamba, Arsenio Andrade, recibió una carta del intendente de policía de la provincia de Chimborazo advirtiéndole de que había dos mujeres en la ciudad que vivían con sus respectivas parejas sin haberse casado. Peor aún, una de ella vivía en concubinato con un hombre casado y con hijos frutos de ese matrimonio. El intendente explicaba que había sancionado a ambas mujeres con una pena correccional de doce días de prisión, pero al ser castigo insuficiente, le pidió al obispo que, basándose en el derecho canónico, que condena el concubinato, solicitara al gobierno que enviara a las dos mujeres al manicomio de Quito.

El obispo accedió a la petición del intendente y escribió a Elías Laso, ministro de Justicia y Negocios eclesiásticos de Antonio Flores (1888-1892). Nos encontramos en el periodo del progresismo (1883-1895), una etapa de transición entre el periodo dominado por García Moreno y la Revolución liberal. Los progresistas buscaron reformar más que romper las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Elías Laso respondió al obispo negando su petición, lo que desencadenó una polémica epistolar sobre quién tenía primacía: la autoridad civil o la eclesiástica, el Concordato o la Constitución.

Para valorar el sentido histórico de esta anécdota, reproduciremos aquí la carta del obispo a Elías Laso y la respuesta del ministro. Luego, formularemos algunos comentarios sobre el texto.

La carta del obispo y su respuesta [1]

La carta de Arsenio Andrade:

Gobierno Eclesiástico de la Diócesis.

Riobamba, julio 4 de 1891.

H. Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Justicia:

El señor intendente general y comisionado supremo de la provincia, con fecha 1º de los corrientes, me dirige el oficio que sigue:

“Impulsado por el deseo de favorecer la moral de este país, y compelido por mis deberes, he impuesto doce días de prisión a Camila Dávalos y a Carmen Robeli, a quienes la opinión pública acusaba de vivir escandalosamente sin el menor respeto a Dios y con gran desprecio de la sociedad.

En efecto, cinco testigos uniformes, de entre muchos, comprueban que la primera ha vivido largo tiempo en concubinato público con Fidel Martínez, hermano de su difunto esposo; y la segunda también en público adulterio con Juan Chiriboga, marido de una virtuosa mujer y padre de algunos hijos.

Como la pena a que les he condenado es insignificante y, sobre todo, no llena el objeto de la medida, porque el Reglamento de Policía no me permite agravarla, me dirijo a S. S. Ilma., a fin de que en uso de las facultades que le conceden los Cánones y en virtud de que en esta diócesis no hay una casa de corrección, las destino al Manicomio de Quito, establecimiento moralizador a la par que humanitario, para lo cual S. S. Ilma. podría dirigirse al Supremo Gobierno, pidiéndole que ordene a las autoridades de este lugar le presten los auxilios necesarios.

Dios guarde a US. Ilma.

R. Aguirre”

Cumpliendo, pues, con mi deber de velar por las buenas costumbres y retirar los escándalos del país, suplico al Supremo Gobierno, por órgano de US. H., faculte a las autoridades civiles de esta ciudad para que, mediante su auxilio, sean tomadas y remitidas al Manicomio de Quito, así las personas indicadas por el Señor Intendente, como las más que hubieran menester esa corrección.

Dios guarde a US. H.

† Arsenio, Obispo de Riobamba

La carta de Elías Laso:

República del Ecuador.

Ministerio de Negocios Eclesiásticos, etc.

Quito, 8 de julio de 1891.

Ilmo. Sr. Obispo de Riobamba:

El concubinato es crimen castigado en nuestro Código penal y sin orden judicial no se puede reducir a prisión por ese motivo a persona alguna. Pudiera S. Sª. Ilma. hacer la denuncia al Agente Fiscal para que persiga a los culpables de esa infracción para que, concluido el juicio y dada la sentencia, se cumpla esta en la cárcel respectiva.

No puede el Poder Ejecutivo ordenar la retención en el Manicomio sino a los locos declarados y a los ebrios consuetudinarios.

S. E. el Jefe del Estado me ha encargado contestar así el oficio de S. Sª. Ilma. de 4 del presente.

Dios guarde a S. Sª. Ilma. y Rma.

Elías Laso

Comentarios

La definición de la familia en el siglo XIX

No debe sorprender que en una sociedad dominada por la moral católica y donde, hasta 1906, el Estado tenía la obligación constitucional de proteger a la Iglesia, el concubinato estuviera penalizado. En ese entonces, la filiación estaba íntimamente ligada al matrimonio, pues el principal fundamento de este último era la presunción de paternidad. En otras palabras, el matrimonio era la institución que otorgaba un padre a los hijos: se admite que todos los hijos que la mujer engendra dentro del matrimonio son igualmente hijos del marido. Por lo tanto, oficialmente, los hijos naturales y los hijos ilegítimos no tenían padre, y así fue hasta que en 1935 se autorizó la búsqueda de paternidad (la facultad de los hijos naturales de exigir ante los tribunales el reconocimiento del padre). No se consideraba a las madres solteras y a sus hijos como familias y, por lo general, eran relegados a una situación de parias sociales.

En un sistema donde se consideraba que solo las parejas casadas podían formar una familia, no había lugar para las parejas no casadas. La Iglesia católica condena, según el derecho canónico, el concubinato. El obispo de Loja, el español José Masià, incluso lo equiparó con delitos como el hurto o el homicidio: “El adulterio, sí, el degradante concubinato, la detestable embriaguez, el hurto, la injusticia en los pleitos ¿no son plagas horribles de nuestro tiempo? ¿El horroroso crimen del homicidio, por ventura es tan raro entre nosotros? ¡Y esos crímenes, por lo común, se quedan impunes!” [2]

En el Ecuador, la Iglesia encontró en el presidente Gabriel García Moreno (1860-1865 y 1869-1875) a su mejor aliado. García Moreno instauró “un sistema de gobierno cuasi monárquico, represivo y confesional-excluyente” [3], pues deseaba construir la Jerusalén celeste en el Ecuador. Se otorgó a la Iglesia el monopolio de la educación y la cultura, se firmó un Concordato con la Santa Sede en 1862, en la Constitución de 1869 uno de los requisitos para ser ciudadano era ser católico y finalmente el gobierno y el congreso consagraron el Ecuador, mediante un decreto de 1873, al Sagrado Corazón de Jesús. En este contexto, García Moreno adoptó un decreto en 1863 por el que reducía a todas las parejas que vivían en concubinato, práctica muy frecuente, por ejemplo, en la provincia de Manabí, a dos opciones: separarse o casarse por el rito católico (única manera de que un matrimonio fuera reconocido, pues el matrimonio civil no se instituyó sino hasta 1902, durante la Revolución liberal). Los padres de Eloy Alfaro, entre otros, tuvieron que casarse después de más de veinte años de vida común (Alfaro había nacido en 1842) [4]. Este caso nos muestra que, en Manabí, el concubinato no era una práctica exclusiva de las clases populares, pues la madre de Alfaro venía de una familia importante de Montecristi y su padre era un comerciante español. Más tarde, el Código penal de García Moreno, aprobado en 1873, después de que el presidente consultara a los obispos para saber si contenía artículos contrarios a la religión, penalizó el concubinato (art. 42). En la época progresista, el concubinato seguía siendo delito, pues dicho Código penal siguió vigente hasta la Revolución liberal, cuando se aprobó uno nuevo.

Hubo que esperar hasta 1982 para que la ley reconociera derechos a las uniones libres, y a la Constitución de Montecristi en 2008 para que se equiparara los derechos y las obligaciones de las uniones libres (tanto heterosexuales como homosexuales) con los de las parejas casadas.

