miércoles, 24 de abril de 2013

La guerra contra los sindicatos, la doctrina del shock y la resistencia al capitalismo depredador en el midwest estadounidense

La persistencia de la crisis económica, la incapacidad del gobierno de Obama para hacerle frente y las decepciones que trajo el comienzo de su presidencia provocaron una reacción conservadora de gran magnitud en las elecciones de medio mandato. En noviembre de 2010, los demócratas perdieron la supermayoría en el Senado (60 de los 100 escaños) y los republicanos arrasaron con todo en la Cámara de Representantes, paralelamente a la emergencia del Tea Party. Pero el empuje republicano se dio también a nivel de los estados. Los republicanos conquistaron gobernaciones y mayorías parlamentarias en varios estados de la unión, especialmente en el midwest, donde Obama había ganado en 2008. Los republicanos recuperaron tres gobernaciones: Ohio (John Kasich), Michigan (Rick Snyder) y Wisconsin (Scott Walker). En Michigan, los republicanos recuperaron la mayoría en ambas cámaras. En Indiana y en Ohio, obtuvieron mayoría en la Cámara de representantes y una supermayoría en el Senado (dos tercios de los escaños). Con la gobernación y ambas cámaras en sus manos, los republicanos lanzaron una ofensiva generalizada contra los sindicatos en varios estados del midwest, como parte de su campaña de demolición del New Deal, siguiendo el procedimiento que Naomi Klein llama la doctrina del shock. Lo que se juega en el midwest es importante para todo el país: los republicanos desataron su asalto contra toda forma de organización laboral en uno de los corazones industriales del país y una de las zonas de mayor influencia de los sindicatos. La superveniencia de la organización laboral y la resistencia al neoliberalismo en el país depende de la dirección que tomen los estados del midwest.


I) La doctrina del shock, midwest style


Del ataque contra el Estado de bienestar al asalto contra la democracia

Los republicanos, especialmente desde la elección de Ronald Reagan, han hecho lo posible por desmantelar cualquier rezago del New Deal aún visible en los Estados Unidos. Pero en los últimos años, desde que empezó la crisis económica, esta lucha se ha radicalizado (basta ver el programa económico de Mitt Romney, inspirado en las ideas radicales de Paul Ryan) y se ha concentrado no solo en los estados donde los republicanos han mantenido el poder, sino también en aquellos en donde lo han reconquistado, especialmente los del midwest.

El proyecto neoliberal de los republicanos busca eliminar lo que queda de regulación estatal y del estado de bienestar. Incluye recortes masivos al gasto público, sobre todo en el sector social, privatizaciones (incluyendo de la educación), reducción de impuestos a las grandes empresas y a los más adinerados, y medidas conservadoras como la restricción del acceso al aborto. Para poder llevar a cabo un proyecto tan impopular, es necesario eliminar las resistencias, es decir, entrar de lleno en una guerra contra la última forma de oposición institucional y organizada a las medidas neoliberales: los sindicatos. Tras la destrucción, en el sector privado, de buena parte del empleo industrial, altamente sindicalizado, debido a la desindustrialización del país, corolario del proceso de globalización neoliberal, la fuerza de los sindicatos se ha concentrado en el sector público (sindicatos de maestros, bomberos,  policías, enfermeras, etc.) y en los sectores de la industria que aún sobreviven, en el caso de los estados del midwest, esencialmente la maltrecha industria automotriz.

Acabar con la industria del automóvil del midwest es acabar con su mano de obra altamente sindicalizada. Por lo tanto, no debe sorprender que, cuando Obama anunció un multimillonario rescate para la industria automotriz destinado, sobre todo, a los estados del midwest, Romney se opuso. Pero no lo hizo tanto por su filosofía económica (dejar quebrar a las empresas ineficientes), sino por su hostilidad congénita a cualquier forma de organización laboral. Por lo demás, después de las elecciones de 2010, varios estados intentaron disminuir el poder de los sindicatos mediante otros medios: las leyes right-to-work (A), la limitación de la negociación colectiva (B) y, en el caso de Michigan, la ley sobre los emergency managers (C). 

A) La lucha contra los sindicatos toma muchas veces la forma de las llamadas leyes right-to-work, que prohíben la afiliación obligatoria de un trabajador a un sindicato, antes o después de la contratación. Uno de los inconvenientes de estas leyes es que los trabajadores no afiliados se benefician gratuitamente de los resultados de la negociación colectiva llevada adelante por los sindicatos. El objetivo es debilitar a estos últimos financieramente, pues no todos los trabajadores pagan las cuotas, y moralmente, pues, en ese caso, los sindicatos no pueden prevalerse de representar a todos los empleados de una empresa. El mito detrás de este tipo de ley es que debilitar a la organización laboral vuelve al estado donde se la aprobó más atractivo a las empresas extranjeras o de otros estados, lo que produce inversión, empleo y bienestar económico. En realidad, lo que estas leyes hacen es dificultar la negociación colectiva y estancar los salarios y el poder adquisitivo de la gente, sin los beneficios económicos prometidos por la ley.

En Indiana, después de un año de batalla legislativa, se adoptó un proyecto de ley right-to-work que entró en vigencia en febrero de 2012. Fue la primera ley de esa índole en ser adoptada por un estado de la unión en una década. Lo que más llama la atención era que el fenómeno se produjera en un estado con una abundante mano de obra industrial, donde los sindicatos eran muy influyentes. El caso de Indiana se volvió, pues, emblemático y sirvió de ejemplo a seguir para los republicanos de Michigan, otro gran estado industrial, que aprobaron una ley parecida a fines de 2012.

B) En Wisconsin y en Ohio no se adoptaron leyes right-to-work, pero sí otras que buscaban limitar la negociación colectiva para los empleados públicos. En Wisconsin, el objetivo de la ley era, según indicaba su título, restablecer el equilibrio fiscal del estado. Sin embargo, la lucha contra el déficit se convirtió en un pretexto para lanzar un ataque contra los sindicatos de funcionarios. En ambos estados, sendas leyes restringían para los empleados públicos el ámbito de la negociación colectiva únicamente a las cuestiones salariales, y con varias limitaciones. Quedaba prohibida la negociación colectiva, por ejemplo, en materia de pensiones y de seguro médico. En Ohio, además, se volvía ilegal la huelga para los empleados públicos. La diferencia es que la ley de Ohio fue anulada mediante referéndum, mientras que la ley de Wisconsin entró plenamente en vigencia a pesar de la fuerte oposición que despertó.

C) En Michigan, el gobernador fue mucho más allá: logró la aprobación en marzo de 2011 de la alarmante ley sobre los emergency managers, que busca cortocircuitar completamente a la democracia. Esta reforma permitía al gobernador nombrar, en caso de crisis financiera, a administradores de emergencia en los distritos escolares y los municipios del estado, con la facultad de disolver los cuerpos colegiados que los dirigen y asumir sus funciones, vender bienes públicos saltándose el procedimiento normal y rescindir cualquier acuerdo resultado de la negociación colectiva en el sector público. El poder del gobernador se vuelve desproporcionado. ¿Quién nombra a los emergency managers en caso de crisis financiera? El gobernador, con toda discrecionalidad. ¿Y quién decide cuándo hay una crisis financiera? El gobernador. Peor aún, el interventor de emergencia podía ser no solo una persona, sino también una empresa privada nombrada por el gobernador. En otras palabras, se abre el camino para la privatización de ciudades enteras. Una empresa que hiciera las veces de emergency manager recibiría el control absoluto de una ciudad, pues podría disolver su consejo municipal, privatizar la educación pública, la electricidad, el agua, y anular todos los logros de la negociación colectiva en el sector público, sin importar qué programa y qué candidatos hubieran escogido los ciudadanos en las elecciones municipales. Rachel Maddow explica con gran claridad el contenido de la ley (luego viene una entrevista a Naomi Klein; The Rachel Maddow show, 8 de marzo de 2011):



Es el sueño neoliberal hecho realidad: empresas privadas gobernando ciudades por fuera de todo control democrático. Elizabeth Warren señalaba que las grandes empresas no son personas y denunciaba que esta confusión lleva a los republicanos a querer gobernar para las grandes empresas y no para la gente: “Corporations are not people”.

Elizabeth Warren, Democratic National Convention speech, 5 de septiembre de 2012, 8:27-9:11.


En el caso de Michigan, es peor todavía, pues no solo se pretende gobernar para las empresas, sino que las empresas gobiernen.


El shock

Naomi Klein ha demostrado el funcionamiento de la doctrina del shock en las últimas cuatro décadas en su último libro, The shock doctrine. The rise of disaster capitalism. Existe un documental hecho a partir del libro, escrito por Naomi Klein y Alfonso Cuarón. El anuncio del documental explica de manera muy clara cómo funciona la doctrina del shock:


El documental completo: 


La tesis central del libro es que la aplicación de políticas neoliberales es tan impopular que se debe aprovechar una gran catástrofe, i. e., un golpe de Estado, una guerra, un desastre natural, que deje a la población en estado de shock, para poder manipularla con facilidad, convencerla de la necesidad de las medidas neoliberales y adoptarlas prácticamente sin debate, cuando la gente aún está desorientada.

En este caso, la crisis económica es la catástrofe que sirve de catalizador para la aplicación de medidas neoliberales en los estados del midwest, desde enero de 2011, cuando entraron en funciones los nuevos gobernadores y empezaron las nuevas legislaturas. El discurso que se oye es el siguiente: estamos en crisis, hay que tomar decisiones de urgencia, no hay tiempo para debatir, no hay tiempo para la democracia, no importa si la gente no está de acuerdo, de todos modos no hay opción. Este discurso se traduce concretamente por la falta de transparencia en el debate y la precipitación con que se tramitan las reformas. 

El ejemplo más paradigmático de esta tendencia es el del estado de Michigan. El día de las últimas elecciones presidenciales, también hubo elecciones legislativas para la Cámara de representantes de Michigan. Los demócratas obtuvieron más votos (una ventaja de siete puntos), pero el sistema electoral (mayoritario uninominal de una vuelta) favoreció al partido republicano, que mantuvo su mayoría. Sin embargo, los demócratas ganaron seis escaños, reduciendo la mayoría republicana, en ese momento, la más amplia que hubiera logrado el partido republicano en Michigan. Queriendo aprovechar su gran mayoría antes de que en enero de este año entraran en funciones los nuevos representantes demócratas, y temiendo que esta situación dificultara la adopción de leyes conservadoras en la siguiente legislatura, los republicanos decidieron aprobarlas en la última sesión de la legislatura saliente, la llamada lame-duck session, es decir la sesión parlamentaria que se desarrolla después de las elecciones, pero antes de que empiece la nueva legislatura. Las leyes adoptadas buscaban, por ejemplo, restringir el acceso al aborto, eliminar el equivalente del impuesto predial y reducir el peso de los sindicatos (mediante una ley right-to-work). A estas reformas se añadió una nueva versión de la ley sobre los emergency managers, que había sido derogada por referéndum el 6 de noviembre. La lame-duck session duró apenas tres semanas, en diciembre de 2012. Las comisiones encargadas de tramitar los diferentes proyectos de ley no tuvieron tiempo de convocar a audiencias públicas para socializarlos o recibir propuestas y el debate en el pleno de las cámaras fue muy escueto. 