La condición subalterna de las mujeres

Las autoridades eclesiásticas quisieron enviar no solo a mujeres sino también a hombres al Manicomio de Quito por delitos de adulterio o concubinato. Sin embargo, en este caso preciso, llama la atención, por un lado, la premura con que las autoridades quisieron castigar a Camila Dávalos y a Carmen Robeli por vivir en concubinato y, por otro, su indiferencia soberana hacia las parejas de las dos mujeres. El intendente de policía de Chimborazo condenó a doce días de prisión a las dos mujeres y no a los dos hombres. De igual manera, tanto él como el obispo de Riobamba no querían enviar a los dos hombres al Manicomio de Quito, sino a las mujeres. En el caso de Carmen Robeli, la sanción recayó sobre ella, por vivir con un hombre casado, y no sobre este último, a pesar de que había abandonado a su mujer y a sus hijos. La concepción de la mujer detrás de esta reacción es la de una mujer corruptora que pervierte al hombre.

El que las autoridades civiles y eclesiásticas se ensañaran con las mujeres y no con los hombres muestra la condición subalterna en la que se encontraban las mujeres en la sociedad patriarcal de fines del siglo XIX.

La conflictiva relación Iglesia-Estado

Los progresistas no deseaban romper con la Iglesia: eran fervientes católicos, consideraban que era deber del Estado proteger a la religión católica y a la Iglesia y no podían concebir que un ecuatoriano no fuera católico. Los presidentes progresistas mantenían buenas relaciones con el papa (especialmente Antonio Flores). Para los progresistas, la unidad religiosa y la unidad nacional seguían confundiéndose. Su posición en cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado difería profundamente de la de los liberales, promotores de la libertad de cultos, la secularización de las instituciones públicas y la separación de la Iglesia y el Estado. En realidad, los progresistas no buscaban romper con el predominio cultural-ideológico de la Iglesia (la educación, por ejemplo, siguió siendo monopolio eclesiástico hasta la ley de Instrucción pública de 1896, que decretó que la educación pública era laica), sino más bien limitar su poder político. Para el efecto, contaban con el apoyo del papa, llamado a ser un mediador entre el gobierno y el clero nacional.

Sin embargo, por su radicalidad, el clero ecuatoriano era literalmente más papista que el papa. Mientras este último apoyaba a los presidentes progresistas (incluso le escribió a Flores en 1888 pidiéndole que aceptara la presidencia) y estaba de acuerdo, por ejemplo, con la sustitución del diezmo, el clero nacional se lanzó a una oposición frontal al gobierno de Flores y, en menor medida, al de Luis Cordero.

La respuesta del ministro de Justicia al obispo ilustra la dicotomía del proyecto progresista en materia de relaciones Iglesia-Estado. No hay la intención de romper el predominio de la moral católica pues, por ejemplo, como lo recuerda el ministro, se sigue considerando el concubinato como un delito y el matrimonio por el rito católico como el único modo aceptable de tener una vida de pareja y formar una familia. Lo que se pone en tela de juicio no es el fondo del asunto, sino el procedimiento. Se busca sustraer la administración de la justicia a la Iglesia. El ministro le recuerda al obispo que, a pesar de lo que digan el derecho canónico y el Concordato, se debe respetar el debido proceso y el gobierno no puede acatar sin más las órdenes de las autoridades eclesiásticas. Si el obispo quiere una sanción más dura para ambas mujeres, tendrá que denunciar ambos casos ante el fiscal para iniciar el juicio correspondiente.

La respuesta negativa del ministro indignó al obispo de Riobamba y al arzobispo de Quito, José Ignacio Ordóñez, que quería recurrir a los mismos métodos que su colega. El arzobispo replicó que, como la Iglesia financiaba en parte el Manicomio de Quito, esta podía darse el lujo de servirse algunas veces del Hospicio a su antojo, por ejemplo, para encerrar a los culpables de concubinato y adulterio. Además, esa institución estaba destinada, no a castigarlos, sino a reformarlos, por lo que no se violaba el debido proceso imponiendo una pena de encierro antes de que se dictara sentencia [5].

Esta anécdota es una muestra de las crecientes fricciones que se produjeron entre la Iglesia y el progresismo. El equilibrismo de los progresistas, que querían limitarse a reformar las relaciones entre la Iglesia y el Estado en vez de cortarlas, no logró convencer ni a los liberales ni a los conservadores y la Iglesia. Esta última se resistió a perder su influencia y su poder y luchó desde el púlpito, desde la prensa, desde el parlamento (era común que los obispos, presbíteros y otras autoridades de la Iglesia fueran electos diputados o senadores). La Iglesia se opuso a la sustitución del diezmo que defendió Antonio Flores y a su proyecto de financiar con fondos públicos una delegación del Ecuador en la Exposición universal de París de 1889, bajo el pretexto de que el evento era una celebración de la impía Revolución francesa. De su lado, Pedro Schumacher, obispo de Portoviejo, se opuso a varios nombramientos que el presidente Luis Cordero hizo en las provincias de Manabí y Esmeraldas. La polémica provocada por la intención del obispo de Riobamba, pero también del arzobispo de Quito, de enviar a las personas acusadas de vivir en concubinato al Manicomio de Quito viene a añadirse a la lista de roces entre los gobiernos progresistas y la Iglesia.

El fracaso del equilibrismo progresista abrió la puerta a las tesis liberales que llevaron a la secularización progresiva de la esfera pública y, finalmente, la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1906

Yapa: la visión moralizadora del alcoholismo

A fines del siglo XIX, el alcoholismo no era considerado como una patología y un problema de salud pública, sino como el resultado de una perversión moral. Por consiguiente, se creía que los alcohólicos, llamados “ebrios consuetudinarios”, eran “locos voluntarios” y, por lo tanto, se los enviaba al manicomio para que allí se reformaran, junto con los “locos involuntarios”. En la etapa progresista, a los pocos meses de esta polémica, se crearon varias “casas de temperancia” diseñadas especialmente para recibir a los alcohólicos, de manera a aligerar las funciones de los manicomios. En noviembre de 1891, Flores creó por decreto una en Quito [6]. El decreto señalaba, empero, que no se podía enviar a nadie a la casa de temperancia sin orden judicial (art. 7), razón que el ministro Laso había invocado para negarse al encierro de las dos mujeres en el manicomio de Quito.

Sin embargo, la dimensión moralizadora no despareció, pues dichas casas de temperancia, al igual que los manicomios, estaban a cargo de la Iglesia católica (la casa de temperancia de Quito, por ejemplo estaba a cargo de la Conferencia de San Vicente de Paul). En otras palabras, se estimaba que no se podía subsanar el alcoholismo sin el concurso de la Iglesia y de la moral católica.

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[1] « Documentos. Negocios eclesiásticos », Informe del Ministro de Negocios eclesiásticos, Instrucción pública, Justicia, Beneficencia y Caridad y Estadística al Congreso Constitucional de 1892", Quito, Imprenta del gobierno, 1892, p 15-16.

[2] « Pastoral del Ilmo. Sr. Obispo de Loja al empezar el nuevo año de 1888 », La República del Sagrado Corazón de Jesús, nºXLII - tomo V, marzo de 1888, p. 157.

[3] Enrique Ayala Mora, Historia de la Revolución Liberal ecuatoriana, Quito, Taller de Estudios Históricos - Corporación Editora Nacional, 2002, p. 25.

[4] Malcolm Deas, « Estudio introductorio », in Eloy Alfaro, Narraciones históricas, Quito, Corporación Editora Nacional, 1992, p. 9.

[5] « Documentos. Negocios eclesiásticos », Informe del Ministro de Negocios eclesiásticos, op. cit., p 19.

[6] « Documentos. Beneficencia », Informe del Ministro de Negocios eclesiásticos, op. cit., p 1.

La guerra contra los sindicatos, la doctrina del shock y la resistencia al capitalismo depredador en el midwest estadounidense

La persistencia de la crisis económica, la incapacidad del gobierno de Obama para hacerle frente y las decepciones que trajo el comienzo de su presidencia provocaron una reacción conservadora de gran magnitud en las elecciones de medio mandato. En noviembre de 2010, los demócratas perdieron la supermayoría en el Senado (60 de los 100 escaños) y los republicanos arrasaron con todo en la Cámara de Representantes, paralelamente a la emergencia del Tea Party. Pero el empuje republicano se dio también a nivel de los estados. Los republicanos conquistaron gobernaciones y mayorías parlamentarias en varios estados de la unión, especialmente en el midwest, donde Obama había ganado en 2008. Los republicanos recuperaron tres gobernaciones: Ohio (John Kasich), Michigan (Rick Snyder) y Wisconsin (Scott Walker). En Michigan, los republicanos recuperaron la mayoría en ambas cámaras. En Indiana y en Ohio, obtuvieron mayoría en la Cámara de representantes y una supermayoría en el Senado (dos tercios de los escaños). Con la gobernación y ambas cámaras en sus manos, los republicanos lanzaron una ofensiva generalizada contra los sindicatos en varios estados del midwest, como parte de su campaña de demolición del New Deal, siguiendo el procedimiento que Naomi Klein llama la doctrina del shock. Lo que se juega en el midwest es importante para todo el país: los republicanos desataron su asalto contra toda forma de organización laboral en uno de los corazones industriales del país y una de las zonas de mayor influencia de los sindicatos. La superveniencia de la organización laboral y la resistencia al neoliberalismo en el país depende de la dirección que tomen los estados del midwest.

I) La doctrina del shock, midwest style

Del ataque contra el Estado de bienestar al asalto contra la democracia

Los republicanos, especialmente desde la elección de Ronald Reagan, han hecho lo posible por desmantelar cualquier rezago del New Deal aún visible en los Estados Unidos. Pero en los últimos años, desde que empezó la crisis económica, esta lucha se ha radicalizado (basta ver el programa económico de Mitt Romney, inspirado en las ideas radicales de Paul Ryan) y se ha concentrado no solo en los estados donde los republicanos han mantenido el poder, sino también en aquellos en donde lo han reconquistado, especialmente los del midwest.

El proyecto neoliberal de los republicanos busca eliminar lo que queda de regulación estatal y del estado de bienestar. Incluye recortes masivos al gasto público, sobre todo en el sector social, privatizaciones (incluyendo de la educación), reducción de impuestos a las grandes empresas y a los más adinerados, y medidas conservadoras como la restricción del acceso al aborto. Para poder llevar a cabo un proyecto tan impopular, es necesario eliminar las resistencias, es decir, entrar de lleno en una guerra contra la última forma de oposición institucional y organizada a las medidas neoliberales: los sindicatos. Tras la destrucción, en el sector privado, de buena parte del empleo industrial, altamente sindicalizado, debido a la desindustrialización del país, corolario del proceso de globalización neoliberal, la fuerza de los sindicatos se ha concentrado en el sector público (sindicatos de maestros, bomberos,  policías, enfermeras, etc.) y en los sectores de la industria que aún sobreviven, en el caso de los estados del midwest, esencialmente la maltrecha industria automotriz.

Acabar con la industria del automóvil del midwest es acabar con su mano de obra altamente sindicalizada. Por lo tanto, no debe sorprender que, cuando Obama anunció un multimillonario rescate para la industria automotriz destinado, sobre todo, a los estados del midwest, Romney se opuso. Pero no lo hizo tanto por su filosofía económica (dejar quebrar a las empresas ineficientes), sino por su hostilidad congénita a cualquier forma de organización laboral. Por lo demás, después de las elecciones de 2010, varios estados intentaron disminuir el poder de los sindicatos mediante otros medios: las leyes right-to-work (A), la limitación de la negociación colectiva (B) y, en el caso de Michigan, la ley sobre los emergency managers (C). 

A) La lucha contra los sindicatos toma muchas veces la forma de las llamadas leyes right-to-work, que prohíben la afiliación obligatoria de un trabajador a un sindicato, antes o después de la contratación. Uno de los inconvenientes de estas leyes es que los trabajadores no afiliados se benefician gratuitamente de los resultados de la negociación colectiva llevada adelante por los sindicatos. El objetivo es debilitar a estos últimos financieramente, pues no todos los trabajadores pagan las cuotas, y moralmente, pues, en ese caso, los sindicatos no pueden prevalerse de representar a todos los empleados de una empresa. El mito detrás de este tipo de ley es que debilitar a la organización laboral vuelve al estado donde se la aprobó más atractivo a las empresas extranjeras o de otros estados, lo que produce inversión, empleo y bienestar económico. En realidad, lo que estas leyes hacen es dificultar la negociación colectiva y estancar los salarios y el poder adquisitivo de la gente, sin los beneficios económicos prometidos por la ley.

En Indiana, después de un año de batalla legislativa, se adoptó un proyecto de ley right-to-work que entró en vigencia en febrero de 2012. Fue la primera ley de esa índole en ser adoptada por un estado de la unión en una década. Lo que más llama la atención era que el fenómeno se produjera en un estado con una abundante mano de obra industrial, donde los sindicatos eran muy influyentes. El caso de Indiana se volvió, pues, emblemático y sirvió de ejemplo a seguir para los republicanos de Michigan, otro gran estado industrial, que aprobaron una ley parecida a fines de 2012.

B) En Wisconsin y en Ohio no se adoptaron leyes right-to-work, pero sí otras que buscaban limitar la negociación colectiva para los empleados públicos. En Wisconsin, el objetivo de la ley era, según indicaba su título, restablecer el equilibrio fiscal del estado. Sin embargo, la lucha contra el déficit se convirtió en un pretexto para lanzar un ataque contra los sindicatos de funcionarios. En ambos estados, sendas leyes restringían para los empleados públicos el ámbito de la negociación colectiva únicamente a las cuestiones salariales, y con varias limitaciones. Quedaba prohibida la negociación colectiva, por ejemplo, en materia de pensiones y de seguro médico. En Ohio, además, se volvía ilegal la huelga para los empleados públicos. La diferencia es que la ley de Ohio fue anulada mediante referéndum, mientras que la ley de Wisconsin entró plenamente en vigencia a pesar de la fuerte oposición que despertó.