Discutir proyectos de ley tan importantes, que implican, en el caso de la ley right-to-work, la mayor reforma laboral en Michigan desde la aprobación, a nivel federal, de la ley Taft-Hartley en 1947, ameritaba un debate mucho más profundo y reposado. Tanto en Michigan como en Indiana, los gobernadores y las mayorías parlamentarias republicanas que impusieron las leyes right-to-work tenían escasa legitimidad democrática para implementar estas reformas porque no formaban parte del programa por el que habían sido electos en 2010 (2008 para el gobernador de Indiana). Ambos gobernadores decidieron aprobar dichas leyes después de un caprichoso cambio de parecer. Además, en lo que respecta a la Cámara de representantes de Michigan, aunque la nueva legislatura aún no empezaba, las elecciones ya se habían desarrollado: un nuevo mandato popular se había hecho oír (favorable a los demócratas, que ganaron seis escaños y la mayoría de los votos, aunque no de los escaños), de modo que la legislatura saliente tenía poca legitimidad para aprobar al susto estas polémicas leyes.

En suma, como lo reconoce el premio Nobel de Economía Paul Krugman en su artículo « Shock doctrine, USA » (The New York Times, 24 de febrero de 2011, http://www.nytimes.com/2011/02/25/opinion/25krugman.html?_r=0), Wisconsin y otros estados se han convertido en la máxima expresión de la doctrina del shock. Sin embargo, la oposición a las reformas de los republicanos fue mucho más fuerte de lo esperado, aunque no siempre logró doblegar al partido republicano. Lo importante, es que queda demostrada la creciente capacidad de la gente para resistir al shock y mantenerse orientada a pesar de la crisis. Si el 2011 fue el año de la primavera árabe, de los indignados (de España a Israel), de la manifestaciones estudiantiles en Chile y del movimiento Occupy, también fue un año de gran movilización popular y de resistencia al proyecto neoliberal en los Estados Unidos, especialmente en los estados del midwest.


II) La resistencia al shock 


Las leyes antisindicales y las medidas neoliberales aprobadas por los republicanos en los estados del midwest tuvieron que hacer frente a la oposición pertinaz de los demócratas, los sindicatos y los ciudadanos de a pie. La resistencia adoptó diversas formas.


La resistencia parlamentaria 

Independientemente de los reparos que pueda provocar el partido demócrata, hay que reconocer la feroz oposición que los legisladores estatales demócratas ofrecieron a los proyectos de ley antisindicales. En Indiana y en Wisconsin, por ejemplo, los parlamentarios demócratas no tenían mayoría, de modo que recurrieron al legislative walkout: huyeron al estado vecino de Illinois para dejar sin quórum a las cámaras a las que pertenecían y bloquear así los proyectos de ley. 

En Indiana, tras las elecciones legislativas de 2010, los parlamentarios republicanos, envalentonados por sus triunfos en ambas cámaras, se sintieron con suficiente legitimidad como para empezar la discusión de un proyecto de ley right-to-work en febrero de 2011. Al ver que no podía frenar la adopción del proyecto, la minoría demócrata huyó a Illinois para dejar a las cámaras sin quórum. La presión de la minoría demócrata fue tal que el gobernador Mitch Daniels terminó pidiendo a sus colegas republicanos en las cámaras que retiraran el proyecto de reforma, pues no estaba contemplado en el programa de gobierno para su reelección en 2008, aunque personalmente apoyaba el proyecto de ley y un proyecto semejante en Wisconsin. Para fines de marzo, los demócratas habían vuelto al capitolio, una vez que los republicanos prometieron retirar el proyecto de ley de la agenda legislativa. No obstante, a los pocos meses, el gobernador cambió de parecer y renovó su apoyo al proyecto. A pesar de que los representantes demócratas multiplicaron las enmiendas para retrasar la adopción de la reforma, ésta fue aprobada por la Cámara de representantes, luego por el Senado el 1 de febrero de 2012 y promulgada el mismo día por el gobernador. 

En Wisconsin, cuando el gobernador Scott Walker envió el Wisconsin budget repair bill al parlamento, 14 senadores demócratas también huyeron a Illinois dejando al senado sin quórum. Los republicanos usaron todos los medios posibles para hacerlos volver. Los senadores republicanos multaron a los ausentes, luego ordenaron su arresto y que se los trajera al capitolio por la fuerza. Por su lado, el gobernador amenazó con despedir a 1 500 empleados públicos si el proyecto de ley no se aprobaba rápidamente. Nada hizo volver a los demócratas. Finalmente, los republicanos retiraron del proyecto de ley los aspectos fiscales (curioso para una ley que trata sobre el presupuesto del estado), lo que les permitía votarlo sin quórum, y así lo hicieron. Los demócratas, aunque vencidos, fueron aclamados como héroes por los manifestantes cuando regresaron al capitolio. 

Lo que ilustran los ejemplos de Indiana y de Wisconsin es que la resistencia parlamentaria, si bien es necesaria, pues las cámaras están llamadas a ser un espacio de discusión y de decisión donde esté representada la diversidad política del país o, en este caso, del estado, no es suficiente para frenar proyectos de ley de esta índole si no se dispone de una mayoría parlamentaria.

La movilización popular 

Los proyectos de ley antisindicales provocaron multitudinarias manifestaciones en varios estados. El gran momento de convergencia fue principios de marzo de 2011. El 1 de marzo se aprobó la ley que limitaba la negociación colectiva para empleados públicos en Ohio, el 10 una ley semejante en Wisconsin y el 16 la ley sobre los emergency managers en Michigan. Mientras tanto, el proyecto de ley right-to-work estaba en trámite en las cámaras de Indiana. Entre el 8 y 10 de marzo decenas de miles de personas protestaron contra estas reformas delante del capitolio de cada uno de estos estados, y los manifestantes incluso se tomaron el capitolio de Madison, capital de Wisconsin, y de Lansing, capital de Michigan.

Los manifestantes en el capitolio de Madison, Wisconsin


En Michigan, las masivas protestas de principios de 2011 se repitieron en diciembre de 2012, durante la lame-duck session, cuando se volvieron a aprobar leyes que habían sido derogadas por el pueblo en referéndum el 6 de noviembre de 2012. Los manifestantes se volvieron a tomar el capitolio en Lansing, capital de Michigan.

Nos centraremos, sin embargo, en el ejemplo de Wisconsin, probablemente el más emblemático de todos. El día de San Valentín de 2011, el gobernador Scott Walker envió el proyecto de ley al parlamento de Wisconsin. Al día siguiente, decenas de miles de personas se reunieron delante del capitolio en la capital del estado, Madison, para rechazar el proyecto de ley. El número de manifestantes fue aumentando día a día y el 25 de febrero estos se tomaron el capitolio y lo ocuparon por alrededor de dos semanas, acampando dentro del edificio. En este intervalo, las protestas lograron reunir en varias ocasiones alrededor de 100 mil personas, algunas para apoyar al gobernador, la inmensa mayoría para denunciar el proyecto de ley antisindical. El 26 de febrero, los manifestantes de Madison recibieron el apoyo de conciudadanos a lo largo y ancho del país, que también protestaron en sus respectivas ciudades (Nueva York, Chicago, etc.). También contaron con la compañía de conocidos activistas de izquierda, como el cineasta Michael Moore, originario del estado vecino de Michigan, cuyo gobierno también recurría a la doctrina del shock, o Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, quien participó en un concierto en la plaza del capitolio en apoyo a los manifestantes. Estos últimos recibieron el respaldo de los sindicatos de policías y del alcalde demócrata de Madison, que ordenó a la policía municipal que ninguno de sus agentes participara en un desalojo por la fuerza de los manifestantes, y la neutralidad benevolente de la policía del estado, que los invitó en varias ocasiones a retirarse de las inmediaciones del capitolio, pero renunció al uso de la fuerza.

Fotos de las manifestaciones en Madison:




2011 Wisconsin Budget Protests 1, por Justin Ormont - CC BY-SA 3.0



Madison protest, por Lacrossewi - CC BY-SA 3.0

Con todo, el parlamento de Wisconsin aprobó el proyecto de ley el 10 de marzo y, al día siguiente, el gobernador lo firmó. A fines de mes, una jueza de Wisconsin decidió sin embargo suspender la ley, acogiéndose a una de las varias demandas presentadas, alegando que la comisión legislativa encargada de analizar el proyecto no respetó sus obligaciones en materia de audiencias públicas para socializarlo y debatirlo, y porque, al contener disposiciones presupuestarias, su aprobación requería el quórum parlamentario. En los meses siguientes, las manifestaciones siguieron, en la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Wisconsin, que el 14 de junio decidió respaldar la ley y dispuso su entrada en vigencia. Tras este pronunciamiento, las protestas declinaron drásticamente. Las dos opciones que quedaban a disposición de los manifestantes eran continuar las acciones legales, esta vez a nivel federal (aunque la Corte federal de apelaciones terminó validando la ley) y recurrir a las urnas.

Las urnas

Las elecciones fueron el recurso último de los opositores a los proyectos de ley republicanos. Tres ejemplos ilustran la manera en que, a través de las urnas, se puede resistir al orden neoliberal. En un caso, el desenlace es desfavorable para los demócratas, sindicatos y manifestantes (Wisconsin), en el otro lo es parcialmente (Michigan) y en el último es favorable (Ohio). 

En Wisconsin, las protestas anti-austeridad desembocaron en revocatorias de mandato para algunos senadores y para el propio gobernador [1]. Las revocatorias se produjeron en el verano de 2011 para algunos senadores y el 5 de junio de 2012 otros senadores y el gobernador. Los senadores cuyo escaño estaba en juego eran a la vez demócratas, acusados por los republicanos de obstrucción parlamentaria por su prolongada ausencia del capitolio, y republicanos, acusados por los manifestantes de atacar a los sindicatos y la negociación colectiva. El resultado de las revocatorias fue decepcionante para los opositores a Scott Walker, quien ganó la elección revocatoria con 53% de los votos, 7 puntos por delante de su contrincante demócrata. Tras las revocatorias de junio 2012 para senadores, los demócratas obtuvieron una mayoría de un escaño en el senado. Pero de poco consuelo les podía servir: la nueva temporada de sesiones del senado estaba prevista para después de las elecciones del 6 de noviembre de 2012, cuando se renovaría la mitad del senado, pero según un redimensionamiento de los distritos electorales favorable a los republicanos. Los resultados para las elecciones federales podían ser globalmente alentadores en Wisconsin: en el estado de Paul Ryan, Obama obtuvo una ventaja de 7 puntos sobre Romney y Tammy Baldwin, representante demócrata, fue electa senadora. Sin embargo, a nivel estatal, los republicanos recuperaron el control del senado y conservaron su mayoría en la Cámara de representantes. En otras palabras, no se avizora ningún cambio significativo hasta las elecciones de 2014 para gobernador, cámara de representantes y la otra mitad del senado. 

En Michigan, el gobernador Rick Snyder logró aprobar en el parlamento la polémica ley sobre los emergency managers en marzo de 2011, al poco tiempo de entrar en funciones. Los opositores a esta reforma recogieron las firmas necesarias para convocar a un referéndum sobre la ley, que se realizó el 6 de noviembre de 2012, al mismo tiempo que las demás elecciones estatales y las federales. La intensa campaña de los demócratas, los sindicatos y buena parte de la ciudadanía, logró reunir una mayoría de 53% de los votos para derogar la ley. El margen es comparable al de la victoria de Obama sobre Romney en el estado y al de los demócratas frente a los republicanos en la elección de la cámara de representantes del estado. Sin embargo, la celebración duró poco pues, tras las elecciones, el gobernador Rick Snyder aprovechó la lame-duck session para aprobar en el parlamento una nueva versión de la ley sobre los emergency managers en el mes de diciembre, una verdadera bofetada para los electores. Curado en salud, incluyó en el nuevo proyecto disposiciones presupuestarias que impiden recurrir de nuevo a un referéndum para derogar la ley una segunda vez. En cuanto la nueva reforma entró en vigencia, Snyder nombró a un interventor para Detroit, la ciudad más grande del estado. Sin embargo, el gobernador no podía hacer oídos sordos del todo frente al pronunciamiento popular del 6 de noviembre. La nueva ley es menos extrema que la anterior: en caso de crisis financiera, los distritos escolares y los consejos municipales tendrán otras opciones a parte de recurrir a un interventor de emergencia y los municipios podrían revocar a un administrador al cabo de un año con una mayoría de dos tercios.