C) En Michigan, el gobernador fue mucho más allá: logró la aprobación en marzo de 2011 de la alarmante ley sobre los emergency managers, que busca cortocircuitar completamente a la democracia. Esta reforma permitía al gobernador nombrar, en caso de crisis financiera, a administradores de emergencia en los distritos escolares y los municipios del estado, con la facultad de disolver los cuerpos colegiados que los dirigen y asumir sus funciones, vender bienes públicos saltándose el procedimiento normal y rescindir cualquier acuerdo resultado de la negociación colectiva en el sector público. El poder del gobernador se vuelve desproporcionado. ¿Quién nombra a los emergency managers en caso de crisis financiera? El gobernador, con toda discrecionalidad. ¿Y quién decide cuándo hay una crisis financiera? El gobernador. Peor aún, el interventor de emergencia podía ser no solo una persona, sino también una empresa privada nombrada por el gobernador. En otras palabras, se abre el camino para la privatización de ciudades enteras. Una empresa que hiciera las veces de emergency manager recibiría el control absoluto de una ciudad, pues podría disolver su consejo municipal, privatizar la educación pública, la electricidad, el agua, y anular todos los logros de la negociación colectiva en el sector público, sin importar qué programa y qué candidatos hubieran escogido los ciudadanos en las elecciones municipales. Rachel Maddow explica con gran claridad el contenido de la ley (luego viene una entrevista a Naomi Klein; The Rachel Maddow show, 8 de marzo de 2011):

Es el sueño neoliberal hecho realidad: empresas privadas gobernando ciudades por fuera de todo control democrático. Elizabeth Warren señalaba que las grandes empresas no son personas y denunciaba que esta confusión lleva a los republicanos a querer gobernar para las grandes empresas y no para la gente: “Corporations are not people”.

Elizabeth Warren, Democratic National Convention speech, 5 de septiembre de 2012, 8:27-9:11.

En el caso de Michigan, es peor todavía, pues no solo se pretende gobernar para las empresas, sino que las empresas gobiernen.

El shock

Naomi Klein ha demostrado el funcionamiento de la doctrina del shock en las últimas cuatro décadas en su último libro, The shock doctrine. The rise of disaster capitalism. Existe un documental hecho a partir del libro, escrito por Naomi Klein y Alfonso Cuarón. El anuncio del documental explica de manera muy clara cómo funciona la doctrina del shock:

El documental completo: 

La tesis central del libro es que la aplicación de políticas neoliberales es tan impopular que se debe aprovechar una gran catástrofe, i. e., un golpe de Estado, una guerra, un desastre natural, que deje a la población en estado de shock, para poder manipularla con facilidad, convencerla de la necesidad de las medidas neoliberales y adoptarlas prácticamente sin debate, cuando la gente aún está desorientada.

En este caso, la crisis económica es la catástrofe que sirve de catalizador para la aplicación de medidas neoliberales en los estados del midwest, desde enero de 2011, cuando entraron en funciones los nuevos gobernadores y empezaron las nuevas legislaturas. El discurso que se oye es el siguiente: estamos en crisis, hay que tomar decisiones de urgencia, no hay tiempo para debatir, no hay tiempo para la democracia, no importa si la gente no está de acuerdo, de todos modos no hay opción. Este discurso se traduce concretamente por la falta de transparencia en el debate y la precipitación con que se tramitan las reformas. 

El ejemplo más paradigmático de esta tendencia es el del estado de Michigan. El día de las últimas elecciones presidenciales, también hubo elecciones legislativas para la Cámara de representantes de Michigan. Los demócratas obtuvieron más votos (una ventaja de siete puntos), pero el sistema electoral (mayoritario uninominal de una vuelta) favoreció al partido republicano, que mantuvo su mayoría. Sin embargo, los demócratas ganaron seis escaños, reduciendo la mayoría republicana, en ese momento, la más amplia que hubiera logrado el partido republicano en Michigan. Queriendo aprovechar su gran mayoría antes de que en enero de este año entraran en funciones los nuevos representantes demócratas, y temiendo que esta situación dificultara la adopción de leyes conservadoras en la siguiente legislatura, los republicanos decidieron aprobarlas en la última sesión de la legislatura saliente, la llamada lame-duck session, es decir la sesión parlamentaria que se desarrolla después de las elecciones, pero antes de que empiece la nueva legislatura. Las leyes adoptadas buscaban, por ejemplo, restringir el acceso al aborto, eliminar el equivalente del impuesto predial y reducir el peso de los sindicatos (mediante una ley right-to-work). A estas reformas se añadió una nueva versión de la ley sobre los emergency managers, que había sido derogada por referéndum el 6 de noviembre. La lame-duck session duró apenas tres semanas, en diciembre de 2012. Las comisiones encargadas de tramitar los diferentes proyectos de ley no tuvieron tiempo de convocar a audiencias públicas para socializarlos o recibir propuestas y el debate en el pleno de las cámaras fue muy escueto. 

Discutir proyectos de ley tan importantes, que implican, en el caso de la ley right-to-work, la mayor reforma laboral en Michigan desde la aprobación, a nivel federal, de la ley Taft-Hartley en 1947, ameritaba un debate mucho más profundo y reposado. Tanto en Michigan como en Indiana, los gobernadores y las mayorías parlamentarias republicanas que impusieron las leyes right-to-work tenían escasa legitimidad democrática para implementar estas reformas porque no formaban parte del programa por el que habían sido electos en 2010 (2008 para el gobernador de Indiana). Ambos gobernadores decidieron aprobar dichas leyes después de un caprichoso cambio de parecer. Además, en lo que respecta a la Cámara de representantes de Michigan, aunque la nueva legislatura aún no empezaba, las elecciones ya se habían desarrollado: un nuevo mandato popular se había hecho oír (favorable a los demócratas, que ganaron seis escaños y la mayoría de los votos, aunque no de los escaños), de modo que la legislatura saliente tenía poca legitimidad para aprobar al susto estas polémicas leyes.

En suma, como lo reconoce el premio Nobel de Economía Paul Krugman en su artículo « Shock doctrine, USA » (The New York Times, 24 de febrero de 2011, http://www.nytimes.com/2011/02/25/opinion/25krugman.html?_r=0), Wisconsin y otros estados se han convertido en la máxima expresión de la doctrina del shock. Sin embargo, la oposición a las reformas de los republicanos fue mucho más fuerte de lo esperado, aunque no siempre logró doblegar al partido republicano. Lo importante, es que queda demostrada la creciente capacidad de la gente para resistir al shock y mantenerse orientada a pesar de la crisis. Si el 2011 fue el año de la primavera árabe, de los indignados (de España a Israel), de la manifestaciones estudiantiles en Chile y del movimiento Occupy, también fue un año de gran movilización popular y de resistencia al proyecto neoliberal en los Estados Unidos, especialmente en los estados del midwest.

II) La resistencia al shock 

Las leyes antisindicales y las medidas neoliberales aprobadas por los republicanos en los estados del midwest tuvieron que hacer frente a la oposición pertinaz de los demócratas, los sindicatos y los ciudadanos de a pie. La resistencia adoptó diversas formas.

La resistencia parlamentaria 

Independientemente de los reparos que pueda provocar el partido demócrata, hay que reconocer la feroz oposición que los legisladores estatales demócratas ofrecieron a los proyectos de ley antisindicales. En Indiana y en Wisconsin, por ejemplo, los parlamentarios demócratas no tenían mayoría, de modo que recurrieron al legislative walkout: huyeron al estado vecino de Illinois para dejar sin quórum a las cámaras a las que pertenecían y bloquear así los proyectos de ley. 

En Indiana, tras las elecciones legislativas de 2010, los parlamentarios republicanos, envalentonados por sus triunfos en ambas cámaras, se sintieron con suficiente legitimidad como para empezar la discusión de un proyecto de ley right-to-work en febrero de 2011. Al ver que no podía frenar la adopción del proyecto, la minoría demócrata huyó a Illinois para dejar a las cámaras sin quórum. La presión de la minoría demócrata fue tal que el gobernador Mitch Daniels terminó pidiendo a sus colegas republicanos en las cámaras que retiraran el proyecto de reforma, pues no estaba contemplado en el programa de gobierno para su reelección en 2008, aunque personalmente apoyaba el proyecto de ley y un proyecto semejante en Wisconsin. Para fines de marzo, los demócratas habían vuelto al capitolio, una vez que los republicanos prometieron retirar el proyecto de ley de la agenda legislativa. No obstante, a los pocos meses, el gobernador cambió de parecer y renovó su apoyo al proyecto. A pesar de que los representantes demócratas multiplicaron las enmiendas para retrasar la adopción de la reforma, ésta fue aprobada por la Cámara de representantes, luego por el Senado el 1 de febrero de 2012 y promulgada el mismo día por el gobernador. 