En Ohio, los sindicatos de empleados públicos al igual que funcionarios sin afiliación sindical, profesores, bomberos y policías, organizaron una campaña de recolección de firmas para repeler la ley de marzo de 2011 que limitaba drásticamente la negociación colectiva en el sector público. Después de aprobada la ley en las cámaras, el gobernador firmó el ejecútese el 1 de marzo de 2011. A partir de ahí, los opositores a la ley disponían de 90 días para reunir las firmas necesarias a la convocatoria de un referéndum sobre la cuestión (6% del padrón electoral, o sea alrededor de 230 000 firmas que, por lo demás, debían estar territorialmente repartidas en el estado de manera más o menos uniforme). A la campaña de los sindicatos de empleados públicos se sumaron los sindicatos del sector privado y el partido demócrata de Ohio. Los proponentes del referéndum lograron presentar las firmas antes de que venciera el plazo (el 30 de junio), con un récord absoluto: nunca se habían recolectado tantas firmas en el estado para pedir un referéndum. De las casi 1,3 millones de firmas presentadas, el 70% fueron validadas, de modo que se dio paso al referéndum, que se desarrolló el 8 de noviembre de 2011. La intensiva campaña electoral de los sindicatos y el partido demócrata logró convencer a los habitantes de Ohio, que rechazaron la ley con más del 60% de los votos, aunque la participación fue escasa, pues no llegó ni siquiera al 50% del padrón electoral. A pesar del gran ausentismo, fue una victoria contundente de los opositores a la legislación antisindical y una dura derrota para el gobernador John Kasich. 


Conclusión 

La presente conclusión retoma las ideas expresadas por Naomi Klein en una entrevista con Amy Goodman en Democracy Now (9 de marzo de 2011).


Parte I
Parte II


Klein señala que la lucha contra la convergencia neoliberal no debe regirse por criterios partidistas. Los demócratas también pueden ser hostiles a los sindicatos. En Massachusetts, por ejemplo, los demócratas, que controlan la gobernación y las cámaras, adoptaron una ley que reduce la capacidad de los empleados municipales para negociar colectivamente. El alcalde de Washington D.C., Adrian Fenty (2007-2011), mantuvo tensas relaciones con los sindicatos de maestros públicos y expresó públicamente su apoyo a Scott Walker. A nivel federal, a pesar de las promesas de campaña de 2008 y 2012, Obama también ha atacado a los sindicatos de funcionarios públicos, aunque de manera más solapada e indirecta, por ejemplo, al fortalecer el modelo de las charter schools, que privilegia la privatización de la educación, lo que provocó descontento en los sindicatos de profesores públicos, especialmente en Chicago, principal ciudad de Illinois, bastión electoral del presidente, donde se produjo una huelga de maestros a escasos días de las elecciones presidenciales de 2012. La resistencia contra las reformas neoliberales no es un problema de preferencias partidistas, es una cuestión de principios, y se la debe llevar adelante venga de donde venga la amenaza, ya sea Scott Walker u Obama.

Pero lo que también han demostrado las protestas del 2011 es que la movilización popular crea una fortísima presión sobre los demócratas, que en ese caso logran reunir suficiente coraje político para salir en defensa de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores. Los ejemplos abundan: el alcalde de Madison que se unió a los manifestantes, los legisladores demócratas de Indiana y Wisconsin que huyeron a Illinois para bloquear la legislación antisindical, los demócratas que participaron en la recolección de firmas para convocar un referéndum sobre las leyes aprobadas en Wisconsin y Ohio y luego en la campaña de dichos referéndums. En otras palabras, las multitudinarias manifestaciones y la presión popular crearon una nueva relación entre los ciudadanos movilizados y los demócratas, una nueva forma de cooperación que permitía coordinar la acción de los legisladores demócratas y las protestas delante de los capitolios. 

El resultado de las protestas no siempre fue favorable a los trabajadores y los sindicatos. Al menos queda demostrado que mediante las multitudinarias manifestaciones y las elecciones a veces se puede ganar, como lo demuestra el caso del referéndum de Ohio, lo cual de por sí no es poca cosa. Lo que queda claro en todo caso es que la doctrina del shock se está desgastando. Muchas de las leyes ideadas por los nuevos gobernadores republicanos fueron aprobadas, pero suscitaron gran indignación en la ciudadanía, que decidió reaccionar y proponer alternativas. La estrategia que consiste en aprovechar una crisis para aprobar al apuro leyes polémicas antes de que la gente se dé cuenta de lo que está en juego fracasó. Profundizar la movilización social y mantener la presión sobre el partido demócrata puede transformar la situación de los estados del midwest en las elecciones de 2014 para empezar a contener, incluso revertir, los efectos de la doctrina del shock. 




[1] Las revocatorias de mandato en Estados Unidos difieren del caso ecuatoriano. En Ecuador, se trata de un referéndum a favor o en contra de una autoridad. Si esta pierde, le reemplaza su suplente o segundo al mando, mientras que en Estado Unidos es una verdadera elección, con varios candidatos, entre ellos la autoridad cuestionada. 

domingo, 10 de febrero de 2013

El largo camino hacia el sufragio universal en el Ecuador (1830-2008)


La cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas es la ocasión de reflexionar sobre el sufragio universal en el Ecuador. El derecho al voto parecería una evidencia hoy en día, en pleno siglo XXI. Sin embargo, todavía viven personas que no pudieron votar antes de 1978 porque eran analfabetas. En las elecciones de 2009, los militares en servicio activo ejercieron su derecho al voto por pirmera vez desde 1946. El sufragio universal es una condición necesaria, aunque no suficiente, de la democracia. De ahí la pertinencia de analizar el proceso que llevó, en diferentes etapas, a su consagración como principio básico de la democracia en el país. Las tres etapas cruciales son: 1861, cuando se elimina el sufragio censitario; 1929, cuando las mujeres obtienen explícitamente el derecho al voto; y 1978, cuando los analfabetos acceden al sufragio. Personalmente, no creo que se pueda hablar de sufragio universal mientras no se otorgue el derecho al voto a las mujeres. Excluir a la mitad de la población del cuerpo electoral no tiene nada de universal. Pero incluso cuando las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1929, no se podía hablar de universalidad del sufragio, pues no tenían derecho de ciudadanía los analfabetos, que representaban a la mayoría de la población.

A continuación, haremos un recapitulativo de las diferentes etapas que llevaron al sufragio universal en el Ecuador, desde la independencia hasta la Constitución de Montecristi, centrándonos exclusivamente en el aspecto jurídico, mediante un análisis comparativo de las sucesivas constituciones que rigieron al país, en una perspectiva diacrónica [1].

Las elecciones en los albores de la vida republicana


En el Ecuador, como en el resto de América latina, las elecciones jugaron un papel muy importante en el funcionamiento de las instituciones públicas a lo largo del siglo XIX. Contrariamente a lo que se podría pensar, en el Ecuador las elecciones se llevaban a cabo de manera más o menos regular y se votaba mucho (en algunos momentos, se eligió a las cámaras legislativas cada dos años, en otros, cada año). Se trataba, empero, de elecciones muy diferentes a las de hoy en día, sin campaña oficial (Antonio Flores fue electo presidente en 1888, cuando vivía en París), sin partidos políticos (que no se crearon, en su versión moderna, hasta 1925), sin programas electorales, muchas veces sin siquiera candidaturas oficiales (a veces resultaba electa un persona que nunca había propuesto su candidatura). En las primeras décadas de vida republicana, el voto no era secreto, era una actividad que se realizaba públicamente, en grupo, y las elecciones eran indirectas. A lo largo del siglo XIX, el cuerpo electoral fue, además, muy reducido, como lo veremos a continuación.

En el momento de la separación de la Gran Colombia, el Ecuador se dotó de su primera Constitución. Esta  establecía que las elecciones eran indirectas. Los electores se reunían en las “asambleas parroquiales”, cada cuatro años, para escoger en cada parroquia a los grandes electores que representarían a todo el cantón. Luego, los grandes electores de los cantones se reunían en “asambleas electorales” a nivel provincial, para escoger, a su vez, a los representantes y senadores de la provincia y al presidente de la República.

La participación política era, por lo demás, limitada. En primer lugar, sólo podían votar los hombres mayores de veintidós años [2] que supieran leer y escribir y que dispusieran de una propiedad inmobiliaria o una fortuna de 300 pesos en efectivo, 200 a partir de 1835 (“valor libre de 200 pesos”), o que ejercieran “una profesión o industria útil, sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero” (es decir las profesiones liberales: comerciantes, médicos, abogados, notarios). En otras palabras, sólo se permitía a algunos hombres solteros y, básicamente, a los jefes de familia pronunciarse sobre los destinos políticos del país, a nombre de toda la familia, en el sentido amplio: la mujer, los niños, los esclavos (hasta la abolición de la esclavitud en 1852), los empleados domésticos. La ciudadanía estaba, en ese entonces, íntimamente ligada a la noción de vecindad: para ser elector, había que ser “vecino” de la parroquia donde se sufragaba. Esto implicaba que  la definición de la ciudadanía era a la vez territorial, pues el ciudadano poseía una o varias propiedades y ejercía una actividad en la parroquia donde votaba, y moral: el ciudadano era un hombre con una forma de subsistencia honesta y cuya virtud y reputación eran reconocidas por sus conciudadanos (asimismo se podía perder los derechos de ciudadanía por motivos morales: alcoholismo, quiebra fraudulenta, etc.).

En segundo lugar, los requerimientos para ser candidato a representante, senador o presidente, eran todavía más estrictos: para ser representante, había que disponer de una propiedad de 3000 pesos o de una fortuna de 500 pesos en efectivo, mientras que para senador o presidente, los requisitos eran una propiedad de 6000 pesos o una fortuna de 1000 pesos en efectivo.

La combinación del carácter indirecto de las elecciones, del sufragio censitario (por la exigencia de una fortuna o un patrimonio mínimos para ser elector y candidato) y de lo que en francés se llamaría el suffrage capacitaire, es decir un sufragio en función de las capacidades y el talento de las personas (por la exigencia de saber leer y escribir y la posibilidad de votar si, en vez de tener una fortuna importante, se ejerce una profesión “útil”), creaba los filtros necesarios para que fueran siempre los “mejores”, los hombres más idóneos, los que resultaran electos a cargos públicos. De este modo, se excluía a los sectores subalternos: las mujeres y las clases populares, que carecían de fortuna y patrimonio y eran analfabetas, especialmente las masas indígenas. La exclusión de la mayor parte de los adultos de la participación electoral produjo la multiplicación de mecanismos alternativos de expresión política: peticiones, pronunciamientos, apoyo a aventuras caudillistas, montoneras.

La Constitución de 1852 mantuvo las restricciones para ser miembro del cuerpo electoral, pero dio un paso importante, al eliminar uno de los filtros: las elecciones indirectas. A partir de 1852, los electores designarían directamente a los representantes y senadores y al presidente, sin mediación alguna.

El fin del sufragio censitario


La Constitución de 1861 fue una etapa importante hacia la democratización del voto. Se eliminó el sufragio censitario: podían votar los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, independientemente de su fortuna. Se podría decir que se logró entonces lo que algunos llamarían el sufragio universal masculino. En realidad, la yuxtaposición de los términos “masculino” y “universal” es un oxímoron, porque se siguió excluyendo a las mujeres. Además, era necesario saber leer y escribir. La inmensa mayoría de la población era analfabeta en ese entonces, especialmente los indígenas y los afroecuatorianos. Sin embargo, la Constitución de 1861 permitió la incorporación al electorado de sectores medios, como pequeños comerciantes y artesanos, que sabían leer y escribir, pero no disponían de la fortuna o patrimonio que se exigía antes para poder votar. En todo caso, una vez que se amplió el cuerpo electoral en 1861, se profundizaron diversos mecanismos de control del voto: las presiones y amenazas de las élites contra sus subalternos, la militarización de los recintos electorales, el fraude (que alcanzó su grado de perfección en la etapa plutocrática del liberalismo, 1912-1925).

Por otro lado, la Constitución de 1861 no eliminó, pero sí redujo las condiciones para ser representante y senador: para llegar al Senado, se necesitaba tener una fortuna de 500 pesos en efectivo, en vez de una de 1000 o una propiedad de 6000; para ser representante se requería una fortuna de 300 pesos, en vez de una de 500 o una propiedad de 3000. Estas nuevas condiciones seguían excluyendo a la mayoría de la población de los cargos de elección popular, pero constituyeron una primera apertura.

La Constitución de 1869, conocida como la “Carta negra”, es un texto peculiar, pues buscó reconocer o ampliar ciertos derechos, al tiempo que instauraba “un sistema de gobierno cuasi monárquico, represivo y confesional-excluyente” [3]. En 1869, se eliminó todo requisito financiero para ser representante, pero al mismo tiempo se consolidaba un orden autoritario y se exigía ser católico para ser ciudadano (aunque el impacto de esta medida fue menor, pues casi la totalidad de la población, incluso la mayoría de los liberales más radicales, se definía entonces como católica) [4]. La Constitución de 1878, aprobada en tiempos de Veintimilla, restableció el requisito de una fortuna de 300 pesos para ser representante.

Tras la caída de Veintimilla y el asenso al poder de los progresistas, siguiendo el espíritu de la “Restauración”, se buscó ampliar la participación política. La Constitución de 1884 eliminó definitivamente los requisitos pecuniarios para ser candidato: bastaba con gozar de sus derechos de ciudadanía y tener la edad mínima que exigiera cada cargo (25 años para diputado, 35 para senador y presidente). En teoría, esto permitía ser candidato a cualquier miembro del electorado, incluso aquellos sectores incorporados a partir de 1861. En la práctica, la participación en la palestra electoral siguió siendo un privilegio de las élites (recordemos que los opositores al régimen progresista denunciaban lo que se conocía como “la argolla”, es decir, el círculo cerrado que gravitaba alrededor del clan de los Caamaño-Flores, que ostentaba el monopolio del poder). Sin embargo, por lo menos del punto de vista jurídico, el salto hacia adelante es de capital importancia.

La Constitución de 1884 fue en cambio la primera (y última) en indicar explícitamente que el derecho al voto estaba reservado a los “ecuatorianos varones”, lo que dejaba fuera a las mujeres. Con todo, el mérito de la Asamblea Constituyente de 1883-1884 fue que en ella se dio por primera vez el debate sobre la pertinencia de otorgarles a las mujeres el derecho al voto.

La ampliación del derecho al voto a los sectores subalternos


La Revolución liberal marcó una etapa importante hacia la integración de las mujeres al cuerpo electoral. Las constituyentes de 1896 y 1906 decidieron eliminar de la Constitución cualquier referencia al sexo de los ciudadanos, contrariamente a la de 1884, abriendo así la puerta a una ulterior aprobación del voto femenino, cuando las condiciones se vieran reunidas.

Basándose justamente en la Constitución de 1906, que indicaba que para ser ciudadano se requería simplemente ser mayor de 21 años y saber leer escribir, Matilde Hidalgo de Prócel decidió hacer valer su derecho al voto para las elecciones municipales de 1924, pues cumplía con las condiciones que establecía la Constitución. Pidió su inscripción en el padrón electoral a la junta electoral de Machala, y ante las reticencias de esta última, decidió escribir al ministro del Interior, el cual consultó con el Consejo de Estado. Este decidió que las mujeres tenían el derecho al voto y a ser candidatas, pues nada se oponía a ello en la Constitución. Hidalgo fue inscrita entonces en el padrón electoral y se convirtió en la primera mujer en votar en el país y en América latina.

Más tarde, durante la Revolución juliana, la Constituyente de 1928 decidió otorgar explícitamente el derecho al voto a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir [5]. No obstante, se mantuvo la prohibición de que los analfabetos votaran. La mayoría de la población era analfabeta en ese entonces, especialmente los indígenas y las mujeres, por lo que la mayor parte de la población adulta quedaba fuera de la participación electoral. Por lo demás, el voto fue facultativo para las mujeres hasta la Constitución de 1967.

Hubo que esperar hasta 1978 para que se aboliera por fin toda barrera al sufragio, al eliminarse de la Constitución la disposición que exigía saber leer y escribir para poder votar. El Ecuador fue de los últimos países en permitir votar a los analfabetos (otro de los países rezagados, Chile lo hizo en 1972). Al tener en cuenta que en 1978 gran parte de la población era aún analfabeta, sólo a partir de esa fecha se puede hablar de sufragio universal en el Ecuador.

La profundización del sufragio universal


Pero la historia no se acaba ahí. Treinta años más tarde, la Constitución de Montecristi buscó profundizar el sufragio universal, integrando a tres grupos hasta ese entonces excluidos del cuerpo electoral: los menores de 16 a 18 años, las fuerzas armadas y los extranjeros residentes en el país.

En 1945, se estableció de manera definitiva la mayoría de edad en los 18 años (la constitución de 1896 también lo había hecho, pero en la de 1906 se restableció los 21 años). La Constituyente de 2008 estimó que los adolescentes de 16 a 18 años, pese a ser menores, tenían edad suficiente para formar su criterio en materia política, por lo que había que permitirles expresarse electoralmente.

En varios países, el voto ha estado vetado a los militares. En Francia, por ejemplo, se les excluyó del cuerpo electoral en los primeros años de la Tercera República, pero el gobierno provisional les devolvió el derecho al voto durante la Liberación. Precisamente en el mismo momento, la Constitución de 1946 prohibía el voto militar en el Ecuador. Los militares siempre habían votado hasta esa fecha, pero hubo que esperar a 2008 para que pudieran hacerlo de nuevo. Al tratarse de ciudadanos como los demás, no había razón para no permitirles ejercer su derecho al voto en un Estado democrático que garantiza la igualdad de derechos. En esta materia, el Ecuador llevaba 40 años de retraso con Francia (no así con el voto femenino, permitido 15 años antes en el Ecuador).

La Constitución de 2008 es a la vez audaz y tímida en relación al voto de los extranjeros. Es de las más progresistas en este aspecto porque permite la participación de los extranjeros que hayan residido legalmente en el país durante por lo menos cinco años en todas las elecciones, incluso las elecciones nacionales (presidenciales, legislativas y Parlamento andino). En la mayoría de países donde los extranjeros pueden votar, su derecho al sufragio se limita, en cambio, a las elecciones seccionales, a veces exclusivamente a las municipales. Sin embargo, la Constitución de Montecristi excluye a los extranjeros de la participación en las elecciones como candidatos. En otros países (como Austria), se permite a los extranjeros residentes ser candidatos a las elecciones locales, siempre y cuando no ocupen ningún cargo ejecutivo (pueden ser concejales, por ejemplo, pero no alcaldes).


En suma, si hoy todos podemos votar, es el resultado de un largo proceso de más de un siglo, constituido por diversas etapas que permitieron progresivamente obtener el sufragio universal. Sin embargo, como fue señalado en la introducción, el sufragio universal no es condición suficiente para la democracia. Si se quiere evaluar la calidad de la democracia ecuatoriana, no se puede pasar por alto ciertos temas: el reconocimiento de ciertos principios básicos, como la abolición de la prisión por deudas en 1918, la presunción de inocencia, y su corolario, la caducidad de la prisión preventiva; el método de asignación de escaños, que puede distorsionar la voluntad popular; la separación de poderes; el estado de las libertades, de reunión, de expresión, de culto (que incluye la posibilidad de no tener creencia religiosa alguna).







[1] Se puede consultar en línea todas las constituciones del país en la biblioteca virtual de la ESPE: http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35

[2] 18 años de 1835 a 1845, 21 de 1845 a 1945 (con la excepción de la Constitución de 1896, que establecía la mayoría de edad a los 18 años), 18 de 1945 a 2008, 16 desde entonces.

[3] AYALA MORA, Enrique, Historia de la Revolución liberal ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional-Taller de Estudios Históricos, 2002, p. 25.

[4] La Constitución de 1869 contenía otras contradicciones. Era la primera en prohibir explícitamente la censura previa, pero también estipulaba que quien abusara de la libertad de expresión sería sancionado. Era la primera en reconocer la libertad de reunión, pero al mismo tiempo afirmaba que toda asociación estaría bajo la vigilancia del gobierno. No se indicaba explícitamente cómo se controlaría toda reunión pública o privada a lo largo y ancho del país, pero por lo menos se daba rienda suelta al gobierno para que interfiriera con esta libertad.

[5] Sobre el sufragio femenino en el Ecuador, es altamente recomendable consultar: GOETSCHEL, Ana María y PRIETO, Mercedes, “El sufragio femenino en el Ecuador, 1884-1940”, in PRIETO, Mercedes (ed.), Mujeres y escenarios ciudadanos, Quito, FLACSO-Ministerio de Cultura, 2008.

lunes, 21 de enero de 2013

Panorama electoral de Quito (Asamblea Nacional)


Este año, Pichincha seguirá siendo la segunda provincia con mayor representación parlamentaria. La gran novedad de estas elecciones es que, como disponen la nueva Constitución y la ley electoral, por primera vez se dividirá a las provincias más pobladas (Guayas, Pichincha y Manabí) en distritos. La provincia de Pichincha contará con cuatro circunscripciones: tres en el cantón Quito y una en los demás cantones de Pichincha. La provincia elegirá a 16 asambleístas, cuatro en el distrito 1 (Quito norte), cinco en el 2 (Quito sur), cuatro en el 3 (parroquias rurales de Quito) y tres en el 4 (otros cantones de Pichincha). La distritalización modifica el juego electoral y obliga a las diferentes fuerzas políticas a adaptarse a esta nueva realidad. El presente artículo se concentrará en los distritos que se encuentran en Quito (1, 2 y 3). Si bien es imposible adivinar el resultado final, más aún cuando todavía faltan 25 días de campaña, algunos indicios pueden indicarnos las tendencias electorales.

El distrito 1

El distrito 1 (Quito norte) es donde la contienda será más cerrada: hay sólo cuatro escaños en juego y nueve grandes figuras políticas tras una curul en la Asamblea. El Movimiento PAÍS presenta a tres candidatos de peso en esta circunscripción: dos asambleístas salientes (Paco Velasco y Fernando Bustamante) y una exconcejala y exministra (Ximena Ponce). Casi todos los partidos de oposición tienen a una figura fuerte encabezando sus respectivas listas en este distrito: María Paula Romo (Ruptura), Fausto Cobo (Sociedad Patriótica), Andrés Páez (ID-CREO), y César Montúfar (Concertación-SUMA), todos diputados salientes. A estos candidatos se añaden Gustavo Larrea, exministro de Correa, por la Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas, y Santiago Guarderas (electo diputado en 2006) por el Partido Social Cristiano.