En Wisconsin, cuando el gobernador Scott Walker envió el Wisconsin budget repair bill al parlamento, 14 senadores demócratas también huyeron a Illinois dejando al senado sin quórum. Los republicanos usaron todos los medios posibles para hacerlos volver. Los senadores republicanos multaron a los ausentes, luego ordenaron su arresto y que se los trajera al capitolio por la fuerza. Por su lado, el gobernador amenazó con despedir a 1 500 empleados públicos si el proyecto de ley no se aprobaba rápidamente. Nada hizo volver a los demócratas. Finalmente, los republicanos retiraron del proyecto de ley los aspectos fiscales (curioso para una ley que trata sobre el presupuesto del estado), lo que les permitía votarlo sin quórum, y así lo hicieron. Los demócratas, aunque vencidos, fueron aclamados como héroes por los manifestantes cuando regresaron al capitolio. 

Lo que ilustran los ejemplos de Indiana y de Wisconsin es que la resistencia parlamentaria, si bien es necesaria, pues las cámaras están llamadas a ser un espacio de discusión y de decisión donde esté representada la diversidad política del país o, en este caso, del estado, no es suficiente para frenar proyectos de ley de esta índole si no se dispone de una mayoría parlamentaria.

La movilización popular 

Los proyectos de ley antisindicales provocaron multitudinarias manifestaciones en varios estados. El gran momento de convergencia fue principios de marzo de 2011. El 1 de marzo se aprobó la ley que limitaba la negociación colectiva para empleados públicos en Ohio, el 10 una ley semejante en Wisconsin y el 16 la ley sobre los emergency managers en Michigan. Mientras tanto, el proyecto de ley right-to-work estaba en trámite en las cámaras de Indiana. Entre el 8 y 10 de marzo decenas de miles de personas protestaron contra estas reformas delante del capitolio de cada uno de estos estados, y los manifestantes incluso se tomaron el capitolio de Madison, capital de Wisconsin, y de Lansing, capital de Michigan.

Los manifestantes en el capitolio de Madison, Wisconsin

En Michigan, las masivas protestas de principios de 2011 se repitieron en diciembre de 2012, durante la lame-duck session, cuando se volvieron a aprobar leyes que habían sido derogadas por el pueblo en referéndum el 6 de noviembre de 2012. Los manifestantes se volvieron a tomar el capitolio en Lansing, capital de Michigan.

Nos centraremos, sin embargo, en el ejemplo de Wisconsin, probablemente el más emblemático de todos. El día de San Valentín de 2011, el gobernador Scott Walker envió el proyecto de ley al parlamento de Wisconsin. Al día siguiente, decenas de miles de personas se reunieron delante del capitolio en la capital del estado, Madison, para rechazar el proyecto de ley. El número de manifestantes fue aumentando día a día y el 25 de febrero estos se tomaron el capitolio y lo ocuparon por alrededor de dos semanas, acampando dentro del edificio. En este intervalo, las protestas lograron reunir en varias ocasiones alrededor de 100 mil personas, algunas para apoyar al gobernador, la inmensa mayoría para denunciar el proyecto de ley antisindical. El 26 de febrero, los manifestantes de Madison recibieron el apoyo de conciudadanos a lo largo y ancho del país, que también protestaron en sus respectivas ciudades (Nueva York, Chicago, etc.). También contaron con la compañía de conocidos activistas de izquierda, como el cineasta Michael Moore, originario del estado vecino de Michigan, cuyo gobierno también recurría a la doctrina del shock, o Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, quien participó en un concierto en la plaza del capitolio en apoyo a los manifestantes. Estos últimos recibieron el respaldo de los sindicatos de policías y del alcalde demócrata de Madison, que ordenó a la policía municipal que ninguno de sus agentes participara en un desalojo por la fuerza de los manifestantes, y la neutralidad benevolente de la policía del estado, que los invitó en varias ocasiones a retirarse de las inmediaciones del capitolio, pero renunció al uso de la fuerza.

Fotos de las manifestaciones en Madison:

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http://blogs.sacbee.com/photos/2011/02/protest-continues-at-wisconsin.html

2011 Wisconsin Budget Protests 1, por Justin Ormont - CC BY-SA 3.0

Madison protest, por Lacrossewi - CC BY-SA 3.0

Con todo, el parlamento de Wisconsin aprobó el proyecto de ley el 10 de marzo y, al día siguiente, el gobernador lo firmó. A fines de mes, una jueza de Wisconsin decidió sin embargo suspender la ley, acogiéndose a una de las varias demandas presentadas, alegando que la comisión legislativa encargada de analizar el proyecto no respetó sus obligaciones en materia de audiencias públicas para socializarlo y debatirlo, y porque, al contener disposiciones presupuestarias, su aprobación requería el quórum parlamentario. En los meses siguientes, las manifestaciones siguieron, en la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Wisconsin, que el 14 de junio decidió respaldar la ley y dispuso su entrada en vigencia. Tras este pronunciamiento, las protestas declinaron drásticamente. Las dos opciones que quedaban a disposición de los manifestantes eran continuar las acciones legales, esta vez a nivel federal (aunque la Corte federal de apelaciones terminó validando la ley) y recurrir a las urnas.

Las urnas

Las elecciones fueron el recurso último de los opositores a los proyectos de ley republicanos. Tres ejemplos ilustran la manera en que, a través de las urnas, se puede resistir al orden neoliberal. En un caso, el desenlace es desfavorable para los demócratas, sindicatos y manifestantes (Wisconsin), en el otro lo es parcialmente (Michigan) y en el último es favorable (Ohio). 

En Wisconsin, las protestas anti-austeridad desembocaron en revocatorias de mandato para algunos senadores y para el propio gobernador [1]. Las revocatorias se produjeron en el verano de 2011 para algunos senadores y el 5 de junio de 2012 otros senadores y el gobernador. Los senadores cuyo escaño estaba en juego eran a la vez demócratas, acusados por los republicanos de obstrucción parlamentaria por su prolongada ausencia del capitolio, y republicanos, acusados por los manifestantes de atacar a los sindicatos y la negociación colectiva. El resultado de las revocatorias fue decepcionante para los opositores a Scott Walker, quien ganó la elección revocatoria con 53% de los votos, 7 puntos por delante de su contrincante demócrata. Tras las revocatorias de junio 2012 para senadores, los demócratas obtuvieron una mayoría de un escaño en el senado. Pero de poco consuelo les podía servir: la nueva temporada de sesiones del senado estaba prevista para después de las elecciones del 6 de noviembre de 2012, cuando se renovaría la mitad del senado, pero según un redimensionamiento de los distritos electorales favorable a los republicanos. Los resultados para las elecciones federales podían ser globalmente alentadores en Wisconsin: en el estado de Paul Ryan, Obama obtuvo una ventaja de 7 puntos sobre Romney y Tammy Baldwin, representante demócrata, fue electa senadora. Sin embargo, a nivel estatal, los republicanos recuperaron el control del senado y conservaron su mayoría en la Cámara de representantes. En otras palabras, no se avizora ningún cambio significativo hasta las elecciones de 2014 para gobernador, cámara de representantes y la otra mitad del senado. 