En lo que respecta a los posicionamientos políticos, cinco de los principales candidatos se reivindican de izquierda: tres del correísmo (Paco Velasco, Ximena Ponce y Fernando Bustamante) y dos antiguos aliados de Correa de la izquierda de oposición (Gustavo Larrea y María Paula Romo). Los cuatro restantes, entre ellos Fausto Cobo y César Montúfar, pertenecen a la derecha. Andrés Paéz y Santiago Guarderas son dos desertores ideológicos. El primero fue electo por la Izquierda Democrática en 2009. Sin embargo, su partido no pudo inscribirse en el CNE y está profundamente dividido: una parte, dirigida por Dalton Bacigalupo, apoya a Rafael Correa, la ID de Loja apoya a Alberto Acosta y la facción dirigida por Henry Llanes y Andrés Páez optó por Guillermo Lasso, el candidato predilecto de la derecha. Hoy día, la Izquierda Democrática que dirige Páez no tiene nada de izquierda ni de democrática. ¿Qué diría Rodrigo Borja al ver que el partido al que entregó su vida se alía con la derecha plutocrática? En cuanto a Santiago Guarderas, decano de la facultad de jurisprudencia de la PUCE, fue electo diputado en 2006 por la RED, un partido de izquierda fundado por León Roldós y actualmente dirigido por su sobrina, Martha Roldós, parte de la Unidad Plurinacional que apoya a Alberto Acosta (de hecho Martha Roldós es candidata en el puesto número 3 de la lista nacional de la Coordinadora para la Asamblea). Sin embargo, Guarderas decidió presentarse esta vez por el Partido Social Cristiano (¿WTF?), dando un giro de 180 grados en su posicionamiento político y adoptando el populismo penal típicamente socialcristiano.

El escenario es particularmente difícil para la oposición: el método d’Hont, que regirá para las próximas elecciones, favorece a los partidos más votados. En este caso, lo más probable es que PAÍS se haga con dos o incluso tres de los cuatro escaños en juego. Eso dejaría dos o sólo uno a los seis principales candidatos de la oposición. En estas condiciones, la mejor posicionada es María Paula Romo (Ruptura) que encabezó la lista de PAÍS en Pichincha en 2007 para la Asamblea Constituyente y en 2009 para la Asamblea Nacional. En ambas ocasiones obtuvo la votación individual más alta de la provincia. Su popularidad en Quito ha sido muy elevada desde su elección a la Constituyente en 2007 (se rumorea incluso que la dirección de Pichincha de PAÍS le rogó en 2009 que se presentara a las primarias del movimiento para la alcaldía de Quito, ya que para muchos parecía una mejor opción que Augusto Barrera, pero se negó). Es probable que su votación individual sea, una vez más, la más alta, a pesar de su salida de PAÍS: María Paula Romo sigue concitando gran aprecio entre los quiteños y las quiteñas y su popularidad se mantiene intacta en la capital. El desafío para Ruptura es transformar esta fuerte popularidad personal en votos por toda la lista del movimiento, puesto que con el método d’Hondt el voto individual tiende a diluirse y los votos en plancha incrementan las posibilidades de hacerse con un escaño.

En suma, mi pronóstico es el siguiente:
Primera posibilidad: tres escaños para PAÍS (Velasco, Ponce y Bustamante) y uno para Ruptura (Romo).
Segunda posibilidad: dos escaños para PAÍS (Velasco y sea Ponce, sea Bustamante), uno para Ruptura (Romo) y uno para otro partido de oposición (no me aventuro a adivinar el cuarto nombre).

Por supuesto, estos son pronósticos, es decir que, por definición, pueden estar errados, pero me parecen los dos resultados más probables. No son predicciones, sino esfuerzos por definir las tendencias electorales.

El distrito 2

La situación es muy diferente en el distrito 2 (Quito sur), donde están en juego cinco escaños. En esta circunscripción la fragmentación es menor y la pelea se concentrará entre PAÍS y la Coordinadora Plurinacional, especialmente el Movimiento Popular Democrático. El sur de Quito es un bastión tradicional del MPD. Este partido y la Unidad Plurinacional escogieron a una candidata fuerte para encabezar su lista en este distrito: Natasha Rojas. Posee un perfil clásico para los dirigentes del MPD: primero dirigente estudiantil en organizaciones en buena parte bajo el control del partido (presidenta de la FESE-Pichincha y la FEUE-Quito) y luego dirigente barrial (presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador). Natasha Rojas encabezó sin éxito la lista de candidatos a concejales de Quito por el MPD en 2009. Pero la circunscripción en juego era toda la ciudad, incluidas las parroquias rurales de Quito. Esta vez, la distritalización le permite al MPD concentrar sus energías en su zona de mayor influencia electoral (Quito sur) y así maximizar sus posibilidades de obtener al menos un escaño en toda la provincia de Pichincha. En pocas palabras, es probable que Natasha Rojas resulte electa.

Por su lado, PAÍS presenta dos asambleístas salientes a la reelección, Virgilio Hernández y Paola Pabón, al igual que a una exconstituyente, María José Carrión. La fuerza de PAÍS es muy grande en el sur y el movimiento tiene la ventaja de tener candidatos fuertes en este distrito que, por lo demás, es el que más escaños otorga en la provincia, mientras que los partidos de oposición (salvo el MPD) tienen a sus cuadros más importantes en las demás circunscripciones de la provincia, especialmente Quito norte.

La gran piedra en el zapato de los candidatos correístas en el sur puede ser el caso de los diez de Luluncoto, sobre el que el MPD puede capitalizar. El MPD está presentando este caso (con toda razón, me parece) como una persecución política del gobierno contra el MPD y la Coordinadora en general, especialmente en el sur de Quito, donde el partido tiene mayor influencia en la provincia y donde se encuentra justamente el barrio de Luluncoto.

En este contexto, algunas acciones del municipio de Quito, dirigido por Augusto Barrera, miembro de PAÍS, pueden ser vistas como mecanismos para atraer el voto del electorado del sur para los candidatos correístas, desde decisiones que pueden parecer tan triviales como el traspaso del concurso de años viejos del norte al sur de Quito por primera vez, hasta la ceremonia de entrega de terrenos del ministerio de Defensa al municipio para la construcción del terminal sur del metro, presidida por Correa. Es cierto que estaba previsto desde hacía tiempo que se construiría la estación sur del metro en la Magdalena antes que la estación norte en el Labrador. Pero no parecen coincidencia el boato con el que se realizó la ceremonia de traspaso de los terrenos, la presencia de candidatos de PAÍS, como Virgilio Hernández, el que se tratara del último acto público de Correa como presidente, antes de que al día siguiente empezara su licencia para dedicarse a la campaña, y que la ceremonia fuera seguida por un recorrido de Correa y los candidatos de PAÍS por el distrito sur de Quito.

En resumen, este es mi pronóstico para el distrito 2 de Pichincha:
Primera posibilidad: tres escaños para PAÍS, dos para el Coordinadora.
Segunda posibilidad: tres escaños para PAÍS, uno para la Coordinadora, uno para un tercer partido.

Podría pasar que PAÍS sólo obtenga dos escaños, pero me parece poco probable: el método d’Hondt le será de gran ayuda. Tal vez logre hasta cuatro. En todo caso, me parece que, pase lo que pase, Virgilio Hernández y Paola Pabón tienen asegurada la reelección y Natasha Rojas probablemente gane un escaño. El resto es más difícil de determinar.

El distrito 3

En el distrito 3 (parroquias rurales de Quito) se distribuirán cuatro escaños. PAÍS cuenta con dos candidatas conocidas: María Augusta Calle, diputada saliente, y Soledad Buendía, asambleísta alterna de César Rodríguez y luego ministra coordinadora de la Política. Probablemente ambas resulten electas. PAÍS podría ganar un tercer escaño gracias al método d'Hondt.

La mayoría de partidos carecen de candidatos conocidos en esta circunscripción, con excepción de Patricio Zuquilanda (excanciller de Lucio Gutiérrrez, PSP) y Gustavo Vallejo, director de la Corriente de los Socialistas Revolucionarios (Coordinadora de Izquierdas).



En suma, PAÍS probablemente obtenga al menos alrededor de la mitad de los escaños de la provincia, tal vez más: dos o tres en el distrito 1, unos tres en el distrito 2, unos dos en el distrito 3 y por lo menos uno en el distrito 4. Ruptura podría conseguir dos asambleístas: María Paula Romo (1) y Betty Amores (4); y el MPD por lo menos una (Natasha Rojas, distrito 2). El resto es difícil de determinar. Lo más probable es que PAÍS siga siendo el partido más votado en Quito y en toda la provincia, pero si obtiene un número extremadamente alto de asambleístas no será tanto por un descomunal apoyo popular, sino sobre todo por el método d’Hondt que le favorece. La fórmula de asignación de escaños podría maquillar un eventual deterioro electoral de PAÍS.

martes, 20 de noviembre de 2012

Con el Lasso al cuello. La derecha se reconstituye alrededor de su mejor testaferro.


Por el momento, Guillermo Lasso emerge en esta campaña presidencial como el candidato predilecto de la derecha y el principal contendor de Rafael Correa, aunque su intención de voto aún no sea suficientemente alta como para desestabilizar al presidente. Lasso es dueño del Banco de Guayaquil, una de las principales entidades financieras del país. Con la ayuda de su poderoso banco construyó un movimiento político, Creando Oportunidades (CREO) con el que pretende llegar a la presidencia. Lasso lanzó hace algunos meses ya una millonaria precampaña para no quedar atrás de Rafael Correa, precampaña que busca desligarlo del nefasto recuerdo del feriado bancario de 1999 y de la imagen de candidato de la derecha neoliberal. A pesar de su discurso, Lasso representa en la práctica a la derecha tradicional del país, como lo demuestran tanto su propia identidad política (I), como sus alianzas electorales (II) y las prácticas de su campaña (III).

I) ¿Quién es realmente Guillermo Lasso?

La figura de Guillermo Lasso es particularmente polémica porque trae a la mente los recuerdos de los momentos más oscuros de la crisis de 1999. No abundaremos aquí sobre los pormenores de la crisis bancaria. Recordemos simplemente que para socorrer a los bancos moribundos (que se habían concentrado en actividades especulativas y en créditos vinculados desde la liberalización del sistema financiero en tiempos de Sixto Durán Ballén), el gobierno de Jamil Mahuad decretó un feriado bancario de una semana y el congelamiento de los fondos durante un año para dar un respiro a los bancos, evitar la hemorragia de retiros que estaban sufriendo y darles tiempo para recapitalizarse. Luego, con el salvataje bancario, el Estado inyectó fondos públicos en los bancos para evitar el inminente colapso del sector financiero. En realidad, muchos banqueros aprovecharon estas oportunidades para sacar dinero del país y dejar quebrar sus bancos, mientras los depositantes perdían todos sus ahorros y el Estado el dinero que había prestado a los bancos. La crisis financiera se contagió al conjunto de la economía y empobreció tanto al país que la emigración a países desarrollados se volvió masiva.

¿Por qué se relaciona a Lasso con el feriado bancario? Por su doble identidad de banquero y de servidor del gobierno de Jamil Mahuad: fue gobernador del Guayas y luego superministro de economía. Sin embargo, no existen elementos que permitan aseverar una participación directa de Lasso en el feriado bancario o que demuestren que él se benefició directamente de esta medida. Por otro lado, fue nombrado ministro en agosto de 1999, después del feriado bancario de marzo del mismo año, por lo que resulta delicado atribuirle la responsabilidad de tan nefanda decisión.