En Michigan, el gobernador Rick Snyder logró aprobar en el parlamento la polémica ley sobre los emergency managers en marzo de 2011, al poco tiempo de entrar en funciones. Los opositores a esta reforma recogieron las firmas necesarias para convocar a un referéndum sobre la ley, que se realizó el 6 de noviembre de 2012, al mismo tiempo que las demás elecciones estatales y las federales. La intensa campaña de los demócratas, los sindicatos y buena parte de la ciudadanía, logró reunir una mayoría de 53% de los votos para derogar la ley. El margen es comparable al de la victoria de Obama sobre Romney en el estado y al de los demócratas frente a los republicanos en la elección de la cámara de representantes del estado. Sin embargo, la celebración duró poco pues, tras las elecciones, el gobernador Rick Snyder aprovechó la lame-duck session para aprobar en el parlamento una nueva versión de la ley sobre los emergency managers en el mes de diciembre, una verdadera bofetada para los electores. Curado en salud, incluyó en el nuevo proyecto disposiciones presupuestarias que impiden recurrir de nuevo a un referéndum para derogar la ley una segunda vez. En cuanto la nueva reforma entró en vigencia, Snyder nombró a un interventor para Detroit, la ciudad más grande del estado. Sin embargo, el gobernador no podía hacer oídos sordos del todo frente al pronunciamiento popular del 6 de noviembre. La nueva ley es menos extrema que la anterior: en caso de crisis financiera, los distritos escolares y los consejos municipales tendrán otras opciones a parte de recurrir a un interventor de emergencia y los municipios podrían revocar a un administrador al cabo de un año con una mayoría de dos tercios.

En Ohio, los sindicatos de empleados públicos al igual que funcionarios sin afiliación sindical, profesores, bomberos y policías, organizaron una campaña de recolección de firmas para repeler la ley de marzo de 2011 que limitaba drásticamente la negociación colectiva en el sector público. Después de aprobada la ley en las cámaras, el gobernador firmó el ejecútese el 1 de marzo de 2011. A partir de ahí, los opositores a la ley disponían de 90 días para reunir las firmas necesarias a la convocatoria de un referéndum sobre la cuestión (6% del padrón electoral, o sea alrededor de 230 000 firmas que, por lo demás, debían estar territorialmente repartidas en el estado de manera más o menos uniforme). A la campaña de los sindicatos de empleados públicos se sumaron los sindicatos del sector privado y el partido demócrata de Ohio. Los proponentes del referéndum lograron presentar las firmas antes de que venciera el plazo (el 30 de junio), con un récord absoluto: nunca se habían recolectado tantas firmas en el estado para pedir un referéndum. De las casi 1,3 millones de firmas presentadas, el 70% fueron validadas, de modo que se dio paso al referéndum, que se desarrolló el 8 de noviembre de 2011. La intensiva campaña electoral de los sindicatos y el partido demócrata logró convencer a los habitantes de Ohio, que rechazaron la ley con más del 60% de los votos, aunque la participación fue escasa, pues no llegó ni siquiera al 50% del padrón electoral. A pesar del gran ausentismo, fue una victoria contundente de los opositores a la legislación antisindical y una dura derrota para el gobernador John Kasich. 

Conclusión 

La presente conclusión retoma las ideas expresadas por Naomi Klein en una entrevista con Amy Goodman en Democracy Now (9 de marzo de 2011).

Parte I

Parte II

http://www.youtube.com/watch?v=crOQ3Mmdccw

Klein señala que la lucha contra la convergencia neoliberal no debe regirse por criterios partidistas. Los demócratas también pueden ser hostiles a los sindicatos. En Massachusetts, por ejemplo, los demócratas, que controlan la gobernación y las cámaras, adoptaron una ley que reduce la capacidad de los empleados municipales para negociar colectivamente. El alcalde de Washington D.C., Adrian Fenty (2007-2011), mantuvo tensas relaciones con los sindicatos de maestros públicos y expresó públicamente su apoyo a Scott Walker. A nivel federal, a pesar de las promesas de campaña de 2008 y 2012, Obama también ha atacado a los sindicatos de funcionarios públicos, aunque de manera más solapada e indirecta, por ejemplo, al fortalecer el modelo de las charter schools, que privilegia la privatización de la educación, lo que provocó descontento en los sindicatos de profesores públicos, especialmente en Chicago, principal ciudad de Illinois, bastión electoral del presidente, donde se produjo una huelga de maestros a escasos días de las elecciones presidenciales de 2012. La resistencia contra las reformas neoliberales no es un problema de preferencias partidistas, es una cuestión de principios, y se la debe llevar adelante venga de donde venga la amenaza, ya sea Scott Walker u Obama.

Pero lo que también han demostrado las protestas del 2011 es que la movilización popular crea una fortísima presión sobre los demócratas, que en ese caso logran reunir suficiente coraje político para salir en defensa de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores. Los ejemplos abundan: el alcalde de Madison que se unió a los manifestantes, los legisladores demócratas de Indiana y Wisconsin que huyeron a Illinois para bloquear la legislación antisindical, los demócratas que participaron en la recolección de firmas para convocar un referéndum sobre las leyes aprobadas en Wisconsin y Ohio y luego en la campaña de dichos referéndums. En otras palabras, las multitudinarias manifestaciones y la presión popular crearon una nueva relación entre los ciudadanos movilizados y los demócratas, una nueva forma de cooperación que permitía coordinar la acción de los legisladores demócratas y las protestas delante de los capitolios. 

El resultado de las protestas no siempre fue favorable a los trabajadores y los sindicatos. Al menos queda demostrado que mediante las multitudinarias manifestaciones y las elecciones a veces se puede ganar, como lo demuestra el caso del referéndum de Ohio, lo cual de por sí no es poca cosa. Lo que queda claro en todo caso es que la doctrina del shock se está desgastando. Muchas de las leyes ideadas por los nuevos gobernadores republicanos fueron aprobadas, pero suscitaron gran indignación en la ciudadanía, que decidió reaccionar y proponer alternativas. La estrategia que consiste en aprovechar una crisis para aprobar al apuro leyes polémicas antes de que la gente se dé cuenta de lo que está en juego fracasó. Profundizar la movilización social y mantener la presión sobre el partido demócrata puede transformar la situación de los estados del midwest en las elecciones de 2014 para empezar a contener, incluso revertir, los efectos de la doctrina del shock. 

[1] Las revocatorias de mandato en Estados Unidos difieren del caso ecuatoriano. En Ecuador, se trata de un referéndum a favor o en contra de una autoridad. Si esta pierde, le reemplaza su suplente o segundo al mando, mientras que en Estado Unidos es una verdadera elección, con varios candidatos, entre ellos la autoridad cuestionada. 

El largo camino hacia el sufragio universal en el Ecuador (1830-2008)

La cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas es la ocasión de reflexionar sobre el sufragio universal en el Ecuador. El derecho al voto parecería una evidencia hoy en día, en pleno siglo XXI. Sin embargo, todavía viven personas que no pudieron votar antes de 1978 porque eran analfabetas. En las elecciones de 2009, los militares en servicio activo ejercieron su derecho al voto por pirmera vez desde 1946. El sufragio universal es una condición necesaria, aunque no suficiente, de la democracia. De ahí la pertinencia de analizar el proceso que llevó, en diferentes etapas, a su consagración como principio básico de la democracia en el país. Las tres etapas cruciales son: 1861, cuando se elimina el sufragio censitario; 1929, cuando las mujeres obtienen explícitamente el derecho al voto; y 1978, cuando los analfabetos acceden al sufragio. Personalmente, no creo que se pueda hablar de sufragio universal mientras no se otorgue el derecho al voto a las mujeres. Excluir a la mitad de la población del cuerpo electoral no tiene nada de universal. Pero incluso cuando las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1929, no se podía hablar de universalidad del sufragio, pues no tenían derecho de ciudadanía los analfabetos, que representaban a la mayoría de la población.