Sin embargo, “la figura de Guillermo Lasso no resulta ni marginal ni accidental” en el salvataje del Banco Continental en 1996, antecedente de lo que le esperaba al país [1]. Por lo demás, Lasso primero, en tiempos de Sixto Durán Ballén, alabó la liberalización del sector financiero que llevó a la crisis de 1998, y luego participó en el gobierno que realizó el peor atraco de la historia del país: feriado bancario, congelamiento de fondos, salvataje bancario. En realidad su participación en el gobierno de Mahuad no debe sorprender. Los banqueros aportaron millones a su campaña y luego les devolvió el favor dándoles el control del Estado, en particular de los organismos reguladores: la Junta Bancaria, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, etc.

El problema de Guillermo Lasso no es que sea banquero. En sí eso no tiene nada de malo. El problema es que Lasso es una de las cabezas visibles de un gremio que durante la crisis bancaria puso sus intereses particulares por delante de las necesidades del país, actitud que redundó en la mayor catástrofe económica a la que haya tenido que hacer frente el Ecuador. Un gremio que para defender sus intereses se alió con la derecha neoliberal (apoyó las reformas estructurales de Sixto Durán Ballén, en particular la liberalización del sector bancario; contribuyó financieramente a la campaña de Jamil Mahuad, sobre todo Fernando Aspiazu, dueño del banco del Progreso), cooptó los organismos de control del Estado (Junta Monetaria, Banco Central, Superintendencia de Bancos, etc.), apeló al regionalismo más craso para evitar cualquier atisbo de regulación (la famosa “marcha de los crespones negros” que los socialcristianos organizaron en honor a Aspiazu, que fue detenido días después…). Jamás he oído a Lasso criticar el accionar de algunos de sus colegas banqueros. Tampoco protestó cuando era gobernador del Guayas en tiempos de Mahuad. Cualquier persona con un mínimo de dignidad renunciaría para no ser partícipe de decisiones tan nefastas como el feriado bancario, el congelamiento de fondos o el salvataje bancario. Lasso no protestó, no reclamó, no renunció. De hecho, fue premiado luego con un superministerio de economía. Este ensordecedor silencio parece indicar un apoyo tácito a las medidas que se tomaron en ese entonces.

Por otra parte, Guillermo Lasso es miembro del Opus dei, institución de la Iglesia católica que ha tenido pronunciamientos desafortunados sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre la lucha de la comunidad GLBTI por la igualdad. Tengo mis dudas sobre la capacidad de un miembro del Opus dei para defender la laicidad del Estado y “garantizar la ética laica como el sustento del ordenamiento jurídico y el quehacer público” (art. 3-4 de la Constitución). Lasso ha sido demasiado vago sobre estos temas como para dar tranquilidad. Para demostrarlo, me permito citar un fragmento de una excelente carta abierta a Guillermo Lasso escrita por Verónica Potes:
“El Ecuador, yo incluida, no tiene certeza absoluta sobre su postura respecto a estos temas en concreto. Porque Ud. no es claro, señor Lasso. Ante la pregunta de si es liberal o conservador Ud. pretendió evadir el tema cuestionando la distinción izquierda/derecha […]. Sus declaraciones mínimas respeto al Estado laico y al derecho a la privacidad, no desvirtúan en nada mis serias sospechas de que llegado el momento de decidir entre acciones alternativas Ud. lo hará por las que mande su iglesia. Su actitud hasta se me hace familiar. Vea a Rajoy en España: liberal de media tinta durante la campaña electoral, conservador de raigambre a la hora de la verdad en estos temas. 
Personas como Ud. no la tienen fácil con personas como yo –que hace rato no tengo 20 años y no doy saltitos de entusiasmo ante discursos vacuos de libertad/justicia/derechos humanos/laicismo, sino que demando propuestas concretas. Yo veo realidades, analizo conductas, su cercanía al Opus Dei me dice bastante. 
Mientras Ud. pomposamente ofrece cerveza los domingos, el municipio de Nebot a cuyo partido Ud. le ha ofrecido apoyo en las elecciones de asambleístas ha emprendido una campaña de cierre de bares en Guayaquil, en algunos casos, a cuenta de que no son bares sino maricotecas –discotecas de maricones en la jerga popular. 
Así que, ya ve, razones para sospechar me sobran” [2].
Efectivamente, sobran las razones de sospechar, no sólo por el fondo muy conservador, ver reaccionario, de Lasso con los temas de derechos sexuales y reproductivos y de diversidad sexo-genérica, sino también por las personas o grupos con los que Lasso quiere aliarse. Este banquero es, por excelencia, la encarnación del sistema patriarcal/corporativista de Antiguo Régimen que aún subsiste bajo ciertas formas en el Ecuador y que la derecha siempre ha defendido.

II) El reciclaje socialcristiano

Lasso ha señalado en reiteradas ocasiones que no es el candidato de la derecha porque no cree en las ideologías y ya no le parece pertinente la distinción entre derecha e izquierda. Considera que, con pragmatismo, se debe rescatar lo mejor de ambas tendencias para formar una fanesca política por el bien del país. Pero querer complacer a la derecha y a la izquierda es imposible y es una muestra de inconsistencia ideológica y falta de dirección política. En el caso de la minería a gran escala, por ejemplo, ¿qué lado escogería? ¿el de las comunidades indígenas que preservan la Amazonía o el del capital transnacional?. No se puede escoger a ambos. Hay que desconfiar de los que buscan contentar a todo el mundo. En política, hay que tomar decisiones y asumirlas, y estas se toman en función de una ideología. Temerle a la palabra ideología es un error. La ideología no es más que un conjunto de ideas que sirve de herramienta para interpretar el mundo y un conjunto de ideas que uno busca defender. Si Lasso dice que no tiene ideología, es porque no tiene una visión del mundo ni ideas que defender.

En realidad, la postura de Lasso tiene una función bien definida: evitar que el elector identifique al candidato con el feriado bancario, cuya responsabilidad siempre se atribuye a la derecha aliada de la banca y a las políticas neoliberales aplicadas en el Ecuador en los años 1990. Este discurso sobre el pragmatismo y la obsolescencia de la distinción entre derecha e izquierda es muy abundante entre los actores políticos de derecha que no quieren asumir su identidad política. Si se presta atención al discurso de Mauricio Rodas, otro representante de la nueva derecha, las semejanzas son notables. Quienes se identifican con la izquierda, por el contrario, asumen perfectamente su identidad, como Ruptura, la Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas e incluso el Movimiento PAÍS y sus aliados (otra cosa es que se pueda dudar de la pertenencia de PAÍS a la izquierda).

No obstante, esta fachada de pragmatismo no debe engañar. Detrás del discurso, Lasso ha agrupado a su alrededor a los vestigios de la antigua derecha ecuatoriana, demócrata cristiana y sobre todo socialcristiana. El desplome de los partidos tradicionales después de la revuelta de los forajidos, la elección de Rafael Correa y el proceso constituyente, produjo una reorientación de la estrategia de la derecha tradicional, que ya no busca presentarse directamente a las elecciones bajo las siglas del PSC o la DP-UDC, ni presentar candidato presidencial propio. En este contexto, Guillermo Lasso, una figura aparentemente nueva en política, es el testaferro ideal de la derecha. Para esta última, la candidatura de Lasso se convirtió en la ocasión perfecta para reciclar a sus viejas figuras a través de alianzas entre CREO y movimientos provinciales presentados como independientes, para deshacerse del estigma que pesa sobre los antiguos grandes partidos de derecha (PSC y DP-UDC).

Los ejemplos abundan. Después de su visita a Jaime Nebot, Guillermo Lasso anunció que CREO no presentaría candidaturas a la Asamblea Nacional en Guayas, sino que apoyaría a las listas de Madera de Guerrero. Este movimiento fue creado por grandes figuras del PSC, como Jaime Nebot o Cinthia Viteri. CREO formará además alianzas con dos movimiento provinciales fundados por ex socialcristianos: Machete, de Manabí, creado por Leonardo Viteri, ex alcalde de Bahía de Caráquez y actual asambleísta, y Tiempo de Cambio en Tungurahua, de Luis Fernando Torres, ex alcalde de Ambato y ex diputado, ambos siempre electos por el PSC hasta ahora. En Loja, la alianza es con el movimiento provincial Conciencia Ciudadana, dirigido por el asambleísta Rafael Dávila, que no es un ex socialcristiano, sino un antiguo diputado demócrata cristiano de la DP electo junto a Mahuad en 1998.

Los acercamientos con algunos desertores ideológicos de la izquierda (un sector de la Izquierda Democrática, con Andrés Páez y Henry Llanes a la cabeza, y Auki Tituaña de Pachakutik, que prefieren aliarse con la derecha que con Alberto Acosta y la Unidad Plurinacional) le dan a la candidatura de Lasso una falsa pátina de consenso interpartidista que supera las diferencias ideológicas. En realidad, Lasso representa al viejo fondo socialcristiano que se niega a morir.

En suma, por más que Lasso se esfuerce por encarnar una renovación política, en la práctica es simplemente el representante de la derecha tradicional, no sólo por sus convicciones más profundas (cf. I) o por las personas que frecuenta (cf. II), sino también por las prácticas políticas que han caracterizado su campaña.

III) Nuevos rostros, viejas prácticas

A pesar de su discurso presuntamente renovador, Guillermo Lasso no hace sino reproducir varias de las viejas prácticas políticas tan desacreditadas de los últimos treinta años de democracia.

En primer lugar, no se puede negar el aspecto puramente personalista del proyecto de CREO. No es un movimiento serio que se funde sobre la voluntad de ofrecerle una alternativa real al país. Como tantos otros, se creó con la simple finalidad de permitir una candidatura presidencial, en este caso, la de Lasso. En ese sentido, CREO es igual que el PRE de Abdalá Busaram, el PRIAN de Álvaro Noboa, PAÍS de Rafael Correa, EQUIPO de Fabricio Correa, SUMA de Mauricio Rodas, partidos que se fundaron para auspiciar una candidatura presidencial y cuyo proyecto empieza y termina con su respectivo líder. El procedimiento debe ser inverso: crear un movimiento, dotarlo de sólidos principios ideológicos, darle organicidad y luego reflexionar sobre las candidaturas. Ese es el camino que ha seguido Ruptura. Ese es el camino que siguieron los demás partidos de izquierda cuando decidieron formar la Unidad Plurinacional.

La candidatura de Lasso recuerda el sistema político anterior a la Constitución de Montecristi, cuando era candidato, y presidente, el que más dinero tenía, porque era el que más pautas publicitarias podía comprar en los medios. Según la Constitución, la campaña debe ahora financiarse con fondos públicos equitativamente repartidos, para que todos los candidatos estén en igualdad de condiciones y no sea el tamaño de sus billeteras lo que determine el resultado. En la práctica no es así, porque no existe regulación que limite el dinero que se gasta en precampaña. Guillermo Lasso se queja del uso de fondos públicos por parte del presidente para promocionar su imagen, pero él ya ha gastado unos 5 millones de dólares en precampaña, ¡más incluso que Correa! No se escatiman recursos para promocionar la imagen del banquero, pero CREO es incapaz de pagar a los encuestadores que contrató [3]. Lasso usó ingentes sumas de dinero sólo para promocionar su libro, Otro Ecuador es posible, comprando incluso anuncios gigantes en formato A1 en algunos periódicos.




No se puede justificar una campaña millonaria de esta índole aduciendo que sólo se busca promocionar un libro o dar a conocer su nombre. Es evidente que hay una clara intención política detrás: ganar terreno haciendo una costosa precampaña que recurra a una pulida estrategia de marketing. Lasso quiere aparacer como el candidato de la moderación, la tolerancia y la apertura, el defensor de las libertades y el promotor del desarrollo. Lo demuestra el título de su libro, Otro Ecuador es posible. Se retoma el lema de los movimientos altermundialistas, que se encuentran a las antípodas ideológicas de Lasso y que creen que "otro mundo es posible". Una manera más de confundir al elector intentando hacerle olvidar su pertenencia a la derecha. Finalmente, si Correa tiene el Estado, pues Lasso tiene un poderoso banco, Noboa tiene una bananera, Avanza tiene el IESS; mientras que Ruptura o la Coordinadora de Izquierdas disponen de escasos recursos y hacen política seria, una política de ideas.

Por otro lado, Lasso recurre a ofrecimientos populistas que no se basan en ningún sustento técnico sino en su popularidad. Entre las perlas está, por supuesto, la propuesta de aumentar el bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares, medida que se financiaría con el dinero que el gobierno actual gasta en propaganda. "Ni más ni menos, Lasso aplicó el peor recetario de los políticos tradicionales cada vez más aborrecidos, precisamente por sus prácticas clientelares: ofreció el cielo en cómodas cuotas mensuales pagaderas con fondos de los contribuyentes" [3]. Para un banquero neoliberal que durante años fue acerbo crítico de cualquier tipo de subsidio, es bastante curioso. La respuesta del presidente no se hizo esperar. Reaccionó declarando que el aumento se lo haría antes de las elecciones, pero se lo financiaría con las utilidades de la banca, que rompieron récords el año pasado. Cada uno apuntó su golpe a uno de los aspectos más polémicos del otro candidato (el excesivo gasto publicitario del presidente, la pertenencia de Lasso al sector bancario). Luego, Lucio Gutiérrez señaló que ambos le habían robado su idea y que él pretendía aumentar el bono a 80 dólares. Acto seguido, el PRE también anunció lo propio. ¿Quién da más? ¿Y por qué 50 dólares para los unos, 80 para los otros? ¿Por qué no 45, 60 o 100? Ninguno de los candidatos justificó su propuesta con alguna razón técnica para determinar el nivel al que era necesario aumentar el bono. Se trata simplemente de una manera de granjearse vilmente el apoyo de las clases populares que dependen de este programa de transferencia de efectivo. Y Lasso fue el que abrió el baratillo de ofertas. Nunca se le oyó, además, darle un sentido más incitativo al bono, contrariamente a Alberto Acosta, quien propuso transformarlo en una ayuda para proyectos productivos comunitarios. Señaló igualmente que se debía condicionar su entrega a la compra de productos de primera necesidad en los almacenes populares donde se vendan los artículos de los pequeños productores locales, en vez de que sirva para adquirir artículos importados.

Otra de las viejas prácticas políticas más cuestionables son los intentos por dividir al movimiento indígena, que ha sido, en las últimas dos décadas, el principal obstáculo a la aplicación del ajuste neoliberal en el país. Los gobiernos de turno han hecho lo posible por debilitar a su principal expresión, la CONAIE y Pachakutik, ofreciendo puestos a sus principales dirigentes. Cuando Pachakutik dejó el gobierno de Lucio Gutiérrez, este procedió a nombrar al ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, ministro de bienestar social. Por su lado, Correa reforzó su alianza con Mariano Curicama en Chimborazo a pesar de la ruptura con Pachakutik y nombró a Ricardo Ulcuango embajador en Bolivia. Lasso no se quedó atrás y nombró a Auki Tituaña, ex alcalde de Cotacachi, como su compañero de fórmula.



La aceptación de Tituaña no debe sorprender. Desde hace algún tiempo venía considerando que el movimiento indígena, con tal de hacerle frente al gobierno de Correa, debía acercarse a la derecha neoliberal, su adversario ideológico natural, encarnada en la persona de Jaime Nebot, y a la élite empresarial guayaquileña, representada por Joyce de Ginatta. Sin embargo, lo que llama la atención es la amplitud de su traición y de su doble discurso: mientras estaba en negociaciones secretas con Lasso, invitaba a Alberto Acosta a un recorrido por Atuntaqui y Cotacachi y estaba en conversaciones para presidir la lista de candidatos a la Asamblea Nacional de la Unidad Plurinacional en Imbabura. Tituaña finalmente renunció a presentarse como binomio de Lasso. La lección que nos deja este episodio es que las dádivas de la derecha a algunos dirigentes indígenas y la ambición personal de estos son una triste combinación (cabe especial mención para el caso de Lourdes Tibán, que independientemente de las críticas que se pueda formular contra ella, rechazó ser el binomio de Álvaro Noboa).


En pocas palabras, a pesar del discurso sobre la renovación, las libertades, el desarrollo, Lasso representa a la derecha rancia del país que, en un momento de continua debilidad desde que Correa llegó al poder, busca nuevas estrategias para volver al primer plano, renovando su imagen para deshacerse de los viejos estigmas que arrastra, pero con los mismos personajes y las mismas ideas. La derecha encontró en Lasso a su testaferro ideal: una figura presuntamente nueva en el ámbito político, capaz de estimular la novelería del electorado, para defender sus ideas trasnochadas. En suma, Lasso es un hombre peligroso que no debe ser subestimado: es el nuevo avatar de lo que queda del sistema patrimonial/gremialista de Antiguo Régimen que procesos históricos como la gesta independentista, la Revolución liberal, la Revolución juliana y, en sus inicios, la Revolución ciudadana fueron progresivamente desmantelando.


P.D.: Por último, y para aligerar el tono, les recomiendo esta cuenta de Twitter si es que prefieren reír antes que llorar: @CholassoGuille, https://twitter.com/CholassoGuille.







[1] Sobre el caso del Banco Continental, ver: Hernán Ramos, “Por los laberintos del banquero Guillermo Lasso, I”, blog del autor: Rienda suelta. Apuntes de Hernán Ramos, 28 de septiembre de 2012, http://ramoshernan.blogspot.fr/2012/09/por-los-laberintos-del-banquero.html
[2] Verónica Potes, “Carta abierta al candidato Lasso”, Gkillcity, 21 de octubre de 2012, http://www.gkillcity.com/index.php/el-chongo/1096-carta-abierta-al-candidato-lasso
[3] "Encuastadores reclaman pago de quincena a dirigentes del movmiento CREO", Radio Tarqui, 22 de noviembre de 2012,
http://www.radiotarqui.com.ec/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=10300
[4] Hernán Ramos, “Guillermo Lasso fue por lana, los banqueros salieron trasquilados”, Rienda suelta. Apuntes de Hernán Ramos, 21 de noviembre de 2012,
http://ramoshernan.blogspot.fr/2012/11/guillermo-lasso-fue-por-lana-los.html?spref=tw

sábado, 10 de noviembre de 2012

La "rainbow nation" vs. el patriarcado blanco heterosexual: las evoluciones sociales y demográficas juegan a favor de la coalición demócrata.


El presente artículo no tiene por objeto defender las propuestas del partido demócrata, ni evaluar el magro desempeño de Barack Obama en algunos ámbitos en los últimos cuatro años, ni señalar las promesas de campaña de 2008 abandonadas a medio camino, sino procurar entender la composición del electorado demócrata que le garantizó a Obama la reelección. Lo que salta a la vista al analizar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado martes es la diversidad del electorado demócrata y la relativa uniformidad del electorado republicano.

Una alianza intergeneracional
El presidente obtuvo uno de sus mejores resultados entre los jóvenes. Los menores de 30 años le otorgaron 60% de sus votos, casi diez puntos más que su promedio nacional. Por el contrario, Mitt Romney obtuvo su votación más alta entre los mayores de 65 años, con el 56% de los votos, resultado que da la imagen de un partido arcaico, enquistado en el pasado. Esta elección acentuó la fractura política entre, por un lado, los millennials, las generaciones que empezaron a llegar a los 18 años a partir de 2000, y por otro, los baby-boomers y las generaciones más ancianas. El electorado joven es más urbano, más abierto, más sensible a los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, a las temáticas ecologistas y al modelo multicultural, temáticas por las que el partido republicano jamás ha mostrado el más mínimo interés. Los jóvenes son también más diversos y menos blancos (el peso de las minorías étnicas, ampliamente favorables a los demócratas, es mayor que en el resto de la población, cf. infra), mientras que la generación del baby-boom y la generación anterior son en cambio más uniformemente blancas y tienen una visión más tradicional del país.

Una alianza de género
Obama perdió entre los hombres, pero ganó de largo entre las mujeres, sector mayoritario del electorado (53% de los votantes), con una ventaja de 11 puntos frente a Romney. Es lo que señalaban las encuestas, a pesar de que algunas parecían indicar en las últimas semanas que tal vez Romney podía cerrar la brecha. El resultado no debe sorprender. El partido republicano adoptó una posición radical en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto se cristalizó en la convención del partido republicano en Tampa, cuando se decidió impulsar una reforma constitucional para prohibir el aborto en todos los casos, sin excepción, anulando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Roe vs. Wade de 1973 (sentencia por la cual se obligó a todos los estados de la Unión que aún no lo habían hecho a despenalizar el aborto en todos los casos). Romney incluso dijo que estaría encantado de firmar una ley que dejara sin efecto dicha sentencia.

En las últimas semanas de campaña, al ver el persistente retraso que acumulaba entre las mujeres, Romney intentó moderar su discurso diciendo que en realidad no quería criminalizar el aborto en los casos más graves (violación, incesto, peligro para la vida de la madre). Esta declaración no surtió ningún efecto positivo: el mal ya estaba hecho y además sus vaivenes programáticos mermaron su credibilidad. Por lo demás, mientras se esforzaba por ocultar su hostilidad hacia las mujeres, candidatos republicanos al senado aupados por el Tea Party hicieron declaraciones que encerraron al partido republicano en la imagen de un partido machista y enemigo de los derechos de las mujeres: Todd Akin, en Missouri, dijo que existían “violaciones legítimas”, y Richard Mourdock en Indiana explicaba que los embarazos frutos de una violación eran “la voluntad de Dios”. Ambos perdieron frente a sus rivales demócratas por un margen superior a 15 puntos para el primero y a 5 puntos para el segundo.

En este contexto, era lógico que Obama, en una campaña en la que insistió sobre el fomento a las oportunidades económicas para las mujeres, el acceso de estas al sistema de salud y la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, consolidara su ventaja entre las mujeres, que le otorgaron su voto en un 55%. Los resultados entre las mujeres jóvenes, las universitarias, y las mujeres no casadas fue aún mayor: dos tercios de este grupo apoyó al presidente.

Obama también logró sus mejores resultados en la comunidad LGBT, donde obtuvo las tres cuartas partes de los votos. Se trata de un fragmento importante del electorado (5% de los votos), sobre todo en una elección tan reñida. El respaldo que Obama dio al matrimonio igualitario en mayo y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT que asumió el partido demócrata, que presentó además varios candidatos homosexuales a la Cámara de Representantes y al Senado, crearon las condiciones para una amplísima victoria del presidente entre las minorías sexuales, frente al discurso homofóbico de los republicanos.

Una alianza multiétnica
Pero el triunfo del presidente fue contundente no sólo en las minorías sexuales, sino también en las minorías étnicas. Obama perdió entre los blancos, pero es un sector del electorado que ha retrocedido (del 74 al 72% del total de votantes), mientras obtuvo una clamorosa victoria en las minorías étnicas (más del 80% de los votos), un fragmento del electorado en plena expansión.