A continuación, haremos un recapitulativo de las diferentes etapas que llevaron al sufragio universal en el Ecuador, desde la independencia hasta la Constitución de Montecristi, centrándonos exclusivamente en el aspecto jurídico, mediante un análisis comparativo de las sucesivas constituciones que rigieron al país, en una perspectiva diacrónica [1].

Las elecciones en los albores de la vida republicana

En el Ecuador, como en el resto de América latina, las elecciones jugaron un papel muy importante en el funcionamiento de las instituciones públicas a lo largo del siglo XIX. Contrariamente a lo que se podría pensar, en el Ecuador las elecciones se llevaban a cabo de manera más o menos regular y se votaba mucho (en algunos momentos, se eligió a las cámaras legislativas cada dos años, en otros, cada año). Se trataba, empero, de elecciones muy diferentes a las de hoy en día, sin campaña oficial (Antonio Flores fue electo presidente en 1888, cuando vivía en París), sin partidos políticos (que no se crearon, en su versión moderna, hasta 1925), sin programas electorales, muchas veces sin siquiera candidaturas oficiales (a veces resultaba electa un persona que nunca había propuesto su candidatura). En las primeras décadas de vida republicana, el voto no era secreto, era una actividad que se realizaba públicamente, en grupo, y las elecciones eran indirectas. A lo largo del siglo XIX, el cuerpo electoral fue, además, muy reducido, como lo veremos a continuación.

En el momento de la separación de la Gran Colombia, el Ecuador se dotó de su primera Constitución. Esta  establecía que las elecciones eran indirectas. Los electores se reunían en las “asambleas parroquiales”, cada cuatro años, para escoger en cada parroquia a los grandes electores que representarían a todo el cantón. Luego, los grandes electores de los cantones se reunían en “asambleas electorales” a nivel provincial, para escoger, a su vez, a los representantes y senadores de la provincia y al presidente de la República.

La participación política era, por lo demás, limitada. En primer lugar, sólo podían votar los hombres mayores de veintidós años [2] que supieran leer y escribir y que dispusieran de una propiedad inmobiliaria o una fortuna de 300 pesos en efectivo, 200 a partir de 1835 (“valor libre de 200 pesos”), o que ejercieran “una profesión o industria útil, sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero” (es decir las profesiones liberales: comerciantes, médicos, abogados, notarios). En otras palabras, sólo se permitía a algunos hombres solteros y, básicamente, a los jefes de familia pronunciarse sobre los destinos políticos del país, a nombre de toda la familia, en el sentido amplio: la mujer, los niños, los esclavos (hasta la abolición de la esclavitud en 1852), los empleados domésticos. La ciudadanía estaba, en ese entonces, íntimamente ligada a la noción de vecindad: para ser elector, había que ser “vecino” de la parroquia donde se sufragaba. Esto implicaba que  la definición de la ciudadanía era a la vez territorial, pues el ciudadano poseía una o varias propiedades y ejercía una actividad en la parroquia donde votaba, y moral: el ciudadano era un hombre con una forma de subsistencia honesta y cuya virtud y reputación eran reconocidas por sus conciudadanos (asimismo se podía perder los derechos de ciudadanía por motivos morales: alcoholismo, quiebra fraudulenta, etc.).

En segundo lugar, los requerimientos para ser candidato a representante, senador o presidente, eran todavía más estrictos: para ser representante, había que disponer de una propiedad de 3000 pesos o de una fortuna de 500 pesos en efectivo, mientras que para senador o presidente, los requisitos eran una propiedad de 6000 pesos o una fortuna de 1000 pesos en efectivo.

La combinación del carácter indirecto de las elecciones, del sufragio censitario (por la exigencia de una fortuna o un patrimonio mínimos para ser elector y candidato) y de lo que en francés se llamaría el suffrage capacitaire, es decir un sufragio en función de las capacidades y el talento de las personas (por la exigencia de saber leer y escribir y la posibilidad de votar si, en vez de tener una fortuna importante, se ejerce una profesión “útil”), creaba los filtros necesarios para que fueran siempre los “mejores”, los hombres más idóneos, los que resultaran electos a cargos públicos. De este modo, se excluía a los sectores subalternos: las mujeres y las clases populares, que carecían de fortuna y patrimonio y eran analfabetas, especialmente las masas indígenas. La exclusión de la mayor parte de los adultos de la participación electoral produjo la multiplicación de mecanismos alternativos de expresión política: peticiones, pronunciamientos, apoyo a aventuras caudillistas, montoneras.

La Constitución de 1852 mantuvo las restricciones para ser miembro del cuerpo electoral, pero dio un paso importante, al eliminar uno de los filtros: las elecciones indirectas. A partir de 1852, los electores designarían directamente a los representantes y senadores y al presidente, sin mediación alguna.

El fin del sufragio censitario

La Constitución de 1861 fue una etapa importante hacia la democratización del voto. Se eliminó el sufragio censitario: podían votar los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, independientemente de su fortuna. Se podría decir que se logró entonces lo que algunos llamarían el sufragio universal masculino. En realidad, la yuxtaposición de los términos “masculino” y “universal” es un oxímoron, porque se siguió excluyendo a las mujeres. Además, era necesario saber leer y escribir. La inmensa mayoría de la población era analfabeta en ese entonces, especialmente los indígenas y los afroecuatorianos. Sin embargo, la Constitución de 1861 permitió la incorporación al electorado de sectores medios, como pequeños comerciantes y artesanos, que sabían leer y escribir, pero no disponían de la fortuna o patrimonio que se exigía antes para poder votar. En todo caso, una vez que se amplió el cuerpo electoral en 1861, se profundizaron diversos mecanismos de control del voto: las presiones y amenazas de las élites contra sus subalternos, la militarización de los recintos electorales, el fraude (que alcanzó su grado de perfección en la etapa plutocrática del liberalismo, 1912-1925).

Por otro lado, la Constitución de 1861 no eliminó, pero sí redujo las condiciones para ser representante y senador: para llegar al Senado, se necesitaba tener una fortuna de 500 pesos en efectivo, en vez de una de 1000 o una propiedad de 6000; para ser representante se requería una fortuna de 300 pesos, en vez de una de 500 o una propiedad de 3000. Estas nuevas condiciones seguían excluyendo a la mayoría de la población de los cargos de elección popular, pero constituyeron una primera apertura.

La Constitución de 1869, conocida como la “Carta negra”, es un texto peculiar, pues buscó reconocer o ampliar ciertos derechos, al tiempo que instauraba “un sistema de gobierno cuasi monárquico, represivo y confesional-excluyente” [3]. En 1869, se eliminó todo requisito financiero para ser representante, pero al mismo tiempo se consolidaba un orden autoritario y se exigía ser católico para ser ciudadano (aunque el impacto de esta medida fue menor, pues casi la totalidad de la población, incluso la mayoría de los liberales más radicales, se definía entonces como católica) [4]. La Constitución de 1878, aprobada en tiempos de Veintimilla, restableció el requisito de una fortuna de 300 pesos para ser representante.