Obama retrocedió en los dos grupos en los que había obtenido sus mejores resultados en el electorado blanco en 2008: los blancos con educación universitaria y los blue collar workers blancos (básicamente trabajadores de la industria). Sin embargo, el presidente obtuvo suficientes votos en estos sectores para ganar, sobre todo en los swing states donde el peso demográfico de las minorías étnicas es anécdótico, como Virginia y Ohio. Este último ejemplo es emblemático. En este estado, la campaña de Obama insistió sobre el rescate que su gobierno ofreció al sector automotriz para salvarlo de la crisis, un sector clave en la economía de varios estados del Midwest, como  Michigan, Illinois y Ohio. Por el contrario, en su momento, Romney se opuso al plan y llegó a decir que prefería dejar quebrar a Detroit. Su oposición no se debía a su filosofía económica (dejar que quiebren las empresas ineficientes), sino a su hostilidad congénita a cualquier atisbo de organización laboral: no más industria automotriz en el Midwest, no más mano de obra organizada en poderosos sindicatos. Su posición, empero, le costó caro. Concretamente, le costó el estado de Ohio. Obama aprovechó al máximo su diferencia con Romney en este terreno, y su campaña en ese sentido le aseguró la victoria en este codiciado estado.

Sin embargo, a nivel nacional, Romney ganó entre los blancos, pero existe un desequilibrio regional que permite precisar este resultado. Obama se mantiene en un nivel más que aceptable entre los blancos que no son del Deep South (47%), pero queda lejos detrás de su contrincante entre los blancos sureños, con un magro 27% (¡veinte puntos menos que su promedio en el resto del país!). En otras palabras, la debilidad del partido demócrata no son los blancos, son, antes que nada, los blancos del Sur.

Desde que los demócratas salieron en defensa de la lucha por los derechos cívicos de los afroamericanos en los años 60, los republicanos han explotado el miedo hacia los afros de los electores blancos conservadores del sur para ganar votos. Lamentablemente para ellos, el voto blanco ya no basta para llegar a la Casa Blanca. El discurso racista de los republicanos, especialmente en el sur, ha causado enorme resentimiento entre los electores afroamericanos, que desde hace décadas votan masivamente por los demócratas. En esta elección, Obama obtuvo el respaldo de 93% de los afros, que representan el 13% del electorado, es decir la principal minoría entre los electores (aunque sean la segunda del punto de vista demográfico, detrás de los latinos, que tienen mayor tendencia a la abstención). Obama perdió en el Deep South, pero arrasó con todo en los condados rurales de las orillas del Mississippi, donde hay una gran presencia afro. Ganó además en ciudades con una importante población negra como Saint-Louis, Nueva Orleans o Chicago.

La comunidad hispana es la minoría de crecimiento más rápido en Estados Unidos y llegó a representar el 10% del electorado en las elecciones del martes, un récord en la historia del país. La identificación del electorado hispano con el partido demócrata se ha acentuado en los últimos treinta años, a pesar de la reforma migratoria muy liberal que aprobó Reagan en 1986 y que permitió la legalización de millones de inmigrantes latinoamericanos. Pero esta tendencia se ha acelerado desde la presidencia de George W. Bush, quien espantó a los latinos con sus restrictivas políticas migratorias. A esto se añadió la infame ley migratoria de Arizona, adoptada en el 2010. La campaña de Romney profundizó el divorcio entre los republicanos y el electorado latino. Romney dijo que la ley de Arizona era un ejemplo para todo el país y recomendó a los inmigrantes clandestinos auto-deportarse. Por supuesto, los electores latinos son ciudadanos estadounidenses y, por ende, no inmigrantes indocumentados, pero perciben el discurso republicano contra la inmigración como un ataque hacia toda la comunidad hispana. Muchos son, además, hijos de inmigrantes clandestinos, especialmente los electores más jóvenes, o tienen familiares y amigos, o por lo menos parientes de parientes y amigos de amigos, que se encuentran en situación irregular. En este contexto, Obama logró 71% de los votos hispanos, resultado superior incluso al de 2008. El apoyo latino fue decisivo para ganar en estados como Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida.

La exacerbación del subconsciente racista de una parte de los Estados Unidos por parte del partido republicano llevó a la minoría asiática a apoyar con amplísimo margen al presidente, con el 73% de los votos. Obama también fue respaldado con el 58% de los votos de los judíos, un excelente resultado, a pesar de que representa un retroceso de diez puntos en relación a 2008 y a pesar de las crecientes fricciones entre Obama y Netanyahu. La comunidad judía representa un electorado más urbano y más cosmopolita que la media, y por lo tanto más favorable al partido demócrata.

Si se suman los excelentes resultados del presidente entre los afros, los latinos y los asiáticos, se descubre que un poco menos de la mitad de los electores de Obama, un 42%, pertenecen a las minorías étnicas, que representan, en cambio, un fragmento residual del electorado republicano.

Características transversales de la coalición
Obama ganó de largo también el electorado urbano (62%), donde justamente se concentran los jóvenes, las minorías sexuales y las minorías étnicas. Su victoria en varios swing states como Ohio, Colorado y Florida, se debe a los excelentes resultados que obtuvo en las grandes ciudades (Cincinnati y Cleveland en Ohio; Denver en Colorado; Orlando, Tampa, y sobre todo Fort Lauderdale y Miami en Florida). Incluso en los estados en los que perdió, ganó en las grandes ciudades. En Texas, por ejemplo, se impuso con dificultad en Houston, pero con un margen más importante en Dallas, Austin, San Antonio y El Paso. Los resultados obtenidos por Obama en algunas ciudades parecen genuinamente soviéticos: 74% en Denver y en Chicago, 83% en el centro de Saint Louis, 83% en San Francisco, 85% en Philadelphia y 91% en Washington D.C.

Obama también ganó en las clases más desfavorecidas, donde las minorías étnicas están sobrerepresentadas, que se beneficiaron del Obamacare y consideraban injusta la propuesta de los republicanos de bajar aún más los impuestos de los más ricos. En este sector entran además los blue collar workers, muchos de los cuales lograron mantener su puesto de trabajo gracias al salvataje de la industria automotriz auspiciado por Obama (cf. supra). El presidente ganó entre las familias en las que por lo menos un miembro pertenece a un sindicato, frente al discurso republicano hostil a cualquier atisbo de organización laboral, la negociación colectiva, los funcionarios y los servicios públicos (recordemos la polémica ley por la que Scott Walker, gobernador republicano de Wisconsin, restringió drásticamente las posibilidades de negociación colectiva de los empleados públicos en 2011).

A pesar de las profundas decepciones que representó para todos estos sectores la primera presidencia de Obama, arriesgarse a llevar a Romney al poder era suicida. Obama debe entonces su victoria a los jóvenes, las mujeres, las minorías sexuales y las minorías étnicas, una variopinta alianza intergeneracional, de género y multiétnica que recuerda a la rainbow nation de Sudáfrica. No existe, por lo tanto, un elector arquetípico de Obama.

Conclusión
Un resultado final tan apretado ha llevado a algunos republicanos a pensar que la derrota se debe a detalles coyunturales (la eficiencia de la propaganda de Obama a la que la propaganda republicana no logró responder de manera adecuada, un candidato mediocre, la actuación del presidente en el huracán Sandy, que opacó la campaña de Romney, alguna declaración desafortunada del candidato presidencial o de los candidatos al senado por el partido republicano, etc.). Pero la explicación de la derrota responde a causas estructurales que revelan la incapacidad del partido republicano para entender a la sociedad estadounidense moderna. Nunca el partido republicano pareció estar tan lejos de las mujeres, los jóvenes, las minorías sexuales y étnicas, los más pobres, en pocas palabras, de los tradicionalmente excluidos por el patriarcado blanco, de quien el partido republicano parece ser hoy el mayor adalid. La estrategia republicana que consistía en buscar a toda costa el voto blanco, sin preocuparse de los demás sectores del país, o incluso estigmatizándolos, está a todas luces en completo desfase con las evoluciones demográficas de los Estados Unidos. Si Obama no tiene un elector arquetípico, Romney sí lo tiene: es un hombre blanco heterosexual casado, maduro o mayor de 65 años, muy religioso, de preferencia evangélico, solvente del punto de vista financiero, que vive en los suburbios residenciales de las grandes ciudades o en zonas rurales.

El castigo electoral fue particularmente severo para los representantes del Tea Party: a las derrotas anteriormente mencionadas de Richard Mourdock y Todd Akin en dos estados conservadores donde la elección parecía jugada de antemano, se suman la de Scott Brown (senador de Massachussetts electo en 2010 con el apoyo del Tea Party, aunque luego moderó su discurso) y las de Allen West en Florida y Joe Walsh en Illinois (que habrán servido como representantes por un breve periodo de dos años). En cuanto a Michele Bachmann, miembro emblemático del Tea Party, fundadora del Tea Party Caucus en la Cámara de representantes, precandidata presidencial en las primarias republicanas de este año, conservó su escaño tras una agónica victoria en su circunscripción de Minnesota.

Por el contrario, el partido demócrata nunca pareció estar tan acorde con la sociedad estadounidense. Por primera vez, en la bancada demócrata de la Cámara de representantes, los hombres blancos serán minoritarios (47%). La mayoría serán mujeres, entre las cuales hay dos budistas (las primeras en la historia de la Cámara), miembros de las minorías étnicas y unos cinco homosexuales. Los resultados para el Senado también son alentadores. De los nuevos senadores demócratas, la mayoría son mujeres. De estas, cuatro se convirtieron en las primeras senadoras de sus respectivos estados (Hawai, Wisconsin, Dakota del Norte y Massachussets). Las victorias demócratas más simbólicas en el Senado son la de Mazie Hirono en Hawai, primera asiática en llegar al Senado, la de Tammy Baldwin en Wisconsin, primera senadora lesbiana, y la clamorosa victoria de Elizabeth Warren en Massachusetts, abogada feminista y progresista, profesora de Harvard, enemiga declarada de Wall Street, y una de las nuevas estrellas del partido demócrata y la izquierda estadounidense.

En suma, la victoria de Obama no es el resultado de la multiplicación de promesas sectoriales para satisfacer a los diferentes fragmentos de su electorado, sino de un discurso unitario pero respetuoso de la diversidad en el que los diferentes componentes de la sociedad estadounidense pueden reconocerse. Esta estrategia y las evoluciones demográficas del país favorecerán al partido demócrata en los próximos años. De hecho, ya lo están haciendo: el partido demócrata ha ganado 5 de las 6 últimas elecciones presidenciales (incluso la de 2000, cuando Al Gore ganó la votación popular, pero Bush obtuvo mayoría en el colegio electoral). Hay 18 estados en los que los demócratas han ganado en todas las elecciones desde 1992 (junto con el distrito de Columbia), y suman 242 grandes electores de los 270 necesarios para obtener la presidencia. Para conseguir los 28 restantes bastan apenas unos cuantos swing states (sólo Florida tiene 29). Los riesgos no son inexistentes, empero: algunos elementos de esta coalición tienen más tendencia a abstenerse, sobre todo en elecciones intermedias, como los latinos o los jóvenes. Sin embargo, las estructuras sociales estadounidenses parecen estar del lado demócrata a mediano y tal vez largo plazo, mientras el partido republicano no modere sus posturas políticas para mejorar sus resultados en los segmentos del electorado que le son esquivos. En cada elección, ingresan al electorado millones de electores de 18 a 22 años, en gran mayoría demócratas. Del mismo modo, se prevé que el peso de las minorías étnicas siga creciendo, de 28% del electorado este año a probablemente 31% en 2016 y tal vez 34% en 2020. Más allá de las decepciones que pueda causar la primera presidencia de Obama, su reelección, a más de ser un alivio, sacudió las bases del patriarcado blanco heterosexista como nunca antes.