Tras la caída de Veintimilla y el asenso al poder de los progresistas, siguiendo el espíritu de la “Restauración”, se buscó ampliar la participación política. La Constitución de 1884 eliminó definitivamente los requisitos pecuniarios para ser candidato: bastaba con gozar de sus derechos de ciudadanía y tener la edad mínima que exigiera cada cargo (25 años para diputado, 35 para senador y presidente). En teoría, esto permitía ser candidato a cualquier miembro del electorado, incluso aquellos sectores incorporados a partir de 1861. En la práctica, la participación en la palestra electoral siguió siendo un privilegio de las élites (recordemos que los opositores al régimen progresista denunciaban lo que se conocía como “la argolla”, es decir, el círculo cerrado que gravitaba alrededor del clan de los Caamaño-Flores, que ostentaba el monopolio del poder). Sin embargo, por lo menos del punto de vista jurídico, el salto hacia adelante es de capital importancia.

La Constitución de 1884 fue en cambio la primera (y última) en indicar explícitamente que el derecho al voto estaba reservado a los “ecuatorianos varones”, lo que dejaba fuera a las mujeres. Con todo, el mérito de la Asamblea Constituyente de 1883-1884 fue que en ella se dio por primera vez el debate sobre la pertinencia de otorgarles a las mujeres el derecho al voto.

La ampliación del derecho al voto a los sectores subalternos

La Revolución liberal marcó una etapa importante hacia la integración de las mujeres al cuerpo electoral. Las constituyentes de 1896 y 1906 decidieron eliminar de la Constitución cualquier referencia al sexo de los ciudadanos, contrariamente a la de 1884, abriendo así la puerta a una ulterior aprobación del voto femenino, cuando las condiciones se vieran reunidas.

Basándose justamente en la Constitución de 1906, que indicaba que para ser ciudadano se requería simplemente ser mayor de 21 años y saber leer escribir, Matilde Hidalgo de Prócel decidió hacer valer su derecho al voto para las elecciones municipales de 1924, pues cumplía con las condiciones que establecía la Constitución. Pidió su inscripción en el padrón electoral a la junta electoral de Machala, y ante las reticencias de esta última, decidió escribir al ministro del Interior, el cual consultó con el Consejo de Estado. Este decidió que las mujeres tenían el derecho al voto y a ser candidatas, pues nada se oponía a ello en la Constitución. Hidalgo fue inscrita entonces en el padrón electoral y se convirtió en la primera mujer en votar en el país y en América latina.

Más tarde, durante la Revolución juliana, la Constituyente de 1928 decidió otorgar explícitamente el derecho al voto a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir [5]. No obstante, se mantuvo la prohibición de que los analfabetos votaran. La mayoría de la población era analfabeta en ese entonces, especialmente los indígenas y las mujeres, por lo que la mayor parte de la población adulta quedaba fuera de la participación electoral. Por lo demás, el voto fue facultativo para las mujeres hasta la Constitución de 1967.

Hubo que esperar hasta 1978 para que se aboliera por fin toda barrera al sufragio, al eliminarse de la Constitución la disposición que exigía saber leer y escribir para poder votar. El Ecuador fue de los últimos países en permitir votar a los analfabetos (otro de los países rezagados, Chile lo hizo en 1972). Al tener en cuenta que en 1978 gran parte de la población era aún analfabeta, sólo a partir de esa fecha se puede hablar de sufragio universal en el Ecuador.

La profundización del sufragio universal

Pero la historia no se acaba ahí. Treinta años más tarde, la Constitución de Montecristi buscó profundizar el sufragio universal, integrando a tres grupos hasta ese entonces excluidos del cuerpo electoral: los menores de 16 a 18 años, las fuerzas armadas y los extranjeros residentes en el país.

En 1945, se estableció de manera definitiva la mayoría de edad en los 18 años (la constitución de 1896 también lo había hecho, pero en la de 1906 se restableció los 21 años). La Constituyente de 2008 estimó que los adolescentes de 16 a 18 años, pese a ser menores, tenían edad suficiente para formar su criterio en materia política, por lo que había que permitirles expresarse electoralmente.

En varios países, el voto ha estado vetado a los militares. En Francia, por ejemplo, se les excluyó del cuerpo electoral en los primeros años de la Tercera República, pero el gobierno provisional les devolvió el derecho al voto durante la Liberación. Precisamente en el mismo momento, la Constitución de 1946 prohibía el voto militar en el Ecuador. Los militares siempre habían votado hasta esa fecha, pero hubo que esperar a 2008 para que pudieran hacerlo de nuevo. Al tratarse de ciudadanos como los demás, no había razón para no permitirles ejercer su derecho al voto en un Estado democrático que garantiza la igualdad de derechos. En esta materia, el Ecuador llevaba 40 años de retraso con Francia (no así con el voto femenino, permitido 15 años antes en el Ecuador).

La Constitución de 2008 es a la vez audaz y tímida en relación al voto de los extranjeros. Es de las más progresistas en este aspecto porque permite la participación de los extranjeros que hayan residido legalmente en el país durante por lo menos cinco años en todas las elecciones, incluso las elecciones nacionales (presidenciales, legislativas y Parlamento andino). En la mayoría de países donde los extranjeros pueden votar, su derecho al sufragio se limita, en cambio, a las elecciones seccionales, a veces exclusivamente a las municipales. Sin embargo, la Constitución de Montecristi excluye a los extranjeros de la participación en las elecciones como candidatos. En otros países (como Austria), se permite a los extranjeros residentes ser candidatos a las elecciones locales, siempre y cuando no ocupen ningún cargo ejecutivo (pueden ser concejales, por ejemplo, pero no alcaldes).

En suma, si hoy todos podemos votar, es el resultado de un largo proceso de más de un siglo, constituido por diversas etapas que permitieron progresivamente obtener el sufragio universal. Sin embargo, como fue señalado en la introducción, el sufragio universal no es condición suficiente para la democracia. Si se quiere evaluar la calidad de la democracia ecuatoriana, no se puede pasar por alto ciertos temas: el reconocimiento de ciertos principios básicos, como la abolición de la prisión por deudas en 1918, la presunción de inocencia, y su corolario, la caducidad de la prisión preventiva; el método de asignación de escaños, que puede distorsionar la voluntad popular; la separación de poderes; el estado de las libertades, de reunión, de expresión, de culto (que incluye la posibilidad de no tener creencia religiosa alguna).

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[1] Se puede consultar en línea todas las constituciones del país en la biblioteca virtual de la ESPE: http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35

[2] 18 años de 1835 a 1845, 21 de 1845 a 1945 (con la excepción de la Constitución de 1896, que establecía la mayoría de edad a los 18 años), 18 de 1945 a 2008, 16 desde entonces.

[3] AYALA MORA, Enrique, Historia de la Revolución liberal ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional-Taller de Estudios Históricos, 2002, p. 25.

[4] La Constitución de 1869 contenía otras contradicciones. Era la primera en prohibir explícitamente la censura previa, pero también estipulaba que quien abusara de la libertad de expresión sería sancionado. Era la primera en reconocer la libertad de reunión, pero al mismo tiempo afirmaba que toda asociación estaría bajo la vigilancia del gobierno. No se indicaba explícitamente cómo se controlaría toda reunión pública o privada a lo largo y ancho del país, pero por lo menos se daba rienda suelta al gobierno para que interfiriera con esta libertad.

[5] Sobre el sufragio femenino en el Ecuador, es altamente recomendable consultar: GOETSCHEL, Ana María y PRIETO, Mercedes, “El sufragio femenino en el Ecuador, 1884-1940”, in PRIETO, Mercedes (ed.), Mujeres y escenarios ciudadanos, Quito, FLACSO-Ministerio de Cultura, 2008.